El Acuerdo de Escazú reconoce la importancia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente y obliga a los Estados a garantizar su protección. En la foto, Danelly Estupiñán, defensora de los derechos de comunidades afro, de Colombia, quien tuvo que abandonar su hogar después recibir amenazas y hostigamiento. Foto: Duncan Tucker/Amnesty International.
Por Graciela Martínez
La crisis sanitaria mundial que ha marcado el 2020 no ha interrumpido otra de las pandemias que acucia a América Latina y el Caribe: la de los asesinatos y ataques a personas defensoras del medio ambiente. A pesar de que el COVID-19 ha eclipsado el impulso de jóvenes activistas de todo el planeta frente a la emergencia climática que marcó el 2019, su esfuerzo, aunado al de organizaciones y coaliciones de toda la región, ha tenido un resultado positivo este año tan complicado que termina: más de 11 países han aprobado la ratificación el Acuerdo de Escazú y, por tanto, entrará finalmente en vigor. Eso sí, aún falta que se sumen efectivamente los otros 21 países de la región. Representantes de la ONU han señalado que la pandemia debe considerarse un llamado de atención para repensar nuestra relación con el medio ambiente, y no una excusa para dejar de avanzar en la protección de nuestro planeta. Por ello, el Acuerdo de Escazú es más importante que nunca.
En marzo 2018, gobiernos en América Latina y el Caribe acordaron el primer tratado vinculante en la región para proteger el derecho de las personas y colectivos al acceso a la información pública, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Costa Rica y Chile fueron los países que lideraron el proceso de negociación previo a la adopción. Sin embargo, el primero está aún en proceso de ratificarlo, está en manos de la Asamblea Legislativa, y el segundo ni siquiera lo ha firmado. La ausencia de Chile es especialmente sorprendente y contradictorio, ya que el país ha encabezado espacios internacionales sobre la protección del medio ambiente como la presidencia de la COP25.
El Acuerdo de Escazú es innovador, entre otras cuestiones, porque se trata del primer instrumento vinculante de este tipo en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras del medio ambiente. El tratado reconoce la importancia de su trabajo y obliga a los Estados a garantizar su protección, estableciendo lineamientos para que tomen medidas adecuadas y efectivas para que puedan actuar sin riesgos.
Estas disposiciones responden al clima hostil que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe. Colombia, Brasil, México, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más peligrosos para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente del mundo, según el último informe de la organización internacional Global Witness. Coincide que casi ninguno de estos países ha ratificado aún el Acuerdo de Escazú (el Senado mexicano hace apenas un mes aprobó la ratificación). Es más, Honduras, que tiene las cifras más altas de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente per cápita, de acuerdo con este mismo informe, ni siquiera lo ha firmado.
Otros de los grandes países ausentes de la ratificación y en donde hemos documentado ataques en contra de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en los últimos años son Perú y Paraguay.
Hay varios rostros más o menos conocidos que ilustran este contexto y sobre los que hemos estado trabajando en los últimos años. La defensora indígena Lenca Berta Cáceres fue asesinada en Honduras en 2016 a raíz de su oposición al proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH). O el defensor indígena Rarámuri Julián Carrillo, asesinado hace dos años en la Sierra Tarahumara, al norte de México, después de manifestar su oposición a una concesión minera en territorio de su comunidad por los impactos sociales y ambientales. Sus familias siguen buscando justicia.
Hay quienes siguen vivos, pero están en la cárcel o se ven obligados a desplazarse. En Guatemala, Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya q’eqchi’ y preso de conciencia, lleva más de dos años en prisión de forma injusta por defender los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón. Danelly Estupiñán, defensora de los derechos de comunidades afro, de Colombia, tuvo que dejar su hogar después recibir amenazas y hostigamiento.
Casi todas estas personas han tenido algún esquema de protección en sus respectivos países, pero este no ha respondido a las causas estructurales de la violencia que enfrentan. Coincide también que todas ellas provienen de realidades culturales diferentes, que representan la diversidad latinoamericana y caribeña. El Acuerdo de Escazú reconoce precisamente esa diversidad, y aunque no mencione explícitamente el derecho a una consulta previa, libre e informada, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos instrumentos son claramente complementarios.
Este punto es realmente importante, porque detrás de muchos de los conflictos socioambientales está la falta de información e inclusión de las personas afectadas en el proceso de toma de decisiones y de mecanismos efectivos de acceso a la justicia. Y esto es más evidente en el caso de los pueblos indígenas y tribales, cuya exclusión es histórica. El derecho a tener acceso a la información en asuntos ambientales, clave en el Acuerdo de Escazú, es parte del consentimiento informado de los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, la participación efectiva a través de representaciones legítimas e incorporando y facilitando los métodos de toma de decisiones tradicionales.
De los 33 países de la región, 24 ya han firmado el Acuerdo de Escazú y 12 lo han ratificado. Argentina y México aún tienen pendiente depositar el instrumento ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para que sea oficial. Una vez uno de ellos lo haga, pasados 90 días, el tratado entrará en vigor. Los países que no lo han ratificado todavía pueden continuar con el proceso. El período para depositar la firma cerró el pasado 26 de septiembre, por lo que los 9 países que no lo han firmado pueden ahora adherirse al instrumento.
Queda aún mucho camino por recorrer, sin contar con todo lo que implicará la implementación del Acuerdo de Escazú en cada país. Pero hoy, en el 22º aniversario de la Declaración sobre defensores, cuando se conmemora el día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, América Latina y el Caribe puede celebrar que este año ha dado un paso histórico y, si no hay sobresaltos, pronto tendrá por fin un instrumento que responde a otra de las pandemias de la región.
Graciela Martínez es la encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional
