Amnistía Internacional
- abril 2, 2021
- Por Amnistía Internacional
La defensa de los Derechos Humanos está en riesgo. Las autoridades de todo el mundo siguen el mismo método violento para silenciar las críticas. Es necesario combatir la creciente reacción contra periodistas, abogadas, abogados, activistas y organizaciones de todo el mundo que trabajan para defender y promover los Derechos Humanos.
Durante 2020, la oficina de Amnistía Internacional en India se vio obligada a interrumpir su trabajo ya que las autoridades congelaron sus cuentas bancarias tras una serie de redadas y una campaña de desprestigio de gran repercusión. Amnistía Internacional Nigeria sigue enfrentándose a amenazas de violencia por su trabajo de Derechos Humanos. En 2017, destacados miembros de Amnistía Internacional Turquía fueron encarcelados bajo cargos espurios de “terrorismo”.
“No es nada nuevo que se nos estigmatice y se nos ataque por denunciar las violaciones de Derechos Humanos y por hablar contra los abusos de poder. Pero la magnitud del ataque actual es nueva y gravemente preocupante. Amnistía Internacional está codo a codo con una comunidad de ONGs y defensores de los Derechos Humanos de todo el mundo, muchos de los cuales se enfrentan a graves riesgos sin una protección adecuada y a menudo con poca visibilidad”
Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.
Pareciera que los gobiernos de todo el mundo siguen el mismo manual de tácticas para silenciar las críticas que reciben y pisotear los Derechos Humanos. Algunas de estas son la vigilancia intrusiva, el acoso judicial mediante el uso indebido de leyes mal definidas, las redadas y la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y el uso de legislación abusiva.
Tan solo durante 2020 pudimos ver que:
- El presidente filipino Duterte promulgó la Ley Antiterrorista, que otorga al gobierno amplios poderes sin control para calificar a activistas y críticxs como terroristas y perseguirlos.
- El presidente brasileño Bolsonaro puso en práctica una agresiva retórica contra los Derechos Humanos a través de medidas administrativas y legislativas con numerosos intentos de restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
- El parlamento turco aprobó a toda prisa una nueva legislación, aparentemente para evitar la proliferación de la financiación de armas de destrucción masiva, pero en realidad con enormes implicaciones para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y su capacidad de recaudar fondos.
- En Hungría, utilizando la pandemia de la COVID-19 como excusa para adoptar nuevas leyes restrictivas, el gobierno del primer ministro Viktor Orban modificó el Código Penal del país, introduciendo nuevas disposiciones que amenazan a los periodistas y a otras personas con penas de prisión de hasta cinco años por “difundir información falsa” sobre la COVID-19.
- En Estados Unidos, el ex presidente Trump presidió una administración que atacó a los defensores de los Derechos Humanos de las personas migrantes con acoso judicial, reprimió violentamente la libertad de reunión pacífica y se desvinculó de las instituciones internacionales de derechos humanos, incluso renunciando a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“…Tiempos sin precedentes exigen soluciones sin precedentes. Debemos unirnos para afrontar esta enorme tarea de hacer que los líderes rindan cuentas en todo el mundo. En pocas palabras, tenemos que movilizar más apoyo y recursos para que nuestro trabajo en materia de Derechos Humanos pueda estar a la altura del desafío actual”
Julie Verhaar.
Para contrarrestar la repercusión de estas tácticas, Amnistía Internacional creó el Fondo Global de Emergencia. Con él se proporciona ayuda financiera específica a las personas que están en primera línea de defensa de los Derechos Humanos y que más lo necesitan.
La capacidad de Amnistía Internacional de resistir estos ataques y continuar este trabajo vital e independiente para proteger los derechos humanos -incluido el apoyo a defensoras y defensores en peligro- depende del apoyo y las donaciones voluntarias de personas de todo el mundo que comparten la visión de un mundo en el que todas y todos disfruten de los Derechos Humanos.
Entre los diversos tipos de apoyo que se dan tanto en situaciones críticas como a más largo plazo, se encuentran: la reubicación urgente de personas y familias en riesgo de sufrir violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado, así como de actores no estatales; la prestación de asistencia jurídica; la rehabilitación médica y la asistencia a defensores y defensoras de Derechos Humanos que carecen de recursos para viajar a talleres importantes para entablar un diálogo crítico y desarrollar sus capacidades.
Durante 2020, el Fondo Global de Emergencia de Amnistía gastó aproximadamente 25 millones de pesos en 3,000 personas de 60 países. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de las y los donantes y membresía de todas las partes del mundo que comparten nuestra visión. Es gracias a su apoyo que Amnistía Internacional puede seguir trabajando.
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