Preguntas clave para entender la desaparición forzada

¿Qué se entiende por desaparición forzada? ¿Qué derechos viola? ¿Qué impacto tiene en las personas y en las sociedades? ¿Es un delito de derecho internacional? ¿Cómo deben combatirla los Estados? En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, te respondemos a estas y otras preguntas clave.

¿En qué consiste el delito de desaparición forzada?

Una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno. Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a desvelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. A consecuencia de esta conducta, la persona desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto, a su vez, la deja expuesta a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el asesinato.

Un familiar de una persona desaparecida sostiene un marco para ser fotografiada en una manifestación para exigir justicia durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto de 2015 en Ciudad de México. © REUTERS/Edgard Garrido

¿Qué derechos viola el delito de desaparición forzada?

La desaparición forzada constituye una violación acumulativa de derechos humanos. Ello se debe a que puede infligir una amplia diversidad de violaciones de derechos humanos, incluida la violación de:

• el derecho a la vida: porque la persona puede ser asesinada o su suerte desconocerse;
• el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;
• el derecho a no sufrir detención arbitraria;
• el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
• el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;
• el derecho a la personalidad jurídica;
• el derecho a un juicio justo;
• el derecho a la vida familiar.

La desaparición forzada constituye un abuso especialmente cruel contra los derechos humanos, ya que da lugar a una violación continuada en tanto que la suerte o el paradero de la víctima no se han determinado. Además, constituye también una violación de los derechos de las familias y los seres queridos de la víctima, que a menudo tienen que esperar años para averiguar la verdad sobre la suerte corrida por la persona desaparecida.

Familiares de personas desaparecidas se abrazan durante una manifestación para exigir justicia, México, 6 de diciembre de 2019. © REUTERS/Edgard Garrido

¿Qué impacto tiene en las sociedades y en las personas el delito de desaparición?

La desaparición forzada de una persona tiene un efecto enorme en la vida de sus seres queridos y en su comunidad.

Las familias a menudo son emocionalmente incapaces de pasar página y aceptar la desaparición de sus seres queridos. Muchos familiares sufren una fuerte angustia psicológica, que en ocasiones da lugar también a enfermedades físicas. Los niños no son inmunes a esa angustia: la desaparición de un padre o madre, un hermano o hermana u otros miembros de la familia con frecuencia perjudica su rendimiento escolar y su conducta social.

Además, las familias a menudo afrontan enormes consecuencias económicas, especialmente cuando la víctima era el principal sustento de la familia. Incluso cuando no lo es, muchas familias se encuentran en situaciones económicas apuradas durante la búsqueda.

El aislamiento social y cultural al que se enfrentan las familias queda con frecuencia sin documentar. Por ejemplo, mientras que, en ciertas culturas, las viudas cuentan con un sistema de apoyo bien establecido en las comunidades, las esposas de las víctimas de desaparición permanecen en ocasiones en un limbo.

Un familiar de una persona desaparecida asiste a un evento en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Bogotá, Colombia, el 30 de agosto de 2019. © REUTERS/Luisa González

¿Constituye la desaparición forzada un delito de derecho internacional?

Sí, la desaparición forzada es un delito de derecho internacional por el cual los Estados están obligados a hacer rendir cuentas a los responsables mediante la investigación criminal y el procesamiento. Esto se aplica incluso si el delito se ha cometido en el extranjero y aunque el sospechoso o víctima no sean nacionales de ese Estado. Además, constituye un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

¿Qué es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas? 

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU). El texto fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 (A/RES/61/177), y se abrió para su firma el 6 de febrero de 2007. Entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. 

La Convención proporciona una definición del delito de desaparición forzada, y establece las acciones que deben emprender los Estados para prevenirlo, para investigarlo y para que se procese a los responsables.

La vigilancia de la aplicación de la Convención es responsabilidad del Comité contra la Desaparición Forzada, que puede realizar interpretaciones autorizadas de la Convención.

Activistas de Amnistía Internacional participan en una acto de protesta contra las desapariciones forzadas en el centro de Roma, Italia. © REUTERS/Tony Gentile

¿Por qué es importante la Convención?

La Convención es importante, en primer lugar, porque establece la desaparición forzada como delito de derecho internacional, y afirma el derecho de todas las personas a no ser sometidas a ella, ni siquiera en circunstancias excepcionales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

En segundo lugar, porque obliga a los Estados a aplicarla en la legislación nacional, garantizando así que no habrá impunidad para la desaparición forzada.

En tercer lugar, porque garantiza el derecho de las víctimas o sus familiares a tener acceso a la justicia y a una reparación completa y efectiva.

En cuarto lugar, porque establece el Comité contra la Desaparición Forzada, que inició su trabajo en noviembre de 2011.

¿Qué es el Comité contra la Desaparición Forzada y cómo trabaja?

El Comité contra la Desaparición Forzada se compone de 10 expertos en el ámbito de los derechos humanos, que desempeñan sus funciones en el Comité a título individual, y de los que se espera que actúen de forma independiente e imparcial. En un plazo de dos años desde la aceptación de la Convención, los Estados Partes deben presentar al Comité un informe sobre las medidas que han tomado para aplicar el tratado. Al examinar el informe, el Comité formulará al Estado Parte las sugerencias y recomendaciones generales que considere oportunas. 

Además, el Comité puede trasmitir a los Estados Partes peticiones de acción urgente enviadas por los familiares de una persona desaparecida o por alguien que actúe en su nombre para que determinen la suerte y el paradero de la persona desaparecida. También puede realizar visitas si recibe información fiable que indique que un Estado Parte está violando gravemente las disposiciones de la Convención, o puede presentar a la Asamblea General de la ONU situaciones de prácticas generalizadas o sistemáticas de desaparición forzada.

Asimismo, el Comité cuenta con un sistema optativo de presentación de denuncias individuales y puede recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado Parte afirme que otro Estado Parte está incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, si el Estado Parte en cuestión ha aceptado el procedimiento optativo de comunicaciones entre Estados.

Una niña enciende una vela cerca de una serie de fotos de personas desaparecidas en un santuario conmemorativo levantado por la ONG Familias de Víctimas de Desapariciones Involuntarias (FIND), en Manila. © REUTERS/Romeo Ranoco

¿Qué acciones deben emprender los Estados?

Los Estados deben comprometerse a poner fin a la práctica de la desaparición forzada tomando medidas para respetar, proteger y hacer realidad el derecho de las personas a no ser objeto de desaparición forzada. Además, deben abordar la cuestión de la impunidad y deben garantizar que los responsables comparecen ante la justicia.

¿Qué pide Amnistía Internacional a los Estados?

• Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;
• Aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de personas y Estados Partes de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Convención;
• Aplicar la Convención en la legislación nacional, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales;
• Adoptar un plan exhaustivo y a largo plazo para prevenir y eliminar la desaparición forzada, lo cual incluye el establecimiento de programas de formación efectivos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y para personal de otro tipo.