por Agnès Callamard*
En una manifestación celebrada recientemente ante la Casa Blanca para pedir el cierre de la prisión militar estadounidense en la base naval de Guantánamo, un adolescente se acercó a una compañera para preguntarle de qué iba la protesta. Le dijo que nunca había oído hablar de ese centro de detención.
Han pasado 20 años y cuatro mandatos presidenciales desde que se inauguró Guantánamo pero, a las personas que han nacido desde entonces, las terribles historias de este centro les suenan más a una trama de película de terror. Es un vergonzoso legado que no podemos dejar a las generaciones futuras.
Establecida en respuesta a los atentados del 11 de septiembre, la prisión de Guantánamo ha alojado a unos 780 hombres y niños musulmanes. Antes de pasar a estar en reclusión indefinida en Guantánamo, muchos fueron secuestrados, sometidos a desaparición forzada y torturados brutalmente en centros de detención secreta dirigidos por Estados Unidos o por los llamados aliados en la “guerra contra el terror”. Torturados también en Guantánamo, muy pocos fueron acusados de delitos y ninguno fue sometido a un juicio con las debidas garantías. Las kafkianas comisiones militares establecidas para juzgarlos demostraron ser ineficaces e injustas, ya que negaron a los acusados un arbitraje imparcial y el acceso a pruebas fundamentales y privaron a las víctimas de su derecho a obtener justicia. Mientras, los familiares de las víctimas del 11 de septiembre han esperado en vano que se haga justicia.
Desde la creación de esta prisión, Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones en todo el mundo han hecho campaña tenazmente para que se cierre. El presidente Biden, como hizo Obama antes que él, ha prometido cerrarlo pero hasta ahora no lo ha hecho. El gobierno de Biden trasladó a un detenido de la instalación el pasado mes de julio, pero aún no ha restablecido la oficina del enviado especial del Departamento de Estado para el cierre de la prisión. Se ha limitado a anunciar sus planes de crear una nueva sala judicial en Guantánamo que continuará el trabajo de las comisiones militares, todo lo contrario a un plan para cerrar el lugar.
No se trata sólo de cerrar Guantánamo, sino también de garantizar rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas allí. En 2020 oímos el relato de exdetenidos como Majid Khan, Abu Zubayda y Mohamedou Salahi sobre los abusos sufridos en los “lugares negros” de Estados Unidos en el extranjero y en Guantánamo. Las torturas infligidas a Mohamedou Salahi, quien actualmente es defensor de los derechos humanos y escritor de éxito, se describen en El mauritano; por su parte, Majid Khan contó que había sufrido inmovilización en posturas dolorosas, palizas, alimentación forzosa mediante tubos revestidos de salsa picante y sodomía con una manguera de jardín.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en contra de Italia, Lituania, Macedonia, Polonia y Rumania en causas civiles por su complicidad en la tortura y desaparición forzada de personas en el contexto de los programas de detención y entrega secreta de Estados Unidos; sin embargo, nunca ha habido rendición de cuentas de manera significativa en Estados Unidos. Desde quienes autorizaron la tortura en los niveles máximos de gobierno hasta quienes aplicaron las técnicas ilegales de interrogatorio “mejoradas”, nadie ha rendido cuentas por los delitos cometidos. Deberían empezar a hacerlo con la desclasificación y publicación íntegra del informe sobre las torturas de la CIA elaborado por la Comisión Selecta del Senado de Estados Unidos sobre Inteligencia.
Treinta y nueve hombres continúan en Guantánamo: 13 permanecen en detención indefinida a pesar de haberse aprobado su traslado de allí, en algunos casos desde hace más de un decenio, 12 se enfrentan a cargos ante las comisiones militares, y los 14 restantes viven en un limbo infernal, ya que aún no tienen el visto bueno para su traslado ni están acusados de ningún delito. Su terrible situación es consecuencia de los grandes principios que prevalecen en Guantánamo desde su creación: crueldad y arbitrariedad.
El gobierno estadounidense debe tomar medidas de inmediato para rectificar esta situación y comprometerse a resolver el caso de cada detenido, mediante su traslado y excarcelación sin más demora y de conformidad con el derecho internacional o, de existir pruebas admisibles suficientes con arreglo al derecho internacional para su procesamiento por delitos comunes internacionalmente reconocibles, mediante una resolución judicial justa, dictada por un tribunal federal legítimamente constituido y sin recurrir a la pena de muerte.
Guantánamo es una mancha imborrable en el historial de Estados Unidos, un capítulo que debe cerrar ya y no repetir nunca más. El presidente Biden nos debe a todos, a quienes han experimentado u observado Guantánamo con horror durante años y a las nuevas generaciones que empiezan a conocer su existencia, cerrar este centro de una vez por todas.
* Agnès Callamard es secretaria general de Amnistía Internacional.
Artículo publicado originalmente en Al Yazira.
