Lola Liceras Ruiz
Equipo de trabajo sobre los derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto vigente desde 1973, que fue ganado en una sentencia histórica de ese mismo Tribunal a partir de la demanda de una mujer, Norma McCorvey, contra el fiscal de Dallas, que reclamó su derecho a abortar en ese estado.
La marea legislativa antiaborto en Estados Unidos viene de lejos, a pesar de que la opinión pública es favorable al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Según dicen los sondeos, siete de cada diez estadounidenses está en contra de revocar la ley actual. Porque lo que ha llevado a muchos Estados a promover leyes restrictivas del aborto, son decisiones políticas promovidas por el lobby antiaborto y tomadas por los gobernantes al margen de la opinión de la ciudadanía, en particular, de las propias mujeres y de su autonomía.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, habla en una manifestación en apoyo del derecho al aborto, en Nueva York, 3 de mayo de 2022. © AP Photo/Jason DeCrow
¿Qué consecuencias tendría revertir el derecho al aborto?
Actualmente hay 13 estados con normas muy restrictivas ya aprobadas aunque todavía sin efecto, que entrarían inmediatamente en vigor si la Corte Suprema deroga la ley de 1973. Estos estados son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennesse, Utah, Wyoming y Texas. En la mayoría de ellos, las leyes restrictivas como la aprobada en Texas en septiembre del año pasado, prohíben abortar a partir de las 6 semanas de embarazo, cuando todavía las propias mujeres no están seguras de estar embarazadas. Además, la ley de Texas anima a la ciudadanía a ejercer de policía contra sus propios vecinos/as y familiares, al ofrecer una recompensa de 10.000 dólares a quienes denuncien a cualquier persona sospechosa de ayudar a abortar. Pero todavía más dura es la ley de Alabama, que prohíbe el aborto en cualquier supuesto a partir del momento en que “se sabe que la mujer está embarazada”, sin ninguna excepción.
Según el Instituto Guttmacher, se da por seguro que 22 estados prohibirían el aborto una vez que quedara sin efecto la actual ley estatal, incluidos los ya mencionados y otros cuatro es probable que lo hicieran. Por el contrario, mantendrían la ley estatal 12 estados, y aunque otros 10 tampoco prohibirían el aborto, su población no tiene clínicas cercanas que puedan atender a pacientes de otros estados. Así, en la práctica, millones de mujeres estarían obligadas a desplazarse a otros Estados para poder ejercer su autonomía personal y su derecho a decidir libremente sobre el embarazo y la maternidad.
El problema es que bajo la supuesta “libertad” de los gobiernos de cada Estado para legislar al respecto, se consagra la desigualdad para todas las mujeres de EEUU y la discriminación para las mujeres que tienen menos recursos, para la población marginada, para las más jóvenes, para las migrantes y refugiadas. Porque no olvidemos que las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas, y que Estados Unidos tiene la mayor tasa de mortalidad materna de los países desarrollados, en particular en los Estados con las leyes sobre el aborto más restrictivas.
Manifestación por el derecho al aborto ante el Tribunal Supremo, Nueva York, 3 de mayo de 2022 © NDZ/STAR MAX/IPx
El derecho a la salud sexual y reproductiva
Negar el derecho al aborto implica negar un conjunto de derechos humanos, el derecho a la autonomía de la persona, a la salud e incluso el derecho a la vida. El aborto no es un derecho aislado, sino que forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Penalizar el aborto no significa eliminarlo y las mujeres que se vean en la necesidad de abortar lo harán de forma ilegal e insegura.
¿Por qué se judicializa la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad? Es muy difícil justificar por qué un gobierno no reconoce el derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre su maternidad y criminaliza la decisión de abortar. La pregunta sólo se puede responder desde los presupuestos patriarcales, que asignan un rol subordinado a las mujeres en todos los órdenes, con la pretensión de anular su capacidad de decidir, obviando que ellas tienen criterio y no son menores de edad. Son las leyes penalizadoras del aborto las que las victimizan al imputarles un delito. Porque no hay mayor discriminación de género, ni mayor anulación del hecho de ser mujer, que llevar al código penal el aborto. Precisamente porque la maternidad es consustancial al hecho de ser mujer, en todas las sociedades se ha puesto o se pone en cuestión el derecho a abortar.
Hunter Kay, a la derecha, de 27 años, abraza a su amiga Taisiia Work, de 23 años, tras protestar frente al Palacio de Justicia como respuesta a una posible ilegalización del aborto en Estados Unidos, 3 de mayo de 2022. © AP Photo/Ringo H.W. Chiu
¿Por qué peligra el derecho al aborto en Estados Unidos?
¿Por qué ahora la vuelta atrás en este derecho en países supuestamente garantes de los derechos humanos y de las libertades individuales, precisamente cuando se están produciendo avances en países que hasta hace muy poco prohibían totalmente el derecho a abortar? Y también aquí la respuesta tiene que ver con que los derechos de las mujeres nunca están asegurados, porque cada conquista produce una reacción que intenta revertir los derechos ganados. Estados Unidos es un ejemplo de donde se han producido cambios significativos hacia la tolerancia cero con el abuso de poder masculino en el acoso sexual hacia las mujeres a partir del movimiento Me Too, al tiempo que se extiende esta ola reaccionaria en relación con el aborto. En sentido contrario, la persistente movilización de las mujeres ha conseguido un cambio social y legislativo en países como Argentina o Colombia para garantizar el acceso a abortos legales y seguros.
Cabe preguntarse también cómo es posible que sociedades muy permisivas con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados, sean a la vez negacionistas del aborto y sus gobiernos lo prohíban, como sucede en algunos países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador. O cómo se convive con la contradicción legislativa en países como Malta, presentada como modelo por su ley de autodeterminación de género, al tiempo que prohíbe abortar a las mujeres en cualquier circunstancia, incluso en caso de violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la embarazada. Y también aquí la respuesta tiene que ver con la discriminación de las mujeres por el solo hecho de serlo.
“Si el Supremo de Estados Unidos tumba el derecho al aborto romperá con la igualdad de derechos, promoverá la fragmentación, el particularismo, la polarización social y quebrará el principio de universalidad al que tienden los derechos humanos a costa de discriminar a las mujeres.”
Si finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos deroga la Ley que garantiza el derecho al aborto seguro en todo el país, dejando que cada estado establezca sus propias regulaciones, se rompe con la igualdad de derechos, se promueve la fragmentación, el particularismo, la polarización social y, en definitiva, se quiebra el principio de universalidad al que tienden los derechos humanos, en este caso a costa de discriminar a las mujeres.
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