Los países que hacen frontera con Sudán deben levantar de inmediato las restricciones de entrada para las personas que huyen del conflicto en ese país y garantizar el acceso a protección y seguridad a aproximadamente medio millón de personas que ya han huido del conflicto. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Entre el 9 de mayo y el 16 de junio, Amnistía Internacional entrevistó a 29 civiles que se enfrentaban a la difícil elección de regresar al conflicto del que habían huido o permanecer abandonados en la frontera, donde pueden esperar durante un periodo indefinido sin suministros básicos con los que mantener su salud, su intimidad y su dignidad.
Entre las personas entrevistadas había algunas que se encontraban en Wadi Halfa, cerca de la frontera con Egipto, y en Puerto Sudán, un puerto del mar Rojo; también había personas que habían cruzado puntos fronterizos sudaneses en distintos lugares y habían llegado o planeaban llegar a lugares como Adís Abeba en Etiopía; Yuba y Renk, en Sudán del Sur; El Cairo, en Egipto; Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, y Yamena, en Chad.
“Permitir el paso rápido a través de las fronteras a todas las personas que huyen del conflicto y proporcionar acceso inmediato al registro de la solicitud de asilo aliviaría la terrible situación humanitaria a lo largo de las fronteras”, ha manifestado Tigere Chagutah, Director Regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
Omar*, un hombre de 35 años que lleva en Puerto Sudán desde finales de abril y que no pudo marcharse por carecer de pasaporte, dijo a Amnistía Internacional que había pedido un visado Schengen y que su pasaporte estaba en la embajada de Jartum cuando estalló la guerra.
“Los Estados no deben negar el acceso a quienes huyen de un conflicto basando esa negativa en la falta de documentos de identidad o visados. Sin embargo, las estrictas normativas de entrada impuestas a las personas sin documentos válidos de viaje han creado barreras insuperables para las personas que necesitan desesperadamente seguridad, y las han dejado en una situación de grave peligro”.
“Innumerables personas que han conseguido cruzar fronteras siguen enfrentándose a la incertidumbre y la vulnerabilidad. Encuentran dificultades para acceder a asilo y/o mantener su condición a causa de su imposibilidad de renovar documentos de identidad que van a caducar o han caducado”.
La situación de las personas que huyen de Sudán se ve aún más agravada por la negativa de entrada a algunas personas solicitantes de asilo, una negativa que las pone en riesgo de tener que regresar al peligro del que tratan de huir.
Durante la evacuación de Puerto Sudán en abril de 2023, algunos países que respondieron para evacuar a sus ciudadanas/os negaron la evacuación a las personas sudanesas sin visado.
Amnistía Internacional entrevistó también a testigos y trabajadores de ayuda humanitaria, y analizó documentos, videos, fotos e informes de medios de comunicación y ONGs en la región para verificar más a fondo los detalles.
El “examen de seguridad” de las autoridades sudanesas
Las personas que huyen del conflicto en Jartum y en el resto del país han tenido que atravesar varios cortes de carretera y puestos de control en los que las autoridades las han acosado y amenazado, limitando su capacidad de salir fácilmente de Sudán.
Amnistía Internacional ha recibido informes que señalan un importante aumento del coste de los viajes desde Jartum hasta la frontera, un coste que limita las oportunidades de quienes intentan huir de la violencia.
Tres personas entrevistadas dijeron que el ejército sudanés las había interrogado cuando trataban de marcharse, lo que había dificultado su salida y había provocado retrasos en la frontera. Un entrevistado dijo a Amnistía Internacional: “los funcionarios de inmigración de Gadarif [cerca de la frontera con Etiopía] dijeron que tenía que entrevistarme un agente de la inteligencia militar. El agente me entrevistó durante dos horas, y me preguntó por qué me marchaba, qué solía hacer en Jartum y si estaba dispuesto a unirme al ejército. Yo le dije que quería cruzar a Etiopía y buscar seguridad. Me permitieron cruzar la frontera”.
Ali*, de 26 años, fue obligado a llamar a un testigo que confirmara su identidad cuando un agente de seguridad sudanés le examinó y le dijo que tenía que pagar para conseguir una autorización de seguridad que le permitiera cruzar a Etiopía por el paso de Gallabat. Pagó unas 2000 libras sudanesas (equivalente a 4 dólares estadounidenses) por un servicio que antes era gratuito.
Situación humanitaria
Según la información recopilada, los centenares de personas que aguardaban a lo largo de los pasos fronterizos en Qustul y Argeen, cerca de Wadi Halfa, saturaron las instalaciones disponibles en la frontera y las localidades adyacentes.
Osman*, de 30 años, contó que las personas varadas en la frontera de Wadi Halfa se vieron obligadas a pasar la noche al raso, sin refugio adecuado, agua o comida. La falta de instalaciones básicas, como cuartos de baño y agua limpia, crearon un entorno insalubre que representaba importantes riesgos, especialmente para las personas de más edad y los niños y niñas. Aunque Osman reconoció la presencia de la Cruz Roja en el lado egipcio de la frontera, señaló la ausencia de asistencia médica en el lado sudanés.
Aamira*, mujer de 30 años, contó a Amnistía Internacional que su familia había dormido fuera del autobús durante ocho horas mientras esperaban que les dejaran cruzar los pasos fronterizos.
Dijo: “llegamos por la noche y, cuando llegamos allí, la frontera egipcia estaba cerrada. Tuvimos que dormir a la intemperie. Mis familiares se quedaron atrapados en la frontera de Argeen durante más de tres días sin que se procesara su caso. No había asistencia médica. Tampoco agua ni cuarto de baño”.
Las autoridades egipcias impusieron restricciones adicionales
Egipto ha recibido la llegada más grande de personas que huyen del conflicto de Sudán: más de 250 mil personas de ciudadanía sudanesa habían entrado en Egipto hasta el 26 de junio, según el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.
De acuerdo con la información recopilada por Amnistía Internacional, desde el 10 de junio de 2023 las autoridades egipcias exigían a todas las personas sudanesas que obtuvieran un visado de entrada emitido por la oficina consular egipcia en Wadi Halfa o Puerto Sudán, citando la necesidad de contrarrestar la falsificación de visados y gestionar mejor la entrada de sudaneses y sudanesas a Egipto.
Hasta entonces, y de conformidad con la normativa previa al conflicto, se requería visado a los niños mayores de 16 años y a los hombres menores de 50. Al comienzo de la crisis, las autoridades de inmigración egipcias también aceptaron documentos temporales de viaje en los puestos fronterizos terrestres entre Sudán y Egipto para las mujeres, los niños menores de 16 años y los hombres mayores de 50.
Sin embargo, las autoridades egipcias interrumpieron esta práctica sin previo aviso el 25 de mayo de 2023, lo que provocó un mayor caos, grandes retrasos y saturación en los puestos fronterizos. Las autoridades egipcias también anularon las prácticas anteriores de permitir la entrada a las personas de ciudadanía sudanesa con pasaportes caducados, cuya validez se había ampliado seis meses, y de permitir que los niños y niñas fueran añadidos a los pasaportes de sus progenitores.
Según otra decisión, fechada el 29 de mayo de 2023 y estudiada por Amnistía Internacional, las autoridades egipcias introdujeron el requisito adicional de que los niños y hombres de entre 16 y 50 años obtuvieran una autorización de seguridad para entrar en Egipto por el Aeropuerto Internacional de El Cairo. La política especifica que, para que se permita a la persona en cuestión entrar en Egipto, el número de la autorización de seguridad tiene que estar impreso y fechado en el visado de entrada.
Amnistía Internacional también ha recibido informes alarmantes sobre autoridades en Egipto que niegan la entrada por las fronteras terrestres a personas sirias y eritreas que huyen de Sudán. Un testigo contó a Amnistía Internacional que, a finales de abril, se había negado la entrada a unas personas en la frontera egipcia en Argeen porque llevaban pasaportes caducados; a consecuencia de eso, una familia fue separada.
Los medios de comunicación egipcios informaron el 7 de junio que las autoridades intentan acelerar la adopción de una nueva ley de asilo. Aunque el proyecto de ley aún no se ha hecho público, los informes indican que, en virtud de la propuesta, todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas del país tendrían que registrarse ante las autoridades y regularizar su situación en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones ejecutivas de la ley.
Las imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional de la frontera de Argeen entre el 6 y el 23 de junio muestran un importante aumento del número de vehículos en el lado sudanés de la frontera.
Respuesta regional a las personas refugiadas
Las organizaciones locales y dirigidas localmente están prestando apoyo a personas sudanesas que huyen, especialmente a lo largo de la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y las regiones fronterizas de Chad. La actual falta de apoyo de la comunidad internacional agrava la ya de por sí frágil situación que sobrecarga los limitados recursos disponibles en las comunidades locales a lo largo de las fronteras.
En Chad, las organizaciones humanitarias proporcionan agua, comida, asistencia a la salud y cobijo a la población de más de 120 mil personas sudanesas que han cruzado la frontera desde que comenzó el conflicto. Sudán del Sur también ha recibido recientemente a 129 mil personas de Sudán.
A 27 de junio, sólo se ha proporcionado el 13 por ciento de los 566,4 millones de dólares estadounidenses requeridos por la Agencia de la ONU para los Refugiados para la respuesta regional a las personas refugiadas.
“Amnistía Internacional pide a los países vecinos de Sudán que cumplan con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados, de abrir sus fronteras a quienes huyen de este conflicto cada vez más intenso”, ha manifestado Tigere Chagutah.
“Todos los países deben levantar las restricciones que impiden la entrada rápida, segura y digna de todas las personas que huyen de Sudán, sin discriminación, garantizando que todas las personas solicitantes de asilo tienen acceso sin restricciones a procedimientos de asilo justos y efectivos y a ayuda humanitaria”.
“Las autoridades egipcias deben asimismo garantizar que la nueva legislación propuesta y la normativa que regula el asilo en el país cumplen plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho y las normas sobre refugiados”.
Información complementaria
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la actualidad hay más de 563 mil personas que han cruzado las fronteras, buscando seguridad y protección frente a la actual crisis de Sudán. Los grupos humanitarios que responden a la situación de Sudán dentro y fuera del país han informado de la terrible situación humanitaria, y han destacado la urgente necesidad de contar con asistencia y apoyo inmediatos.
