La demolición por parte de las autoridades israelíes, el 8 de mayo de 2024, de 47 viviendas en Wadi al-Jalil, aldea palestina/beduina no reconocida del Néguev/Naqab, sin la debida consulta ni indemnización, pone de relieve la urgencia de desmantelar el sistema de apartheid de Israel, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Las órdenes de demolición contra el barrio de Abu Assa, en Wadi al Jalil, fueron emitidas por las autoridades israelíes de planificación en 2019 para dejar paso a la ampliación del trazado de la autopista 6 hacia el sur. Las demoliciones, las mayores en un solo día desde las demoliciones de Al-Araqib en 2010, equivalen al desalojo forzoso de más de 300 residentes de Wadi al-Jalil, una de las nueve aldeas no reconocidas en riesgo de desalojo forzoso con el pretexto del desarrollo urbano.
“Las escenas de unidades de policía hipermilitarizadas, incluidas las tristemente célebres unidades Yoav y de policía de fronteras, irrumpiendo en Wadi al Jalil para arrasar viviendas y confiscar pertenencias de los residentes son otra escalofriante demostración de la crueldad y las continuas injusticias y violaciones de derechos humanos que las autoridades israelíes cometen contra los ciudadanos palestinos de Israel, especialmente los que viven en el Néguev/Naqab”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En lugar de consultar de forma significativa a las comunidades locales en un proceso inclusivo de toma de decisiones sobre planificación, desarrollo de infraestructuras y acceso a la tierra, las autoridades israelíes, en particular la Autoridad Beduina para el Desarrollo y los Asentamientos, siguen utilizando el desarrollo urbano como herramienta para desplazar a los beduinos, privarles de sus derechos y obligarles a ocupar parcelas de tierra cada vez más pequeñas, en una clara ilustración del sistema de apartheid de Israel. Deben poner fin de inmediato a todos los desalojos forzosos y garantizar que los afectados tienen acceso a una reparación efectiva y que a quienes se han quedado sin hogar se les concede una vivienda adecuada”.
Entre las unidades que participaron en la demolición se encuentra la unidad policial Yoav, creada en 2011 con el objetivo declarado de “hacer cumplir la ley” y detener las construcciones no autorizadas en localidades beduinas del Néguev/Naqab.
Jabr Abu Assa, residente de Wadi al Jalil cuya casa fue demolida esta mañana, dijo a Amnistía Internacional:
“No podemos detener este plan; la autopista número 6 pasaría por encima de nuestros cuerpos por mucho que nos resistiéramos, así que pedimos a las autoridades una alternativa justa y equitativa, que nos reubicaran en un lugar donde pudiéramos vivir en paz y dignidad, en el barrio de Mtalla, en Tall al-Sabe’. Sin embargo, la única opción que nos dieron es trasladarnos a un barrio del cercano pueblo de Um al-Batin, donde los residentes locales ya han dicho que no tienen sitio para nosotros y que no somos bienvenidos; esto significa enfrentarnos a ellos. Esto significa obligarnos a nosotros y a ellos a tener que luchar por los escasos recursos que apenas les alcanzan”.
Abu Assa añadió que ni él ni ninguno de los residentes cuyas casas y otras estructuras fueron demolidas han recibido ningún tipo de indemnización.
“No sabemos adónde ir después”
El 31 de diciembre, el Tribunal Supremo israelí rechazó el recurso de los residentes de Wadi Al-Jalil contra su traslado forzoso a Umm al-Batin, permitiendo a la Autoridad Beduina para el Desarrollo y Asentamiento del Néguev, organismo gubernamental que lleva mucho tiempo sirviendo para afianzar la dominación y opresión de la comunidad beduina, decidir dónde puede trasladar a los residentes.
Hussein al-Rabaya’a, activista comunitario del Néguev/Naqab, dijo a Amnistía Internacional: “Aquí no tienes elección: te niegan el reconocimiento y luego deciden desplazarte, deciden adónde puedes ir, y si protestas y pides una alternativa justa, te dicen que no depende de ti decidir tu propio destino”.
Otro residente del barrio cuya casa fue destruida, dijo a la organización: “No sabemos adónde ir ahora; no podemos trasladarnos a Umm al-Batin porque allí no nos quieren; haremos lo que hicieron los residentes de al-Araqib: instalaremos una tienda de campaña sobre las ruinas de nuestras casas demolidas, no tenemos otra opción”.
Las demoliciones de Wadi al-Jalil se producen menos de un año después de que el Tribunal de Distrito israelí aprobara el desalojo forzoso del pueblo no reconocido de Ras Jrabah, para dejar paso a la expansión de la cercana ciudad judía de Dimona. Los habitantes de Ras Jrabah siguen inmersos en una batalla legal contra la demolición de su pueblo.
“Las autoridades israelíes deben poner fin a la discriminación y opresión sistemáticas que sufren estas comunidades, entre otras cosas poniendo fin a los desalojos forzosos y a la política de demolición de viviendas. En su lugar, deben conceder el reconocimiento a las aldeas y derogar todas las leyes, políticas y prácticas diseñadas para desposeer a la comunidad, incluso mediante procesos de planificación”, afirmó Heba Morayef.
Información de contexto
A lo largo de los años, las autoridades israelíes han empleado numerosos pretextos para impulsar el desplazamiento y la segregación de la comunidad beduina del Néguev/Naqab; desde la ampliación de autopistas a la construcción de zonas industriales, pasando por el establecimiento de bosques para el Fondo Nacional Judío y la designación de zonas militares.
El informe 2022 de Amnistía Internacional sobre el sistema de apartheid de Israel expone cómo las leyes discriminatorias sobre planificación y zonificación diseñadas para maximizar la tierra y los recursos para los judíos israelíes a expensas de los palestinos, tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados.
