¿Qué son los derechos humanos?

Partimos de la idea de que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de donde vivan y cual sea su sexo, edad, identidad, etnia, religión o creencias. Esto significa que todos los derechos humanos son universales.

Pero, además, los derechos humanos son interdependientes, es decir, que el derecho a la igualdad implica a su vez el derecho a la no discriminación, o que los derechos económicos y sociales comprometen el derecho a la salud, a la vivienda… y, en definitiva, el derecho a contar con los recursos para tener una vida digna. Y, además, todos los derechos humanos son iguales, no hay unos derechos que estén por encima del resto.

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagró estos principios básicos, basados en la inalienable dignidad de la persona. Pero los derechos humanos no son un listado cerrado, inamovible o al margen de los diferentes contextos y situaciones históricas. A lo largo del tiempo se han ido ampliando  y extendiendo, y siempre hay que conquistarlos, porque su universalidad puede resultar dudosa cuando miramos a la situación actual de los derechos en el mundo.

Este es el caso de las mujeres porque su subordinación y desigualdad histórica interpela al cumplimiento de los derechos humanos. La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, ratificó que los derechos de las mujeres son derechos humanos, por ejemplo, al reconocer este estatuto a los derechos sexuales y reproductivos, o al considerar la violación que sufren muchas mujeres en los conflictos armados como crimen de guerra.

El derecho al aborto está siendo atacado en Estados Unidos. El 1 de diciembre de 2021, Amnistía Internacional se unió a los y las activistas frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos para protestar por la sentencia que finalmente ha dado lugar a la prohibición total del aborto en muchos estados del país. © Amnesty International USA

Entonces, ¿cómo se relaciona el aborto con los derechos humanos?

El acceso al aborto legal y seguro no es un derecho aislado, sino que forma parte de ese conjunto que son los derechos sexuales y reproductivos. Estos significan que todas las personas deben tener acceso a la educación afectivo-sexual, a la formación e información sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a la autonomía personal de las mujeres y personas gestantes para decidir sobre si tener hijos o no, el acceso a métodos anticonceptivos y a los servicios de salud integral. y es aquí donde se enmarca el derecho al aborto, realizado con garantías sanitarias.

Es una gran contradicción que gobiernos como el de Poloniao el de Paraguay, que establecen una política muy restrictiva de aborto, prohíban al mismo tiempo la educación afectivo-sexual en las escuelas.

Los derechos sexuales y reproductivos se vulneran cuando los Estados permiten la mutilación genital femenina o las esterilizaciones forzadas de determinados grupos de población, como pasó en Perú, o la política del hijo único en China, o los matrimonios tempranos que dan lugar a que niñas se quedan embarazadas, y cuando se prohíbe o dificulta el aborto y se encarcela a las mujeres acusadas de abortar.

Porque el problema es que cuando los Estados prohíben el aborto y lo llevan al código penal, o cuando establecen barreras que dificultan ejercer el derecho, no están protegiendo un conjunto de derechos humanos. Por tanto, el acceso al aborto seguro está esencialmente ligado a la protección y respeto de los derechos de las mujeres y las niñas y de todas las personas que pueden quedarse embarazadas.

¿Qué derechos humanos se vulneran cuando se prohíbe el aborto?

Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres y personas gestantes para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida, como veremos a continuación.

Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos segruro.

Marcha #AniJednejWięcej contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia al negársele el aborto en el hospital de Pszczyna. © Grzegorz Żukowski

¿Las leyes que penalizan el aborto son discriminatorias contra las mujeres?

El comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o Tratado de los Derechos de las Mujeres) ha reiterado que las leyes restrictivas sobre el aborto constituyen discriminación contra las mujeres.

En la base de la criminalización del aborto están los presupuestos patriarcales que asignan un papel subordinado a las mujeres en todos los órdenes, con la pretensión de controlar la fecundidad y anular su capacidad de decidir.

Además, los estereotipos de género y el estigma social en torno al aborto están estrechamente relacionados con su penalización. La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal sanitario, los jueces, la familia y la propia sociedad, estigmaticen a las mujeres y las niñas que quieren ejercer su derecho responsable a abortar y, por tanto, sean discriminadas.

Como también son denostadas, perseguidas, atacadas e incluso condenadas judicialmente quienes defienden este derecho y sus organizaciones. Es el caso de Justyna Wydrzynska, una defensora polaca de los derechos humanos que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por luchar contra la estigmatización del aborto. En Polonia sólo es posible abortar si peligra la vida de la embarazada o si el embarazo es fruto de una violación.

En Andorra, el único país europeo junto a Malta en el que el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Vanessa Mendoza Cortés también corre el riesgo de ser condeanda por apoyar a mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder a un aborto legal y seguro en el extranjerto desde su organización Stop Violències.

En España, desde la regulación del aborto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el acoso a las mujeres que van a las clínicas autorizadas, ha sido una constante. Grupos organizados antiaborto coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos y proclamas contra el aborto a las puertas de los centros, con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión mediante la intimidación y el hostigamiento.

Según un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a partir de una encuesta realizada a 300 mujeres que acudieron a abortar en clínicas de toda España, el 89% se había sentido acosado y un 66%, amenazado.

“Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. Entre el 4,7% y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.”

Cuando la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, está hablando no solo de la disponibilidad de los servicios para practicarlos, sino también de la forma en que se ofrecen esos servicios, de la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones de las mujeres, por lo que recomienda, entre otras cuestiones, la señalización discreta de la ubicación de los servicios de aborto. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, aunque el aborto se despenalizó en 2019, las mujeres encuentran muchos obstáculos para ver atendidas sus necesidades y poder ejercer en la práctica su derecho a un aborto seguro.

¿Se vulnera el derecho a la vida cuando se dificulta el derecho al aborto?

Sí, cuando se criminaliza el aborto se puede vulnerar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a las mujeres a acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. En 2020 unas 287.000 mujeres murieron durante o tras el embarazo o el parto; entre el 4,7% y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.

Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que pudiera practicarlos, de manera que, ante el riesgo de ir a la cárcel, es muy probable que se les niegue la atención médica a mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida.

Fue el caso de Savita, una mujer residente en Irlanda, de 31 años y embarazada de 17 semanas, que murió en 2012 de septicemia porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. En aquel momento en Irlanda estaba prohibido abortar bajo cualquier circunstancia. Este terrible caso contribuyó a que desde diciembre de 2018 el aborto en Irlanda sea un derecho.

Concentración a favor del derecho al aborto el 6 de mayo de 2022 en París. © Bruno Fert

También el de Rosaura Almonte, una joven de 16 años de la República Dominicana. En 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió estudiar el caso. Rosaura murió en 2012 después de que no le suministraran el tratamiento médico necesario ante una grave leucemia porque estaba embarazada, además de denegarle un aborto terapéutico. República Dominicana es uno de los países donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias. El Estado no amparó a Rosaura y su madre ha tenido que recurrir a la justicia internacional para denunciar la desprotección de los derechos sexuales y reproductivos en su país.

En Marruecos murió en 2023 una niña de 14 años de un pueblo cerca de Midelt, en el centro del país, a causa de una aborto inseguro que le practicaron tras aber sido violada.

“El derecho a un aborto legal y seguro está amparado por los organismos internacionales de derechos humanos”

Porque contrariamente a lo que manifiestan quienes defienden la prohibición del aborto (alegando que el aborto es un asesinato y debe estar castigado por el código penal), el derecho a un aborto legal y seguro está amparado por los organismos internacionales de derechos humanos, y ninguno ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida.

Porque el derecho a la vida comienza al nacer la persona, como cualquier otro derecho humano y, por tanto estos no son aplicables a fetos, embriones, zigotos o gametos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2004 señaló que “el feto no se considera como una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención” (el referido al derecho a la vida), porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.

¿Se vulnera el derecho de las mujeres a la justicia cuando se declara que el aborto es un delito?

Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.

Las mujeres con menos información y con menos recursos económicos no sólo tienen mucho más difícil acceder a un aborto seguro, sino que también es desigual su acceso a la justicia cuando son acusadas de abortar y se les imputa un delito. Veamos la situación real con un caso concreto:

En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque la vida de la embarazada esté en riesgo o el embarazo sea a causa de una violación. Allí las mujeres acusadas de abortar pueden ser condenadas hasta con 40 años de cárcel y para quienes las ayudan a abortar, incluido el personal médico, las condenas pueden suponer 12 años de cárcel.

Activistas por el derecho al aborto celebran la aprobación del proyecto de ley que lo legaliza en Argentina. © AP Photo/Natacha Pisarenko

En 2016 Evelyn Hernández tenía 21 años cuando sufrió un aborto espontáneo. Cuando llegó al hospital el personal médico la denunció a la policía y fue arrestada, vulnerando así el derecho a su intimidad y el código médico que obliga a preservar el secreto profesional.

Evelyn es una mujer que carecía de recursos económicos y, por tanto, no pudo pagar un abogado que hiciera una buena defensa de su caso. Su defensa y todo el proceso quedaron condicionados por la presunción del aborto como delito. En el juicio la sentenciaron a 30 años de cárcel por “homicidio agravado”, es decir bajo el supuesto de que había cometido el asesinato de su propio hijo.

Gracias a la presión de organizaciones de mujeres y de derechos humanos de su país e internacionales, en 2019 se consiguió que el juicio fuera revisado y finalmente fue declarada inocente. Pero ella ya había pasado tres años encarcelada y alejada de su familia. Se vulneró así el derecho de Evelyn a un juicio justo y la obligación del Estado a protegerla. Todavía hoy otras mujeres como Evelyn, todas ellas con vidas precarias y con escasos recursos económicos, siguen en la cárcel acusadas de “homicidios” que nunca pudieron cometer, porque el aborto no es un delito.

En España la ley reconoce el derecho al aborto y, sin embargo, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud. Más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos. En ese sentido, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, incluye la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres.

¿Cómo afecta la desigualdad económica y social al acceso al aborto libre, legal y seguro?

Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. En las regiones desarrolladas se producen 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, mientras que esta proporción aumenta en las regiones en desarrollo hasta 220 defunciones por cada 100.000 peligrosos.

Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.

Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas, y la tasa de mortalidad materna es mayor en los estados que tienen las leyes de aborto más restrictivas.

Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países. Era el caso de Irlanda antes de que se aprobara la despenalización del aborto en 2018. Entonces, cada año se obligaba a un mínimo de 4.000 mujeres a viajar fuera de su país, con el considerable coste mental, económico y físico. Pero las que no podían viajar se quedaban sin el tratamiento médico o se arriesgaban a sanciones penales si se sometían a un aborto ilegal en su propio país.

“En junio de 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución, retrocediendo así a 1973, casi 50 años. ”

Ahora es también el caso de Estados Unidos. En junio de 2022 su Tribunal Supremo declaró que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución, retrocediendo así a 1973, casi 50 años. Entonces una mujer, Norma McCorvey, demandó al fiscal de Dallas por negarle su derecho a abortar y el Tribunal Supremo le dio la razón, generalizando así el que las mujeres pudieran decidir sobre su embarazo. Ahora se deja en manos de cada estado legislar sobre el aborto y la consecuencia inmediata es que, en prácticamente la mitad de los Estados, millones de mujeres y niñas ya no pueden decidir sobre si continuar o no con sus embarazos.

Porque, aunque algunos estados garantizan el aborto, no todas las mujeres tienen los medios económicos y de otro tipo para desplazarse a esos “estados refugio” y ni siquiera estos tienen la infraestructura sanitaria necesaria para atenderlas. Para paliar esta negativa situación, el Presidente Biden ha ordenado al Departamento de Salud que tome medidas para garantizar el acceso a medicamentos abortivos y para proteger al personal sanitario que presta estos servicios.