La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.
La aprobación de estas reformas confirma las advertencias que Amnistía Internacional emitió en mayo de 2024 y febrero de 2025, por el proceso implementado durante la aprobación de las reformas al artículo 248 de la Constitución, las cuales eliminaron el requisito de que las modificaciones constitucionales fueran ratificadas por dos legislaturas distintas. Este cambio redujo significativamente el tiempo para el análisis público, debilitó el sistema de balances y contrapesos y eliminó una salvaguarda clave que permitía, al menos formalmente, mayor escrutinio social.
“Las señales de alarma que hemos dado los últimos meses se confirman con la forma en que, una vez más, se ha modificado la Constitución sin procesos deliberativos adecuados ni consulta pública. Esta práctica busca concentrar el poder en el ejecutivo, e incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de que se impongan otras reformas en el futuro sin tomar en cuenta a la población y sus derechos.” afirmó César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta práctica busca concentrar el poder en el ejecutivo, e incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de que se impongan otras reformas en el futuro sin tomar en cuenta a la población y sus derechos. César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde que el partido oficialista obtuvo el control absoluto de la Asamblea Legislativa en 2021, éste ha impulsado múltiples reformas legales y constitucionales de forma exprés, sin transparencia ni participación pública efectiva, debilitando gravemente la independencia judicial, eliminando mecanismos de rendición de cuentas y suspendiendo, durante más de tres años, derechos fundamentales bajo un régimen de excepción. Entre otras consecuencias, esto ha derivado en la detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos tan solo por levantar su voz.
“La manera en que se están aprobando las reformas constitucionales en El Salvador revela un patrón de prácticas autoritarias que busca debilitar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la libertad de expresión, a participar en los asuntos públicos, y de acceso a la justicia frente al abuso del poder. Esto en la realidad se manifiesta con el hecho que, tras décadas, hayamos tenido que declarar personas presas de conciencia en el país, como a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.” añadió Marín.
La manera en que se están aprobando las reformas constitucionales en El Salvador revela un patrón de prácticas autoritarias que busca debilitar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos.César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional reitera la obligación del Estado salvadoreño de garantizar el derecho a la participación en asuntos públicos, lo que implica asegurar que este tipo de reformas cuenten previamente con el tiempo necesario para la deliberación y el escrutinio público. Para ello, es indispensable que las autoridades reviertan las medidas que han cerrado el espacio cívico y bajo las cuales se estigmatiza y criminaliza a quienes en ejercicio de su libertad de expresión disienten públicamente de las políticas estatales.
Frente a este panorama, la organización hace un llamado la comunidad internacional a mantener un monitoreo constante sobre la situación en El Salvador, exigir al Estado Salvadoreño que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respaldar a quienes desde dentro y fuera del país siguen defendiendo los derechos humanos, así como exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas simplemente por defender los derechos humanos.
