Por Amnistía Internacional
Es fácil pensar que las personas privadas de libertad no tienen derechos y que, en cierto modo, los han perdido por llevar una vida delictiva. Del mismo modo, tal vez pienses que las autoridades estatales tienen competencias ilimitadas para detener a ciertas categorías de personas. Es una idea equivocada, por dos razones.
En primer lugar, todas las personas tienen derechos de los que nunca se las puede privar, independientemente de dónde estén o de lo que hayan hecho. En segundo lugar, el mero hecho de que una persona esté encarcelada o detenida no significa que sea culpable de un delito. Si ha tenido la suerte de tener un juicio, quizás no haya sido un juicio justo. También puede suceder que otras personas hayan sido detenidas por razones políticas, por su identidad, por su situación migratoria o por falsos motivos de “seguridad”.
Desde los inicios de Amnistía Internacional en 1961, sus activistas siempre han estado listos para actuar inmediatamente —enviando faxes y tuits, realizando llamadas telefónicas o manifestándose en las calles— en favor de las personas detenidas de manera indebida y de aquellas que se enfrentan a un peligro inminente mientras están privadas de libertad.
Si bien hemos logrado miles de victorias, es difícil conseguir un cambio sistémico y, en todo el mundo, aún son muchas las personas que injustamente se siguen consumiendo bajo custodia.
¿Qué derechos humanos están relacionados específicamente con las personas privadas de libertad?
En primer lugar, es importante exponer con claridad a quién nos referimos cuando hablamos de “personas privadas de libertad”. Naturalmente, el término incluye a las personas que han sido acusadas o declaradas culpables de delitos y que están recluidas en prisiones u otras instalaciones penitenciarias. No obstante, también engloba a personas privadas de libertad mediante formas de detención no relacionadas con hechos delictivos. Por ejemplo, a menudo hay personas bajo custodia —en ocasiones durante largos periodos— por ser inmigrantes.
Las personas privadas de libertad —ya estén encarceladas por un presunto delito o recluidas por otros motivos— tienen una serie de derechos en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Estos abarcan:
- los derechos que el Estado debe garantizar a cualquier persona durante el proceso de su detención,
- los derechos a los que una persona debe poder acceder después de haber sido privada de libertad,
- las normas mínimas de trato que se debe dispensar a una persona mientras esté bajo custodia.
Sin embargo, en muchos países de todo el mundo estos derechos y protecciones se ignoran. Es frecuente que se detenga a personas sin seguir los procedimientos judiciales adecuados y que no se respeten las garantías como el acceso a asistencia letrada, familiares y atención médica. Las personas privadas de libertad también son a menudo objeto de violencia, por ejemplo para obtener de ellas “confesiones” mediante tortura y otros malos tratos.
Reclusión ilícita
El derecho internacional establece una serie de circunstancias en las que la reclusión de una persona puede ser ilícita.
En primer lugar, el Estado no puede detener a ninguna persona sin razones legítimas reconocidas por el derecho internacional, y toda persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo. Cuando el Estado no proporciona una razón legítima o un proceso judicial adecuado, está sometiendo a la persona a lo que se conoce como detención arbitraria.
Tras la detención de una persona, ésta tiene derecho a acceder a asistencia letrada y a sus familiares. Las personas a quienes se niega dicho acceso están siendo sometidas a detención en régimen de incomunicación. En algunos casos, además de negarles el contacto con el mundo exterior, a las personas presas o detenidas se las recluye en lugares que sólo las autoridades conocen; a esto se lo denomina detención secretay puede constituir desaparición forzada.
Malos tratos a personas bajo custodia
Las directrices de la ONU sobre las condiciones de reclusión establecen unas normas mínimas sobre el tratamiento de las personas reclusas y su entorno.
Tortura y otros malos tratos
Incluyen restricciones del uso de medidas como la reclusión en régimen de aislamiento, definido como el aislamiento de una persona durante un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable. Dependiendo de su duración y de otras condiciones, la reclusión en régimen de aislamiento puede constituir tortura u otro trato o pena cruel, inhumano y degradante. La aplicación de la reclusión en régimen de aislamiento sobre determinadas categorías de personas, como niños y niñas, y mujeres embarazadas, está prohibida. Asimismo, está prohibido recluir en régimen de aislamiento a cualquier persona durante más de 15 días.
Cuando se usa de manera indebida, la reclusión en régimen de aislamiento no es más que uno de los muchos métodos de tortura y otros malos tratos empleados por las autoridades contra personas presas o detenidas. Existe tortura cuando una persona que ejerce funciones públicas es responsable, directa o indirectamente, de infligir con un fin específico dolor o sufrimiento mental o físico severo a otra persona. En unos casos, las autoridades emplean la tortura u otros malos tratos para obtener la “confesión” de un delito o para obtener información. En otros, la tortura se utiliza simplemente como castigo o está motivada por la discriminación.
Los métodos de tortura varían. Pueden ser de carácter físico, como las palizas y las descargas eléctricas; de índole sexual, como la violación o la humillación sexual; o de carácter psicológico, como las amenazas de muerte o la privación del sueño.
En virtud del derecho internacional, tanto la tortura como cualquier otra forma de malos tratos son siempre ilegítimas.
Condiciones de reclusión
El derecho internacional exige también que las condiciones de reclusión se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos en diversos ámbitos, incluidas las normas mínimas de alojamiento e higiene; el acceso a atención médica, alimentación y ejercicio; y que las personas detenidas no sufran discriminación por motivos de género, raza, color, sexo, orientación sexual e identidad de género, opiniones políticas, discapacidad, religión u otras características protegidas.
En la actualidad, el hacinamiento está ampliamente reconocido como uno de los problemas más graves de los establecimientos penitenciarios. Unos 102 países reflejan niveles de ocupación superiores al 110%, a lo que con frecuencia se suman unas condiciones deplorables y antihigiénicas, con una proporción considerable de personas condenadas o declaradas culpables de delitos no violentos.
Simpatizantes de Amnistía en México se manifiestan contra la detención indefinida ilícita en Guantánamo, que administran las autoridades estadounidenses.
¿Qué significa ser preso o presa de conciencia?
Desde su fundación, Amnistía Internacional ha hecho campañas en favor de una categoría especial de personas privadas de libertad denominadas presas de conciencia, término acuñado por Peter Benenson, fundador de la organización.
Amnistía Internacional considera que es presa de conciencia la persona encarcelada (o sometida a otras formas de privación de libertad) únicamente por ser quien es (su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, condición socioeconómica, nacimiento, orientación sexual, identidad o expresión de género u otra condición) o por creer en lo que cree (sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas), que no ha usado la violencia ni propugnado la violencia ni el odio en las circunstancias que condujeron a su detención. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia.
A lo largo de los años, Amnistía ha llevado a cabo campañas efectivas en favor de miles de personas presas de conciencia en todo el mundo y, en numerosos casos, ha contribuido a lograr su liberación. Algunos ejemplos bien conocidos son los de Raif Badawi y Leila de Lima.
Caso: Eskinder Nega
El famoso periodista etíope y preso de conciencia Eskinder Nega fue encarcelado nueve veces simplemente por hacer su trabajo. En 2018, tras la inclusión de su caso en la campaña anual de Amnistía Escribe por los Derechos, fue excarcelado de la tristemente famosa prisión de Maekelawi. A continuación puedes leer fragmentos de una carta que dirigió a los y las simpatizantes de Amnistía Internacional tras su liberación:
“Aunque soy una persona pacífica, el gobierno etíope me declaró culpable de cargos de terrorismo. En todo el mundo es frecuente formular cargos de este tipo contra periodistas disidentes como yo que se atreven a cuestionar a su gobierno.
He visto todas las caras de la vida en prisión. He estado encerrado en celdas oscuras, que medían menos de dos metros cuadrados. Cuando dormía era como si tocara la pared con la cabeza y la puerta con los pies… Sólo me dejaban ir al baño dos veces al día. De ducharse, ni hablar.
Las condiciones [en la prisión de Maekelawi] eran terribles. Estábamos hacinados, costaba encontrar un sitio para dormir y el saneamiento era increíblemente malo. Los funcionarios de la prisión me ordenaron dejar de escribir y, como me negué, me tildaron de alborotador y de preso problemático y me separaron de los demás.
Siempre les estaré agradecido a los simpatizantes de Amnistía. Sigan haciendo su trabajo. Son la conciencia de la humanidad, la voz de los oprimidos. La voz de los derechos humanos tiene que seguir escuchándose hasta que todas las personas estén libres de la tiranía.”
El famoso periodista etíope Eskinder Nega ha sido encarcelado nueve veces simplemente por hacer su trabajo. La última ha sido la que más tiempo ha pasado en prisión y ha sido puesto en libertad este año.
¿Qué hace Amnistía para ayudar?
Amnistía Internacional trabaja con profesionales de la abogacía y familiares de personas privadas de libertad para poner de relieve casos de personas recluidas de manera ilícita en todo el mundo. Movilizamos a nuestra red global de activistas para que ejerzan presión sobre las autoridades estatales y lleven a cabo labores incidencia directa ante agentes del Estado para que respeten las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y protejan los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La campaña anual Escribe por los Derechos, de Amnistía, incluye periódicamente casos de personas que han sido objeto de detención arbitraria, desaparición forzada, reclusión en régimen de incomunicación o malos tratos bajo custodia. Gracias a las cartas escritas, a las peticiones firmadas y a los correos electrónicos enviados por activistas de Amnistía, personas detenidas de manera ilícita han conseguido obtener acceso a familiares y asistencia letrada y han visto mejoradas sus condiciones de reclusión y el trato recibido. La campaña también ha sido artífice de la puesta en libertad de personas.
El Manual de Juicios Justos de Amnistía Internacional es una guía práctica sobre las normas internacionales sobre juicios justos. Constituye una herramienta fundamental para abogados, jueces y observadores en procesos judiciales. También pueden utilizarlo a modo de manual de autodefensa los presos políticos que se representan a sí mismos ante los tribunales, como fue el caso de Albin Kurti, que utilizó el Manual para representarse a sí mismo ante un Tribunal de Naciones Unidas en Kosovo y fue puesto en libertad.
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