En respuesta al cruce de decenas de miles de personas, entre ellas niños y niñas, desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, y a la muerte de 43 personas –según se ha informado–, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado:
“Estamos siguiendo muy de cerca la situación. Las autoridades españolas y marroquíes deben situar sus obligaciones en materia de derechos humanos en el centro de su respuesta a esta situación. Deben garantizar el acceso al sistema de asilo a quienes lo soliciten y respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de cómo hayan llegado y sin discriminación alguna”.
“El elevado número de personas que están llegando a Ceuta y las circunstancias en que se está produciendo el cruce no deben desviar la atención del hecho de que, en virtud del derecho internacional, el principio de no devolución es absoluto y las expulsiones colectivas están prohibidas en todos los casos”.
“Todas las fuerzas desplegadas deben actuar de conformidad con el derecho y las normas internacionales, también en lo que respecta al uso de la fuerza. Las autoridades españolas también deben garantizar el despliegue de recursos sanitarios y de asistencia social adecuados para responder a las necesidades de estas personas, incluidas las de niños, niñas y otras personas expuestas a un mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos”.
“Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas a adoptar las medidas necesarias para evitar que su respuesta a esta situación tenga efectos discriminatorios, en particular sobre las personas racializadas y la infancia, y a condenar la difusión de discursos racistas”.
Información complementaria
Las autoridades de Ceuta estiman que han cruzado la frontera más de 60.000 personas. España ha desplegado unidades del ejército en Ceuta para apoyar a la policía y la Guardia Civil.
Según la información recibida, miles de personas están durmiendo en la calle. Amnistía Internacional seguirá haciendo seguimiento de la situación para detectar cualquier indicio de que se están cometiendo violaciones de derechos humanos en el control fronterizo, como el uso excesivo de la fuerza o vulneraciones relacionadas con el principio de no devolución.
