Foto © Billy Navarrete/CDH Guayaquil
A un año del lanzamiento del informe “Son militares, yo los vi“, que documentó la desaparición forzada de 10 personas de la costa ecuatoriana, entre ellas seis menores de edad, en el contexto del llamado Plan Fénix del presidente Daniel Noboa, ha habido algunos avances importantes. No obstante, la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones penales y la profundización de la política de militarización de la seguridad pública continúan siendo los principales obstáculos para que todas las familias de las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación, y para que se garantice la no repetición de estos crímenes, declaró hoy Amnistía Internacional.
“Los avances logrados durante el último año demuestran que es posible dar respuesta a la exigencia de verdad y justicia de las familias, la sociedad civil y los mecanismos internacionales. Pero esos avances siguen siendo insuficientes mientras muchas de esas familias continúen sin saber qué ocurrió con sus seres queridos y las autoridades militares sigan sin entregar información esencial para las investigaciones”, dijo Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En diciembre de 2025, una corte de primera instancia condenó a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro niños del sector de las Malvinas, al sur de la ciudad de Guayaquil. En febrero de 2026, la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica que obligó al comandante de la Fuerza Aérea a emitir disculpas públicas para las familias de los niños, en un evento que fue transmitido en vivo. A su vez, en mayo de 2026, un juez ratificó que Dave Loor y Juan Santillán habían sido víctimas de desaparición forzada, como parte de la resolución de un habeas corpus presentado por sus familias, que había sido apelado por las Fuerzas Armadas.
Entre enero y agosto de 2026, a raíz de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos en favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras, la Fiscalía General del Estado instaló mesas de trabajo en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se concentran el mayor número de desapariciones forzadas en el país. Las mesas tienen por objetivo facilitar el dialogo entre diversas autoridades y las familias de las víctimas, para así agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones penales. La incidencia de las familias de las víctimas, el acompañamiento de la organización local Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH Guayaquil), y la movilización internacional han sido clave para todos estos logros.
A pesar de los avances, el paradero de la gran mayoría de víctimas de desapariciones forzadas continúa sin conocerse y sus familias continúan esperando respuestas. El principal obstáculo continúa siendo la falta de cooperación del Ministerio de Defensa con las investigaciones penales, a cargo de la Fiscalía General del Estado. En particular, el Ministerio se ha negado a compartir información sobre los operativos de seguridad tras los cuales desaparecieron las víctimas, alegando que dicha información es confidencial.
El CDH Guayaquil presentó en septiembre un recurso ante la Corte Constitucional solicitando la desclasificación de la información. Amnistía Internacional respalda esta iniciativa y recuerda que la clasificación de información sobre violaciones de derechos humanos es contraria a las obligaciones de derecho internacional asumidas por Ecuador y los estándares internacionales, al vulnerar el derecho a saber la verdad de las víctimas y sus familias.
Por su parte, las familias enfrentan constantemente el reto de ver sus derechos respetados y han sufrido nuevas violaciones. Varias han denunciado hostigamientos y actos de intimidación por parte de las Fuerzas Armadas. Esto, a pesar de que la mayoría forma parte del sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado.
Además, durante 2026, Ecuador ha profundizado su cooperación en materia militar y de seguridad con Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Esto ha derivado en nuevas denuncias sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional en operaciones conjuntas y en operaciones presuntamente lideradas por autoridades estadounidenses. Amnistía Internacional documentó el ataque a una embarcación ecuatoriana en este contexto, de la cual aún se desconoce el paradero de sus tripulantes.
“El Estado debe garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familias, y revertir una estrategia de seguridad militarizada que ha demostrado ser ineficiente para reducir los índices delictivos, y ha estado acompañada de graves violaciones de derechos humanos. Solo con pleno respeto a los derechos de las personas podrá construirse un Ecuador más seguro,” dijo Ana Piquer.
Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades ecuatorianas a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación de todas las familias de desapariciones forzadas, recordando que éste es un crimen de derecho internacional. Asimismo, la organización reitera su llamado a revertir el enfoque militarizado de la seguridad pública. Dicho enfoque no ha sido efectivo para reducir la violencia en el país y, por el contrario, ha facilitado la comisión de graves crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.
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