Foto: REUTERS/Zohra Bensemra
- El expolio de oro y coltán de República Democrática del Congo por el M23 y Ruanda puede ser constitutivo del crimen de guerra de saqueo
- Los múltiples abusos cometidos por el M23 y en los que también están implicadas personas ruandesas pueden ser constitutivos de crímenes de guerra
- “Ruanda ha seguido beneficiándose ilícitamente de las riquezas minerales de República Democrática del Congo”, Agnès Callamard
- Los minerales vinculados a los abusos cometidos por el M23 están presentes en dispositivos electrónicos que poseen millones de personas en todo el mundo
Combatientes del Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, han cometido terribles abusos contra los derechos humanos de mineros artesanales en el este de República Democrática del Congo (RDC), al tiempo que han facilitado el tráfico de oro y coltán a la vecina Ruanda con la ayuda de las autoridades ruandesas, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
República Democrática del Congo: “No hemos venido a jugar”. Abusos cometidos por el M23 en las minas artesanales y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda, documenta los abusos cometidos por el M23, incluidas ejecuciones sumarias, tortura y malos tratos, detención arbitraria, trabajo forzoso y reclutamiento forzoso. El informe revela que combatientes del M23 obligaron a mineros a extraer minerales, en muchos casos obligándoles a trabajar bajo tierra durante más de una semana sin interrupción en minas de coltán cerca de Rubaya, en la provincia de Kivu septentrional, y Lomera, una explotación minera en la provincia de Kivu meridional. Estos abusos pueden ser constitutivos de crímenes de guerra, que son crímenes de derecho internacional.
“El M23, respaldado por Ruanda, está cometiendo en el este de República Democrática del Congo terribles abusos contra los derechos humanos que pueden ser constitutivos de crímenes de guerra. Con ello pretenden castigar e infundir miedo entre los mineros y otras personas que viven y trabajan cerca de las minas, mientras los minerales son objeto de tráfico cruzando la frontera con Ruanda, que ha seguido beneficiándose de la explotación de las riquezas minerales de República Democrática del Congo”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La Unión Africana y sus Estados miembros deben tomar medidas mucho más audaces que las adoptadas hasta ahora para poner fin al presumible saqueo impulsado por la insaciable apetencia internacional de minerales críticos de África. La falta de unidad contra estos saqueos y los terribles abusos que de ellos se derivan no hará sino animar a otros a hacer lo mismo”.
“Los actores internacionales deben poner fin a su silencio en torno a las atrocidades del M23, al tráfico ilícito de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y a la responsabilidad de Ruanda. Deben hacer rendir cuentas a los responsables de estos actos, incluidas las autoridades gubernamentales ruandesas”.
Amnistía Internacional pide a todos los países y empresas que dejen de comprar coltán y oro a Ruanda —o a empresas de transformación y refinerías de terceros países que compran estos minerales a proveedores de Ruanda— hasta que el gobierno de este país aporte pruebas concretas de que ha puesto fin a la recepción de coltán y oro objeto de tráfico desde República Democrática del Congo. Las autoridades de Ruanda también deben garantizar que las personas ruandesas, armadas o no, no estén presentes ni desempeñen papel alguno en los abusos que se cometen en las explotaciones mineras de Lomera y Rubaya.
Amnistía Internacional pide además a Estados Unidos y a los países miembros de la Unión Europea (UE) que no cierren ningún acuerdo de actividad minera relativo a la mina de Rubaya u otras minas controladas por el M23 en República Democrática del Congo a menos que se permita el acceso pleno y sin trabas de observadores y observadoras de derechos humanos internacionales y de organizaciones de supervisión internacionales independientes.
El M23 controla decenas de minas artesanales en Kivu septentrional y Kivu meridional, donde decenas de miles de personas dependen de ellas para obtener ingresos. El grupo controla estrictamente el acceso a estas minas, que no cuentan con supervisión internacional independiente.
Amnistía Internacional entrevistó a 26 personas, entre las que había mineros artesanales, expertos en minería, propietarios de explotaciones mineras y familiares de víctimas. El equipo de investigación también analizó fotografías y pruebas videográficas de explotaciones mineras.
Los testimonios indican la presencia de personas de nacionalidad ruandesa en Rubaya y Lomera. En Rubaya, los mineros dijeron que personas ruandesas desempeñan un doble papel como mineros civiles o directivos de las explotaciones, pero también participan en las hostilidades cuando es necesario junto con combatientes del M23. En Lomera y Rubaya, los guardias de seguridad, algunos de los cuales han sido identificados como ruandeses y hablaban kinyarwanda, la lengua de Ruanda, colaboran con el M23 y han golpeado e infligido malos tratos a mineros.
Ni el M23 ni las autoridades gubernamentales ruandesas han respondido a la solicitud de comentarios de Amnistía Internacional.
Abusos contra los derechos humanos en las minas
La organización documentó la ejecución sumaria de 18 mineros artesanales en las minas de Rubaya y Lomera. Según testigos y familiares, a 10 los mataron a golpes, dos murieron por disparos y seis mineros secuestrados fueron hallados sin vida más tarde.
Una de las víctimas mortales fue Evariste*, de 22 años, esposo y padre de una niña de un año.
Un testigo presencial dijo:
“Cuando vimos a Evariste*, tenía muchos dolores. No tenía fuerza para hablar. No podía ponerse de pie. Tenía todo el cuerpo ensangrentado”.
Otro minero, que fue testigo de la muerte a golpes de su hermano, señaló:
“Lo golpearon en el pecho con una piqueta, y cuando denuncié al hombre que lo mató a golpes, [combatientes del M23] me metieron en la cárcel. Me impusieron un castigo de dos semanas sin salario en la explotación minera. Dije a la gente que quería llevar [su cuerpo] a nuestra familia. Lo enterraron como a un animal [en la galería de la mina]”.
Un total de 16 personas —mineros o civiles— que vivían cerca de las minas relataron cómo habían sido torturadas o sometidas a malos tratos por combatientes del M23 o guardias de seguridad que colaboran con ellos. Algunos mineros recibieron palizas tan brutales que perdieron el conocimiento. Los mineros explicaron a Amnistía Internacional que los golpeaban si pedían descansos, se negaban a entregar minerales, o por infracciones menores.
Un supervisor minero relató cómo combatientes del M23 atacaron a uno de sus empleados: “Cuando salimos del yacimiento con la arena mineralizada, había cinco [combatientes del M23] bien armados y tres que no lo estaban. Dijeron: “No hemos venido a jugar. Si se resisten [a entregarnos la tierra con contenido aurífero], los mataremos”.
Cerca de la mina de Rubaya, el M23 utiliza tres contenedores de mercancías como celdas de detención. Una persona entrevistada dijo que podía oír los alaridos de los detenidos cuando los torturaban dentro de los contenedores. “Es preferible morir a estar detenido allí”, dijo.
En Lomera, el M23 detuvo a cuatro hombres, los acusó de comunicarse con las autoridades de Kinshasa y los consideró sospechosos de vinculación con el grupo armado Wazalendo.
Una víctima dijo a Amnistía Internacional que el supervisor del centro de detención le dijo:
“Te mataré y luego te pondré un arma y diré que eras de los Wazalendo”.
Amnistía Internacional también ha documentado el uso de las celdas de detención subterráneas conocidas como ndake. Más de 20 mineros que trabajaron en la mina de Rubaya estuvieron recluidos en un ndake y eran golpeados tres veces al día por combatientes del M23.
El informe también expone en detalle cómo el M23 utiliza las minas como lugares de reclutamiento forzoso. Siete mineros relataron cómo el M23 detenía a mineros y amenazaba con enviarlos a centros de adiestramiento militar del grupo si no pagaban rescates por su liberación.
Tráfico de minerales a Ruanda
Amnistía Internacional halló pruebas del tráfico de oro desde zonas controladas por el M23 hacia Ruanda a través de rutas de contrabando bien establecidas.
Testimonios de mineros, representantes de la actividad minera y otras personas que trabajaban en Lomera, así como datos reunidos por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional, confirmaron que tierras con contenido aurífero de Lomera eran cargadas en barcos en el puerto de Lomera. Sacos de tierra con contenido aurífero de República Democrática del Congo llegaron en barco a un “puerto de arena”, un punto de recogida de arena utilizada en la construcción, en Kamembe, una localidad de la provincia Occidental de Ruanda.
Un minero congoleño que trabajó en Lomera dijo: “Yo estaba allí por la noche. Me escondí y vi que [el M23] envió tres grupos […] a diferentes explotaciones. Recogían la arena mineralizada [tierra con contenido aurífero] y la llevaban cerca del lago. […] Cuando llegaban, la cargaban en barcos pequeños y la enviaban a Ruanda”.
Otro minero de Lomera señaló:
“Vimos [cómo cargaban barcos]. Cargados de robotas [sacos de tierra con contenido aurífero]. Lo hacían muy temprano por la mañana. Cada mañana, llegaban con comerciantes de Ruanda. Y los mismos barcos llegaban por la noche”.
Amnistía Internacional cree que el expolio de oro y coltán que lleva a cabo el M23 puede ser constitutivo del crimen de guerra de saqueo.
Dadas las importantes cantidades de oro y coltán que se trafican hacia Ruanda —a menudo con la complicidad de dirigentes ruandeses y del M23—, es probable que la propia Ruanda participe directamente en el saqueo de los recursos de República Democrática del Congo.
“Esta investigación debe servir de llamada de atención a Ruanda de que personas ruandesas pueden incurrir en responsabilidad penal internacional por facilitar el tráfico de minerales saqueados a Ruanda”, ha afirmado Agnès Callamard. “Ruanda también puede incurrir en responsabilidad del Estado por los terribles abusos contra mineros si las personas ruandesas que están en las minas actúan bajo la dirección o el control de Ruanda, aunque no sean empleadas del gobierno”.
Responsabilidad de las empresas
Las normas internacionales establecen expectativas claras de que los Estados y las empresas prevendrán y abordarán los daños a los derechos humanos vinculados a las actividades mineras. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se extiende más allá de quienes intervienen en la extracción de minerales, a todas las personas que actúan a lo largo de la cadena de suministro.
“La brutalidad de los crímenes que se detallan en este informe debería ser una advertencia para todas las empresas que compran minerales a Ruanda. Es probable que estos minerales hayan sido objeto de tráfico hacia Ruanda desde el este de República Democrática del Congo, donde los mineros son víctimas de terribles abusos a manos del M23, respaldado por Ruanda”, ha manifestado Agnès Callamard.
“El peso de las pruebas obtenidas por Amnistía Internacional y otros medios implica que las empresas no pueden alegar ignorancia. Es probable que su compra de minerales procedentes de Ruanda —y de las fundiciones que los compran a Ruanda— contribuya a los abusos contra los derechos humanos cometidos por el M23 en Rubaya y Lomera. Las empresas pueden incurrir en responsabilidad penal por complicidad en crímenes de guerra”.
*Nombres ficticios para proteger la identidad de las personas entrevistadas
