Con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, Amnistía Internacional nombra hoy como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y exigimos su liberación inmediata e incondicional.
“Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública. El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, afirmó Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública. Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional
“Al nombrar a Ruth, Alejandro y José Ángel como personas presas de conciencia, Amnistía denuncia la represión de Nayib Bukele y expresa su solidaridad con la comunidad de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que utilice todos los medios a su alcance para frenar este giro autoritario y exija a las autoridades salvadoreñas que pongan fin a la criminalización de quienes defienden los derechos humanos, así como a la persecución de organizaciones sociales, medios de comunicación independientes y periodistas.”
La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención. Este estatus se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad —como su origen étnico, religión, orientación sexual u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos—, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio.
Ruth López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo acusaciones iniciales de peculado. Posteriormente, 15 días después de su detención, la FGR sustituyó el delito por enriquecimiento ilícito. Su detención se realizó sin garantías, en un proceso bajo reserva judicial, el cual ha sido ampliamente condenado por organismos internacionales y mecanismos de protección regionales y universales. Ruth es reconocida a nivel nacional e internacional por su lucha contra la corrupción y su defensa del Estado de derecho. En 2024, fue destacada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambientalista, fue detenido el 13 de mayo de 2025 por su participación en una protesta pacífica contra un desalojo forzoso que enfrentaba la comunidad El Bosque en la que habitan más de 300 familias. Desde su detención se le ha negado el acceso inmediato y pleno a su defensa legal y a información sobre su situación. Tras la orden judicial de seis meses de prisión preventiva, Alejandro fue trasladado al penal “La Esperanza”, donde se encuentra en régimen de incomunicación, en condiciones de hacinamiento extremo y expuesto al riesgo de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la tortura.
José Ángel Pérez, pastor evangélico, jornalero y presidente de la Cooperativa El Bosque, fue detenido el mismo día que Alejandro y por los mismos hechos. Con más de 25 años de liderazgo comunitario, su labor se ha centrado en la organización comunitaria y acompañar a su feligresía en la lucha por sus derechos. Su criminalización es un intento más de desalentar la acción colectiva desde las comunidades rurales.
De la cooptación institucional a una política de detenciones masivas y criminalización selectiva
El uso indebido del proceso penal de forma indiscriminada no habría sido posible sin las reformas estructurales previas impulsadas por el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista— que han desmantelado progresivamente los contrapesos institucionales. Entre las medidas más emblemáticas se encuentra la destitución irregular, en mayo de 2021, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General. A esto se sumó la reforma aprobada en septiembre de ese mismo año, que forzó el retiro obligatorio de cientos de jueces y fiscales mayores de 60 años, sin que sus sustituciones se realizaran mediante procesos transparentes ni fundamentados en criterios técnicos, debilitando gravemente la independencia del sistema judicial.
La captura institucional se profundizó en 2022 con el establecimiento del régimen de excepción, que se ha mantenido vigente de forma continua y ha sido prorrogado en más de 39 ocasiones. Sin evaluación ni debate, y sin contrapesos internos, se ha convertido en la nueva normalidad. En este contexto, y bajo el discurso oficial de combate a las pandillas, múltiples reformas legales han erosionado sistemáticamente las garantías del debido proceso. En El Salvador, el derecho a un juicio justo ha sido prácticamente desmantelado, dando paso a un marco legal que permite y justifica detenciones arbitrarias, audiencias masivas, uso de jueces anónimos, severas restricciones al derecho a la defensa efectiva y eliminación de límites a la prisión preventiva, entre otras regresiones. Este nuevo marco ha derivado en la detención de más de 86,000 personas, generando una crisis carcelaria sin precedentes y una avalancha de denuncias por tortura, tratos crueles e inhumanos y muertes bajo custodia estatal, que hasta la fecha no han sido debidamente investigadas.
Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han advertido de manera reiterada sobre la situación volátil y el aumento de los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las voces críticas, dadas las prácticas autoritarias del presidente Bukele y la instrumentalización del régimen de excepción para criminalizarlas. Hasta marzo de 2024, organizaciones locales habían documentado al menos 34 casos, incluyendo el de una madre que busca a un familiar desaparecido.
“El Salvador atraviesa un punto de quiebre. La sumisión del poder judicial y la aprobación de reformas regresivas han permitido al gobierno de Bukele construir una arquitectura institucional y normativa diseñada para legalizar el control, la represión y la criminalización de la pobreza y la disidencia. Ahora, amparado en el discurso del combate a la corrupción, Bukele pretende utilizar esas mismas herramientas para atacar a quienes lo cuestionan. A través de procesos opacos y nuevas normativas, busca consolidar el silenciamiento sistemático de la disidencia. La comunidad internacional debe actuar con firmeza”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Salvador atraviesa un punto de quiebre. La sumisión del poder judicial y la aprobación de reformas regresivas han permitido al gobierno de Bukele construir una arquitectura institucional y normativa diseñada para legalizar el control, la represión y la criminalización de la pobreza y la disidencia. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Una escalada sostenida y una ley para silenciar a la sociedad civil
Según datos de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas han aumentado considerablemente en los últimos años: 100 casos documentados en 2020, 185 en 2021, 182 en 2022, 226 en 2023 y 533 en 2024 —un incremento del 433% en comparación con 2020.
La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros ha consolidado la tendencia de cierre del espacio cívico en El Salvador. Esta norma impone restricciones arbitrarias a la libertad de asociación y de expresión, incluyendo un impuesto del 30% a los fondos internacionales de las ONG, autoriza su disolución y contempla incluso la imposición de sanciones penales. En el contexto de cooptación institucional y ausencia de mecanismos independientes de apelación, esta ley se convierte en una herramienta de persecución selectiva contra organizaciones de la sociedad civil y voces críticas que exigen rendición de cuentas.
Los perfiles de las tres personas presas de conciencia reconocidas hoy por Amnistía Internacional reflejan claramente los sectores que el gobierno de Bukele busca eliminar: líderes comunitarios, personas defensoras del medio ambiente y del territorio, y quienes denuncian violaciones de derechos humanos o exigen transparencia.
Estas designaciones también representan un reconocimiento a todas aquellas personas que, por ejercer pacíficamente sus derechos en El Salvador, enfrentan criminalización injusta o viven bajo constante vigilancia, hostigamiento y amenaza de ser procesadas. Amnistía Internacional también expresa su solidaridad con otras víctimas de la criminalización, cuyos casos ejemplifican este patrón represivo.
Amnistía Internacional urge a las autoridades salvadoreñas a liberar de forma inmediata e incondicional a las personas hoy reconocidas como presas de conciencia y a cesar el uso indebido del sistema penal para perseguir a quienes ejercen pacíficamente sus derechos. La organización reitera que ninguna persona privada de libertad debe, bajo ninguna circunstancia, ser sometida a regímenes especiales que impliquen incomunicación o la pérdida del derecho a visitas familiares o contacto con su defensa legal. Estas garantías mínimas no son privilegios, sino obligaciones básicas del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, Amnistía Internacional exige la derogación de leyes represivas como la Ley de Agentes Extranjeros, de las medidas del régimen de excepción que han provocado graves violaciones de derechos humanos, y la restitución de los principios del debido proceso y de la independencia judicial.
