Foto: © Justin McGuire
En un nuevo informe que publica hoy, Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país y otras agencias federales durante las operaciones militarizadas de control de la inmigración a gran escala del gobierno de Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.
El informe “Silbatos, ellos tenían armas”: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE demuestra que el gobierno de Trump está implementando un sistema de detenciones y deportaciones masivas fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos cuyo objetivo es detener y deportar de Estados Unidos al mayor número posible de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y sembrar el miedo entre las comunidades de inmigrantes en general.
“Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, ha declarado Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El historial del ICE de violaciones de los derechos humanos no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel”.
El gobierno de Trump ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos: homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas, entre otros. Basándose en estas conclusiones, Amnistía Internacional se une al coro de voces de la comunidad que pide la abolición inmediata del ICE.
Hay que abolir el ICE
Las conclusiones de Amnistía Internacional demuestran que las violaciones documentadas en las cuatro operaciones no fueron incidentes aislados o excepcionales sino parte de un patrón recurrente de abusos con consecuencias devastadoras para los y las inmigrantes, y para comunidades enteras.
“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, dijo Daar. “El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Si el gobierno estadounidense no tiene un sistema de control de la inmigración acorde con el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, hay que abolir el ICE”.
El ICE se creó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en los años siguientes se adoptó un marco de seguridad sumamente problemático. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por el ICE y una preocupante ausencia de supervisión y rendición de cuentas desde su creación en 2003. Sin embargo, la magnitud y el horror que venimos presenciando desde enero de 2025, impulsados por miles de millones de dólares nuevos y una impunidad persistente, han alcanzado nuevos niveles.
Violaciones de derechos humanos
Las cuatro operaciones dieron lugar a violaciones de derechos humanos contra personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como contra personas consideradas inmigrantes, comunidades negras y de piel oscura, y quienes acudieron en su ayuda y cuestionaron la conducta del gobierno de Trump. También crearon un clima generalizado de temor que se extendió por comunidades enteras.
En las cuatro operaciones, Amnistía Internacional documentó:
- Operaciones de control de la inmigración discriminatorias por motivos raciales y detenciones arbitrarias
- Hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales
- Uso de fuerza letal y homicidios ilícitos por parte de agentes federales que deberían investigarse como ejecuciones extrajudiciales
- Represión de las protestas y uso de armas de letalidad reducida, como gas lacrimógeno y pulverizadores de gas pimienta por parte de agentes federales
- Vigilancia ilícita y tecnología de reconocimiento facial
- Condiciones de reclusión inhumanas y denegación de garantías procesales que deberían investigarse como tortura
- Detención ilegal en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada
Como documenta el informe, los y las agentes del ICE actuaban en un entorno institucional —apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump— en el que las prácticas violentas y discriminatorias por motivos raciales de control de la inmigración eran fomentadas por altos cargos gubernamentales, incluido el presidente. Además, se actuó a menudo con máscaras y sin identificación, se debilitaron o desmantelaron las salvaguardias previstas para evitar y abordar las conductas indebidas, y las violaciones de derechos humanos casi nunca fueron seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativa.
El informe detalla un relato de Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, de origen ojibwa y latine, que dijo: “Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola. La golpearon; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘¡es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal!’. Un agente del ICE respondió: ‘Eso no [palabrota] importa, esta es nuestra tierra ahora’”.
Este no es más que un ejemplo de las decenas que contiene el informe en las que agentes del ICE aplican aparentemente de forma explícita perfiles raciales.
“Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Estas prácticas violan derechos humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de la familia y comunidades enteras”.
El informe también pone de relieve cómo se han unido las comunidades para resistir y protegerse mutuamente. Estas redes desempeñaron un papel esencial documentando violaciones de derechos humanos y estando allí para sus vecinos y vecinas a través de redes de ayuda mutua, sesiones formativas sobre observación constitucional, redes de respuesta rápida, autobuses escolares a pie, y otras actividades para apoyar y proteger a las personas más directamente afectadas. Las protestas fueron una herramienta importante de resistencia, pero se encontraron a menudo con más actos de ilegalidad por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.
Por ejemplo, en Chicago, el centro de Broadview se convirtió en un punto de convergencia para las protestas contra las acciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad. El reverendo David Black, que acudía a menudo a este centro para ejercer su ministerio, dijo: “La escalada de violencia por parte del ICE y de la CBP en Broadview cuando estábamos simplemente rezando y cantando fue terrorífica”. Durante un servicio que dirigió en el centro, el reverendo Black, que iba vestido de religioso, estaba pidiendo a tres agentes federales que se encontraban en el tejado del centro que se arrepintieran cuando estos dispararon de pronto en la cara, los brazos y el torso con perdigones explosivos de pulverizador de pimienta. El reverendo Black es una de las numerosas personas cuyas experiencias se documentan en el informe.
El informe pone de relieve numerosas violaciones adicionales de derechos humanos cometidas durante estas crueles operaciones de control de la inmigración. El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 154 personas de los cuatro lugares, lo que permitió a la organización analizar cómo afectan las operaciones de control de la inmigración a diversas comunidades de diferentes contextos políticos, jurídicos e históricos, y concluir que las violaciones de derechos humanos documentadas reflejan patrones nacionales más amplios y no son incidentes locales aislados.
“Es desolador ver el dolor y el sufrimiento causados por este gobierno que criminaliza y demoniza a las personas inmigrantes”, manifestó Daar. “También tengo esperanza: las comunidades se han movilizado en apoyo de quienes han sido objeto de ataques y en algunos casos han obligado a ceder al gobierno. Debemos pedir cuentas a los funcionarios del gobierno responsables de este régimen de terror y seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad, no en la crueldad”.
