Un borrador filtrado del primer código penal escrito de Arabia Saudita incumple lamentablemente las normas universales de derechos humanos y pone de manifiesto la hipocresía que subyace tras las promesas del príncipe heredero Mohammad bin Salman, de presentar su gobierno como progresista e inclusivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe presentado hoy. Las autoridades saudíes no han compartido el borrador del código penal para su consulta con la sociedad civil independiente, pero varios expertos jurídicos saudíes han confirmado la autenticidad del borrador filtrado.
El informe, Manifiesto por la represión, analiza el proyecto de código filtrado y revela cómo, en lugar de mejorar el pésimo historial de derechos humanos del país como parte de la agenda reformista del príncipe heredero, contraviene el derecho internacional y codifica las prácticas represivas existentes en la legislación escrita.
El proyecto de código criminaliza los derechos a la libertad de expresión, pensamiento y religión y no protege el derecho a la libertad de reunión pacífica.
Criminaliza las relaciones sexuales consentidas “ilegítimas”, la homosexualidad y el aborto, y no protege a las mujeres y niñas de la violencia de género. El proyecto también codifica el uso de la pena de muerte como uno de los castigos principales y sigue permitiendo castigos corporales como la flagelación. El informe también destaca casos recientes de represión de disidentes, que ilustran los peligros de aprobar el proyecto tal como está.
“La ausencia de un código penal escrito ha generado durante mucho tiempo violaciones sistemáticas e injusticias en Arabia Saudita. Un primer código penal escrito podría ser una oportunidad crucial para que las autoridades saudíes transformaran su abusivo sistema de justicia penal en uno respetuoso con los derechos humanos. Sin embargo, nuestro análisis del proyecto de código filtrado revela que es esencialmente un manifiesto a favor de la represión que afianzaría las violaciones de derechos humanos y suprimiría las libertades”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Actualmente, el proyecto de código echa por tierra la ilusión de que el príncipe heredero persigue un programa verdaderamente reformista. Arabia Saudita se encuentra en una coyuntura crítica: con un proyecto de código penal actualmente en proceso de revisión legislativa, las autoridades aún tienen la oportunidad de demostrar al mundo que sus promesas de reforma son algo más que promesas vacías. Deben consultar urgentemente a expertos independientes de la sociedad civil y modificar el proyecto de código para garantizar que se ajusta a las normas internacionales y reevaluar las leyes vigentes para defender los derechos humanos”.
Junto con su informe, Amnistía Internacional lanza también hoy la campaña mundial #ReinoDeRepresión para pedir la libertad de las personas injustamente encarceladas o condenadas a muerte – como parte de la represión de las autoridades– por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
“La campaña global de Amnistía Internacional pretende ejercer presión internacional para que se lleven a cabo reformas en materia de derechos humanos desenmascarando la cruda verdad que se esconde tras los intentos de Arabia Saudí de lavar su imagen internacional. La campaña pondrá de relieve casos espeluznantes de personas injustamente encarceladas o condenadas a muerte simplemente por expresar pacíficamente sus opiniones. Expondremos las escalofriantes consecuencias de la represión del país y presionaremos a los principales aliados de Arabia Saudí para que impulsen una verdadera reforma”, manifestó Agnès Callamard.
El proyecto de código penal –filtrado por primera vez en Internet en julio de 2022– se ha redactado con secretismo y se está revisando sin permitir el diálogo con la sociedad civil independiente ni con expertos. Las autoridades saudíes no han compartido el proyecto de código penal con expertos independientes de la sociedad civil y tampoco lo han publicado. Sin embargo, varios expertos jurídicos saudíes, entre ellos un miembro del colegio de abogados y dos bufetes de abogados saudíes, compartieron y comentaron públicamente el borrador de 2022, confirmando su autenticidad.
La organización escribió al Consejo de Ministros de Arabia Saudita y a la Comisión de Derechos Humanos saudí para compartir el análisis de Amnistía Internacional junto con preguntas sobre el proyecto de código penal. El 4 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos saudí respondió negando la autenticidad del borrador y afirmando que el proyecto de código se encuentra actualmente en proceso de revisión legislativa. Amnistía Internacional invita a las autoridades saudíes a publicar la última versión del borrador para que la sociedad civil independiente pueda hacer comentarios al respecto.
El informe de Amnistía Internacional analiza el proyecto de código penal filtrado, de 116 páginas, examinando su conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y su potencial para perpetuar los abusos contra los derechos humanos existentes. El informe se basa en una década de documentación de derechos humanos sobre la represión por parte de las autoridades saudíes de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el uso de la tortura y otros malos tratos y la pena de muerte, así como en entrevistas con expertos familiarizados con el panorama legislativo de Arabia Saudí.
Amnistía Internacional señala que el proyecto de código penal sólo contempla los delitos discrecionales (delitos ta’zir), para los que no se especifican penas en la sharia, y no codifica los delitos que tienen penas fijas según la sharia (conocidos como delitos hadd o qisas), y sigue concediendo a los jueces amplia discreción para determinar si se cumple el umbral probatorio.
Libertades criminalizadas
En la última década, las autoridades saudíes han restringido gravemente la libertad de expresión, atacando a un gran número de voces disidentes –desde defensores de los derechos humanos hasta periodistas, pasando por clérigos y activistas de los derechos de las mujeres– mediante encarcelamiento, exilio o excarcelaciones condicionales que incluyen prohibiciones de viajar. Las autoridades han utilizado disposiciones antiterroristas y contra la ciberdelincuencia para silenciar la expresión crítica y el pensamiento independiente. En un caso desgarrador, Salma al-Shehab, estudiante de doctorado y madre de dos hijos, cumple ahora 27 años de prisión por apoyar los derechos de las mujeres en X (antes Twitter).
En un caso en curso, Manahel al-Otaibi, instructora de fitness, bloguera y defensora de los derechos humanos desaparecida forzosamente desde noviembre de 2023, espera juicio ante el Tribunal Penal Especializado, el famoso tribunal antiterrorista de Arabia Saudí, por publicar fotos suyas sin la abaya (túnica tradicional) y por contenidos de protesta contra las represivas leyes de Arabia Saudí sobre la tutela masculina.
El proyecto de código penal reforzaría estas medidas represivas al tipificar como delito la difamación, los insultos y el cuestionamiento del poder judicial en términos vagos, con lo que se corre el riesgo de atentar aún más contra las libertades individuales y perpetuar la represión de la disidencia.
El proyecto de código penal también penaliza las relaciones sexuales consentidas “ilegítimas”, las relaciones sexuales consentidas entre dos hombres, la “conducta indecente” e “imitar a otro sexo a través de su vestimenta y apariencia”. Estas disposiciones permitirían la persecución y el hostigamiento de miembros de la comunidad LGBTI. Aunque Amnistía Internacional ha documentado casos de personas condenadas por estos actos, estos procesamientos y las condenas quedaron a discreción del juez y no están codificados como delitos en la legislación saudí vigente. Las penas asociadas a estos actos en el proyecto de código penal son más severas que las que actualmente imponen los jueces.
A falta de un código penal en Arabia Saudí, los jueces utilizan actualmente su interpretación de la ley islámica (sharia) y la jurisprudencia para determinar qué constituye un delito e imponer castigos. Estas prácticas permiten a los jueces una amplia discrecionalidad en la resolución de los casos y dejan los delitos y las penas vagamente definidos, lo que vulnera el derecho internacional de los derechos humanos.
El proyecto de código perpetúa la violencia de género
Durante años, las mujeres y niñas de Arabia Saudí se han enfrentado a una discriminación rampante, tanto en la ley como en la práctica, con una legislación nacional inadecuada para protegerlas de la violencia de género. Resulta alarmante que el proyecto de código no permita el procesamiento penal de las personas que cometan actos en nombre del “honor”, lo que podría incluir agresiones o asesinatos. Esta nueva disposición concedería de hecho inmunidad a los maltratadores, en flagrante violación del derecho internacional.
El proyecto de ley también ofrece una definición excesivamente amplia y vaga de acoso y no reconoce la violación marital como delito.
Codificación de la pena de muerte
A pesar de las promesas del príncipe heredero Mohammad bin Salman de limitar la pena capital a los delitos más graves, según dicta la sharia, bajo su mandato se ha producido un espeluznante aumento de las ejecuciones, incluida una de las mayores ejecuciones masivas de las últimas décadas, de 81 personas, en marzo de 2022.
El proyecto de Código Penal de Arabia Saudí codifica la pena de muerte como castigo principal para una serie de delitos, que van desde el asesinato a la violación, pasando por delitos no violentos como la apostasía y la blasfemia, en violación del derecho internacional. El proyecto de código permite ejecutar a menores por determinados delitos y fija la edad de responsabilidad penal en unos escandalosamente bajos siete años. El Comité de los Derechos del Niño, del que Arabia Saudí es Estado Parte, recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a 12 años.
El proyecto de código también sigue permitiendo los castigos corporales regresivos, que podrían incluir la flagelación y la amputación de manos, para delitos como el adulterio y el robo. Los castigos corporales son una forma de tortura y otros malos tratos y están prohibidos por el derecho internacional.
“Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo para vigilar la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita, de modo que las autoridades saudíes no puedan seguir ocultando la terrible realidad de su represión comprando el silencio del mundo y vendiendo al mundo una imagen de progreso y glamour con su costosa maquinaria de relaciones públicas”, manifestó Agnès Callamard.
