Ayotzinapa, once años contra la maquinaria del olvido

En un país lacerado por la inseguridad y la violencia; la corrupción extendida entre las autoridades; las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad; la incapacidad del Estado para enfrentar los principales desafíos en materia de atención a víctimas, búsqueda de personas desaparecidas, identificación forense, reparación integral del daño a las víctimas, así como garantías de no repetición; y la falta de transparencia de autoridades; se profundiza el contexto de impunidad, macrocriminalidad, fragmentación social, concentración del poder, militarización, y la grave crisis de derechos humanos que se vive en México.

México lacerado por la práctica criminal de la desaparición forzada y la violencia institucional que revictimiza y criminaliza a las familias de las personas desaparecidas, a partir de la acción, inacción, u omisión del Estado. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen 131, 243 personas desaparecidas, hasta el día 29 de julio del presente año. Cada número se traduce en una biografía truncada, en un agujero negro en la constelación del lazo social que debe interpelarnos para evitar que la maquinaria de la aniquilación, nos siga arrebatando vidas, identidades, e historias.

Ayotzinapa, es símbolo de resistencia y esperanza contra el olvido, el eco frente al silencio en la desolación del camino por la búsqueda de la verdad y justicia para reivindicar las 43 ausencias presentes de los estudiantes, porque la memoria existe, y la memoria existirá. Ayotzinapa, nuestro espejo frente a lo atroz de lo cotidiano, en la enumeración de la catástrofe, en la forma de fosas clandestinas, campos de exterminio, desaparecidos. Durante casi diez años, el Comité contra la Desaparición Forzada ha recopilado denuncias, e informes que evidencian que la crisis de desaparición forzada en México, es sistemática y generalizada.

En el Examen Periódico Universal 2024, México, recibió más de 50 recomendaciones en materia de desaparición forzada, destacando la necesidad de fortalecer los marcos institucionales y aumentar los recursos destinados a prevenir y resolver las desapariciones forzadas; fortalecer las capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de las desapariciones forzadas; asegurar la rendición de cuentas y la persecución judicial de los responsables de desapariciones forzadas; garantizar la reparación integral a las víctimas, en particular a los familiares de las personas desaparecidas; así como asegurar la participación activa de las familias de las víctimas en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El pasado mes de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, activó por primera vez en su historia, el procedimiento del artículo 34, para escalar esta crisis a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Once años han transcurrido desde Ayotzinapa, y hasta el día de hoy, el Estado mexicano, tiene una gran deuda pendiente con las familias de los normalistas en lo que se refiere a las líneas de investigación indicadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); una de las principales es aquella que surge de testimonios y evidencias, del traslado previo a la desaparición de 17 normalistas a las barandillas municipales de Iguala.

Otro de los grandes pendientes, y una de las exigencias puntuales de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos, al Estado mexicano, es la entrega de cientos de documentos, 800 folios señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que hasta el momento han sido reservados por las fuerzas armadas, y se presume pueden contener evidencia de la participación de elementos del ejército en la desaparición de los estudiantes.

En este sentido, conforme a la Resolución 3/2019, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, señala en el numeral XV Accesibilidad de los archivos estatales, que “Los Estados deben asegurar el acceso público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación en causas de graves violaciones a los derechos humanos. En especial, los tribunales, las comisiones extrajudiciales de investigación y los investigadores deben poder consultar libremente los archivos”.

El numeral XVI Restricciones al acceso a la información de los archivos estatales, establece que “Las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares, así como la sociedad entera, tienen derecho a conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el pasado. Por consiguiente, en ningún caso una agencia del Estado puede negar a las autoridades que investigan violaciones de derechos humanos, información estatal que pueda ayudar a esclarecer tales violaciones.

Especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, los Poderes Públicos no pueden ampararse en mecanismos como el secreto Estado o las excepciones de seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación de procesos pendientes”.

Después de la última reunión que tuvieron las familias de los 43 estudiantes con el Estado mexicano, el pasado 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno de México, solicitará apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que ayude en las investigaciones del caso, al tiempo que le pidió a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hablar con la ONU, para revisar si es factible buscar expertos en estas áreas de investigación, y métodos de investigación que se están siguiendo, para que las madres y padres tengan certeza de que se están haciendo bien las cosas. Estas declaraciones ocurrieron después de que los familiares lamentaran la falta de avances sustanciales en la investigación.

A pesar de los resultados insatisfactorios, las madres y padres de los 43 estudiantes, siguen reivindicando con claridad y firmeza el único objetivo que les ha impulsado desde el primer día, encontrar a sus hijos y lograr que se haga justicia, sancionando a los responsables.

La dignidad inquebrantable de las familias de los 43 normalistas, once años después de lo ocurrido, es una disputa contra la maquinaria del olvido. La memoria existe, y la memoria existirá. La búsqueda de la verdad como parte de los procesos de memoria, pone en evidencia lo que somos, lo que nos une, y lo que queremos transformar como sociedad, se opone al ocultamiento, resiste toda maquinaria del olvido. Las madres y padres de Ayotzinapa no claudican. Exigen, y exigimos verdad y justicia para los 43 jóvenes normalistas. ¡Hasta encontrarles!