La Organización de Estados Americanos (OEA), en ocasión de su 53° Sesión Ordinaria de la Asamblea General los Estados de las Américas, ha llamado discutir a sobre la necesidad del fortalecimiento a la cultura de responsabilidad democrática con promoción y protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas.
Amnistía Internacional reconoce la relevancia de los foros multilaterales como espacios fundamentales para la discusión y la solución integral de las principales problemáticas de derechos humanos en el mundo. En ese sentido, la organización celebra la inclusión en esta Asamblea General de una agenda donde se privilegie el debate sobre la protección y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. Como todos los años, Amnistía Internacional hace un llamado a la OEA y a su Secretaría General a centrar sus esfuerzos para que los derechos humanos guíen las políticas públicas a desarrollar por parte del máximo foro multilateral del continente. La organización, tiene a bien presentar algunas de sus principales preocupaciones en materia de derechos humanos que requieren una atención urgente, y, por tanto, hace un llamado a este foro a priorizar su discusión en búsqueda de soluciones duraderas a nivel regional.
- Uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta
En varios países de la región, miles de personas se han tomado las calles en ejercicio de su derecho de protesta pacífica, demandando la rendición de cuentas de sus Estados y la protección de sus derechos. Sin embargo, en muchos casos, la respuesta estatal ha sido represiva, en un intento por silenciar demandas legitimas. Así, el uso excesivo e innecesario de la fuerza se ha convertido en una política de castigo para quienes protestan. Por ejemplo,
en Perú, las fuerzas de seguridad han hecho uso ilegítimo de la fuerza letal y un uso indiscriminado de armas menos letales con un sesgo racista contra la población Indígena y campesina para sofocar las manifestaciones que iniciaron en diciembre del año pasado en el contexto de la crisis política, lo que ha resultado ya en la muerte de 49 personas y centenares de heridas.
En Colombia, donde la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad, en el contexto de las protestas del Paro Nacional en 2021 siguen en la impunidad, se continúan documentando casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En 2022, un líder indígena murió por disparos en el marco de una protesta ambiental y, en otra protesta que tuvo lugar en la capital (Bogotá), un hombre sufrió un traumatismo ocular tras ser alcanzado por un proyectil, ambos casos se ha denunciado que los disparos habrían sido realizados por agentes del Estado.
Las anteriores situaciones, son sólo ejemplos emblemáticos de cómo en muchos países en el continente, las autoridades siguen violando los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, y a un juicio justo de personas que expresan su descontento frente a las políticas de gobierno.
Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados de las Américas a garantizar que las personas puedan ejercer el derecho a la protesta pacífica y que toda fuerza desplegada por los agentes de seguridad sea necesaria, legitima y estrictamente proporcional en el control de manifestaciones. Asimismo, la organización exhorta a los Estados a encontrar caminos de diálogo con sus ciudadanías para que sus legítimas reivindicaciones sean atendidas.
2. Detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura y otros malos tratos
Las detenciones arbitrarias continúan siendo generalizadas en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, México y Venezuela. En Cuba, en donde las personas son detenidas por motivos políticos o por ejercer sus derechos humanos, Amnistía Internacional ha nombrado a José Daniel Ferrer García, Maykel ‘Osorbo’ Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara como presos de conciencia, como casos emblemáticos que representan sólo una pequeña fracción del número total de personas que merezcan esa designación. De acuerdo con organizaciones cubanas de derechos humanos, desde las protestas históricas en todo el país en julio del 2021, 1,812 personas han sido detenidas arbitrariamente, 768 continúan en prisión, y muchas más sujetas de procesos judiciales infundados. El nuevo Código Penal que entró en vigor el 1 de diciembre del año pasado, busca consolidar restricciones indebidas a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En Nicaragua, de acuerdo con las conclusiones del informe de abril de 2023 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, hay evidencia razonable para considerar que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, encarcelamiento masivo, tortura, violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. Estas conclusiones son consistentes con informes de otros mecanismos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo de Expertos Independientes (GIEI), y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por buscar soluciones a la situación de Nicaragua, el país sigue cerrando espacios al escrutinio internacional, prueba de ello es que esta será la última Asamblea General en que dicho participará, pues en noviembre de 2019 el Estado nicaragüense denunció la Carta de la OEA.
En El Salvador, ha transcurrido más de un año de la implementación de un régimen de excepción, bajo el cual se han cometido múltiples violaciones de derechos humanos. Hasta abril del 2023, el gobierno registraba la detención de 68,200 personas, elevando la población carcelaria del país a más de 100 mil personas. Desde el inicio del régimen de excepción, Amnistía Internacional ha recibido múltiples denuncias de graves violaciones a los derechos humanos incluyendo detenciones arbitrarias, en las que se reportan cientos de menores de edad, casos de tortura u otros malos tratos, y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado en diversos centros penales, y que al momento de su fallecimiento no habían sido declaradas culpables de ningún delito. A la fecha, se desconoce de la existencia de investigaciones imparciales y expeditas sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia y la identificación de presuntos responsables. En muchas ocasiones, las familias ni siquiera han sido informadas adecuadamente por las autoridades de los decesos, solo reciben información de centros hospitalarios o funerarios.
En Venezuela, organizaciones de derechos humanos calculan que entre 240 y 310 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Entre enero y septiembre del 2022, las fuerzas de seguridad cometieron presuntamente 488 ejecuciones extrajudiciales. Entre las personas detenidas se encuentran personas defensoras de los derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona, líder de la organización Fundaredes. Los
informes de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han profundizado sobre la responsabilidad de las autoridades y los órganos de justicia venezolanos en la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad, y en la ausencia de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre violaciones de derechos humanos en este país. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la primera de ese tipo que se llevaba a cabo en la región.
Los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad son prácticas extendidas en la región, y con frecuencia se dirigían contra personas que viven en barrios de ingresos bajos y población racializada en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, la República Dominicana y Venezuela, entre otros países. Durante 2022, en Ecuador, un total de 146 personas privadas de libertad fueron asesinadas en un contexto de crisis del sistema penitenciario, mientras en Brasil, las operaciones policiales causaron la muerte de cientos de personas, especialmente de jóvenes negros.
Las autoridades de los Estados de las Américas deben abordar la impunidad emprendiendo sin demora investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre todos los crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos, incluyendo a toda la cadena de mando, así como la posible motivación racista, a fin de garantizar justicia, verdad y reparación para víctimas y sobrevivientes. Asimismo, la organización urge a los Estados de las Américas a no hacer uso del sistema penal para realizar detenciones arbitrarias por motivos políticos, y a liberar a dichas personas de manera inmediata e incondicional.
3. Movilidad humana y necesidad de protección internacional
Las crisis humanitarias y de derechos humanos que tienen lugar en el continente han provocado aumentos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección. A marzo de 2023, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela calculaba que 7.23 millones de personas venezolanas habían abandonado el país y el 84% de ellas buscaba protección en 17 países de América Latina y el Caribe. En el 2022, el movimiento de personas que abandonaban Haití y Cuba aumentó, lo que se sumaba al flujo constante de población que huía de países centroamericanos. Las políticas restrictivas de migración y asilo, así como la recurrente militarización de fronteras han generado una crisis de derechos humanos y humanitaria en todo el continente, en la que personas en necesidad de protección se encuentran expuestas a altos índices de violencia, discriminación, racismo, y otras violaciones a los derechos humanos.
Las políticas migratorias de Estados Unidos han puesto a las personas en necesidad de protección internacional en situaciones que ponen en riesgo a su vida, además de otras violaciones a derechos humanos, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligando a las mismas a buscar rutas más peligrosas y que las ponen en una mayor situación de vulnerabilidad. Si bien la aplicación de Titulo 42 terminó el 11 de mayo del presente año, las nuevas medidas migratorias implementadas continúan limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Así, Amnistía Internacional observa con preocupación el uso obligatorio de la aplicación para teléfonos celulares (CBP One) cómo único medio de agendar una cita en Estados Unidos para solicitar protección internacional, lo cual limita seriamente las posibilidades de quienes solicitan asilo, pues supone un obstáculo importante para las personas que no tienen acceso a dispositivos móviles ni a internet o que, por otras circunstancias, no pueden acceder a la aplicación o usarla. La aplicación en ningún caso debiera ser la única forma de solicitar asilo en Estados Unidos. Además, la aplicación ha presentado múltiples fallas,
obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en México cerca de la frontera por periodos prolongados de tiempo, donde corren peligro de sufrir graves actos de violencia y no existen condiciones de habitabilidad mínimas. Asimismo, CBP One también plantea serios motivos de preocupación en materia de privacidad, discriminación y vigilancia. A Amnistía Internacional le preocupa que las tecnologías de reconocimiento facial y GPS, junto con el almacenamiento en la nube, se usen para recabar datos sobre las personas solicitantes de asilo, y que la tecnología de reconocimiento facial, en concreto, se utilice de forma indiscriminada y discriminatoria.
Todo lo anterior se suma a la investigación ya realizada anteriormente por Amnistía Internacional en la que se constató de manera específica la existencia de un trato discriminatorio por motivos raciales por parte de Estados Unidos en contra de personas Negras haitianas que buscan refugio en el país, las cuales han sido expulsadas del país en condiciones que pueden constituir tortura.
Por otro lado, México otorgó facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y militarizó las fronteras. Adicionalmente, han utilizado la detención migratoria de manera sistemática. Una prueba de ello es el incendio en Estancia Provisional de Ciudad Juárez la madrugada del 28 de marzo de este año, en el cual al menos 40 personas migrantes fallecieron. Entre las personas fallecidas y heridas había 28 guatemaltecas, 13 hondureñas, 12 venezolanas, 12 salvadoreñas, una ecuatoriana y una colombiana. Sólo en el 2022, las autoridades migratorias mexicanas recluyeron al menos a 318,660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a más de 106,000, entre las que se siguen encontrando niños, niñas y adolescentes. Dichas detenciones se realizan sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes.
En el sur del continente, las personas solicitantes de asilo tampoco corren con mayor suerte. Por ejemplo, las medidas implementadas en Chile y Perú han desatado una crisis humanitaria en la frontera entre ambos países, donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como personas haitianas y de otras nacionalidades, se encontraron varadas. En Chile, el Decreto para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas N°1 de febrero del presente año, otorgó a las fuerzas militares las facultades de control de identidad, registro y detención, además de la colaboración con la policía para controlar el ingreso y egreso de personas extranjeras del territorio nacional, y para fiscalizar la legalidad de la estadía de personas extranjeras en el país. Estas medidas, vigentes por el plazo de 90 días en determinadas zonas fronterizas del Norte de Chile, tienen como propósito “contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas”. Mientras que en Perú, en abril de 2023, se declaró un estado de emergencia que restringe la libertad de tránsito, reunión y la seguridad personal por 60 días en determinados distritos de siete departamentos fronterizos de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Piura, Tacna y Tumbes. Además, se faculta a la Policía Nacional para mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional recuerda a los Estados de las Américas que tienen la obligación de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso al territorio y a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, y a que no se las rechace en frontera en vulneración del principio de no devolución. De igual forma, la organización urge a los Estados americanos a suspender de manera inmediata las expulsiones ilegales, así como a abstenerse de detener a refugiadas y migrantes, y garantizar su atención y derechos.
4. Militarización y Seguridad Ciudadana
El uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana no sólo se ha ido acentuando en el control de las fronteras, como los casos ya mencionados de México, Chile y Perú, sino también en el incremento de su intervención en políticas de seguridad pública, en muchas ocasiones con intentos de perpetuar políticas de militarización que están generando situaciones de violaciones a los derechos humanos, sin que los Estados atiendan las causas raíz de la violencia criminal. Así, por ejemplo, Ecuador y México han adoptado decisiones legislativas, judiciales y/o administrativas para ampliar la función de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
México también ha afianzado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública mediante diversas acciones, como la reforma constitucional de 2019 mediante la cual se creó la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad de facto militar. Si bien la reforma constitucional permitió el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública solamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, un acuerdo presidencial de 2020 facultó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, periodo posteriormente extendido hasta 2028, el cual fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Adicionalmente, en septiembre de 2022 el Congreso aprobó que la Guardia Nacional pasara bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que fue invalidado recientemente por la SCJN.
En 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 áreas que normalmente eran competencia de organismos civiles, y de las cuales 148 no guardaban relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, la gestión de la vacunación contra la COVID-19 y el control migratorio.
La militarización en dicho país se da en el contexto de décadas de graves violaciones a los derechos humanos. A finales del 2022, la cifra de personas desaparecidas se elevó a más de 109,000, con una impunidad casi absoluta. Según la Comisión Nacional de Búsqueda sólo se han dictado 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición. En 2022, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas publicó un informe que expuso la crisis forense existente en el país; las autoridades siguen teniendo bajo custodia más de 52,000 cadáveres pendientes de identificación.
Amnistía Internacional urge a los Estados de las Américas a asegurar que la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad ciudadana sea genuinamente excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias particulares, además de ser subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exhorta a llevar a cabo una revisión de la participación gradual y ordenada, bajo mandos civiles, y asegurar el fortalecimiento de las capacidades de sus cuerpos policiales.
5. Personas defensoras de derechos humanos
El continente americano, continúa siendo el más peligroso para la defensa de los derechos humanos. Las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente enfrentan graves contextos de violencias, desde asesinatos, hasta criminalización y persecución de sus propios Estados.
Tan solo en 2022, en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela se asesinaron a personas defensoras de derechos humanos a consecuencia de su trabajo. Además, en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, entre otros, se han documentado casos de amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias y juicios injustos. Frontline Defenders reportó en su informe de 2022 que, en Colombia, al menos 186 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio, lo que ubica al país como el más peligroso para la defensa de derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo. El mismo informe reportó que en México hubo 45 asesinatos a personas defensoras, mientras que Brasil registró 26 víctimas fatales el año pasado.
En Venezuela, en el primer trimestre del 2023 al menos 226 personas defensoras de los derechos humanos han sido objeto de intimidación, estigmatización y amenazas, además autoridades de la Asamblea Nacional en Venezuela han anunciado propuestas de ley que buscan aumentar el escrutinio y fiscalización de las organizaciones de sociedad civil, lo cual las pondría en alto riesgo de ser ilegalizadas y que sus miembros sean sancionados.
En Nicaragua, hasta diciembre del 2022, el gobierno del presidente Ortega había cancelado la personería jurídica de al menos 3,144 organizaciones, cerrado al menos 12 universidades, encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercen el activismo político. En febrero de 2023, el gobierno también sometió a exilio forzado a 222 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas prominentes personas defensoras de derechos
humanos y líderes de la oposición, y además a estás y 94 más les ha despojado de su nacionalidad, como una nueva forma de represión.
En Paraguay, quienes ejercían el activismo seguían haciendo frente a cargos falsos por participar en protestas contra las políticas de salud pública. Mientras en Bolivia, personas defensoras de los derechos humanos fueron sometidas a actuaciones judiciales por criticar al gobierno.
En varios países de la región las autoridades también utilizaron leyes ambiguas o demasiado amplias para silenciar las voces críticas. En El Salvador se modificó el Código Penal para estipular penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes generaran “ansiedad” o “zozobra” por informar sobre las pandillas. En Nicaragua se aprobó la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la última de una serie de leyes votadas desde
la represión de 2018 que debilitaban a las organizaciones de la sociedad civil. En Cuba, en diciembre pasado entró en vigor un nuevo Código Penal que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y reunión pacífica ya habituales. En Argentina, el gobierno provincial de Jujuy presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución de la provincia y limitar las protestas mediante la prohibición del bloqueo de carreteras y de la “usurpación del espacio público”. En Guatemala, ha existido un aumento de los ataques a operadores de justicia involucrados en destacados casos de corrupción a gran escala y violaciones a derechos humanos. La persecución penal infundada contra la exfiscal Virginia Laparra, ahora presa de conciencia, es prueba de ello, insertándose en un contexto de uso indebido del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han protagonizado esta lucha.
El uso indebido de la tecnología también se ha hecho presente para atacar a quienes defienden derechos humanos, prueba de lo anterior es la comprobación del uso del programa espía Pegasus para vigilar ilegítimamente a activistas y periodistas en El Salvador, México y República Dominicana.
Amnistía Internacional urge a los Estados de las Américas a garantizar el derecho a defender derechos humanos, lo que incluye garantizar que las personas que ejercen el periodismo, defienden los derechos humanos o son consideradas adversarias políticas pueden llevar a cabo su labor y ejercer sus derechos en un entorno seguro y propicio sin sufrir hostigamiento, violencia ni vigilancia ilegal.
6. Crisis climática
En todo el continente, los esfuerzos de los Estados todavía son insuficientes pues, no se ha abordado la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor de la crisis climática que amenaza la vida tal como la conocemos. Pese a su retórica en favor de la reducción de las emisiones globales, muchos Estados no han pasado de las palabras a los hechos, y el avance de los impactos del cambio climático en comunidades rurales e históricamente marginalizadas es cada vez más notoria.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y a Agricultura (FAO), América Latina sigue siendo, después de África, la región del mundo con mayor tasa de pérdida neta de superficie forestal. En Brasil, el ritmo de deforestación de su cuenca amazónica alcanzó, entre enero y octubre del 2021, su nivel más alto desde 2015. En el 2022 en Bolivia, pese al compromiso de las autoridades de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestación ilegal, se quemó más de un millón de hectáreas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agrícola.
Si bien varios Estados de las Américas han asumido compromisos y aprobado legislación sobre el cambio climático, Amnistía Internacional estima que aún no está a la altura de la magnitud de la crisis que se planteaba. En 2022, muy pocos Estados de la región presentaron nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) para la reducción de emisiones, en cumplimiento al pedido de la 26 Conferencia de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26). Estados Unidos, país que históricamente ha sido uno de los principales emisores globales de Gases Efecto Invernadero (GEI), y Canadá, que forma parte de las principales naciones emisoras de la región, se cuentan entre los países que no presentaron nuevos compromisos. Mientras, Brasil y México presentaron CDNs insuficientes en relación con la contribución de estos países al cambio climático y al objetivo mundial de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 ̊C.
Adicionalmente, la mayoría de los Estados de la región no han cumplido los compromisos que ya habían suscrito como Partes en el Acuerdo de París y, en algunos casos, siguen apoyando de forma activa proyectos de combustibles fósiles. Para mediados del 2022, el organismo de fomento de las exportaciones de Canadá había financiado el sector del petróleo y el gas, dentro y fuera del país, con 3,400 millones de dólares canadienses (2,500 millones de dólares estadounidenses); al mismo tiempo, ese mismo país puso en marcha un plan para eliminar de forma gradual la financiación pública de nuevos proyectos de combustibles fósiles.
Amnistía hace un llamado a los Estados de las Américas a tomar medidas urgentes para frenar sus emisiones de carbono y dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles, realizando una transición justa y conforme a los derechos humanos. Los Estados con mayores recursos del continente deben realizar esta transición de forma rápida y además aumentar con urgencia la financiación climática para los países de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.
7. Pueblos Indígenas
En el último año, Amnistía Internacional ha documentado casos de asesinatos de personas lideresas Indígenas, en países como Brasil, Colombia, Ecuador y México, en el marco de conflictos relacionados con la tierra. En Colombia, personas lideresas y defensoras de derechos humanos Indígenas han sido objeto de agresiones y asesinatos y, en zonas del país donde aún operan grupos armados, los pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes siguen sometidas al desplazamiento forzado y, en algunos casos, afrontaron crisis humanitarias.
En varios países —como Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela— los Estados llevan a cabo o han otorgado concesiones a empresas nacionales y multinacionales para la realización de proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos Indígenas afectados. El uso indebido del derecho penal también se ha hecho presente en contra de
los pueblos indígenas. En Canadá los cinco clanes wet’suwet’en que se han opuesto a la construcción de un gasoducto en su territorio ancestral, han sufrido continua vigilancia y criminalización por medio de órdenes judiciales, y han sido hostigados, expulsados por la fuerza y encarcelados.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades de los Estados del hemisferio a respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y obtener su consentimiento libre, previo e informado para llevar a cabo proyectos en su territorio. Los homicidios de personas indígenas deben ser investigados de forma inmediata, imparcial y efectiva y debe detenerse y repararse el uso indebido del derecho penal en su contra.
8. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y personas LGBTI
La violencia de género continúa siendo uno de los más grandes desafíos en materia de derechos humanos en el continente. Los Estados de la región continúan sin atender adecuadamente los altísimos niveles de violencia de género, incluidos los feminicidios. Los índices de violencia sexual contra mujeres y niñas continúan al alza, siendo particularmente desproporcional contra mujeres Indígenas en países como Estados Unidos y Canadá. Además, se
siguen registrando centenares de femicidios en países como Argentina, Honduras, Venezuela y México.
Por otro lado, varios Estados de las Américas han tomado medidas que ponen en peligro los derechos sexuales y reproductivos. El año pasado, en Estados Unidos, la Corte Suprema anuló la garantía constitucional de acceso al aborto, consagrada en Roe v. Wade. En El Salvador continua vigente la prohibición total del aborto, y al menos dos mujeres permanecen encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas, una de ellas cumpliendo una pena de prisión de 50 años. En otros países como Nicaragua, Haití, Honduras y República Dominicana se mantiene también la prohibición total del aborto, y en otros, las restricciones hacen casi imposible que mujeres, y niñas accedan a sus derechos sexuales y reproductivos. A pesar del adverso contexto, en Colombia, la perseverancia del activismo en favor de los derechos de las mujeres y una sofisticada acción judicial impulsada por el movimiento Causa Justa, contribuyeron a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. Ese mismo tribunal reconoció también un marcador de género no binario en el documento nacional de identidad, estableciendo un precedente jurídico en favor de la diversidad de género
en el país.
Por su parte, la población LGBTI de varios países continúa expuesta a homicidios, ataques, discriminación y amenazas, y enfrenta enormes dificultades para conseguir su reconocimiento de identidad legal. En Paraguay, las personas transgénero siguen sin tener el derecho a cambiar legalmente sus nombres de acuerdo con su identidad de género. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, las personas transgénero corren especial peligro de ser asesinadas. Brasil continúa siendo el país más mortífero del mundo para las personas transgénero, a pesar de que dos mujeres transgénero fueron elegidas diputadas federales por primera vez en la historia del país el año pasado.
Amnistía Internacional urge a los Estados de las Américas adoptar medidas urgentes para atender todas las formas de violencia de género, así como investigar de forma seria, exhaustiva e imparcial, los asesinatos de las personas LGBTI, los feminicidios y feminicidios, a fin de llevar a quienes sean responsables de esos crímenes ante la justicia y garantizar que se establecen garantías de no repetición.
9. Elección de las y los miembros de la CIDH
Este año, la Asamblea General de la OEA tendrá que elegir a cuatro personas para conformar la CIDH. Para Amnistía Internacional, el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos (SIDH), conformado por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es un patrimonio a resguardar en las Américas, siendo con frecuencia la única esperanza de justicia para muchas víctimas.
Para que la CIDH continúe siendo una pieza vital dentro del engranaje del SIDH, y óptima para realización de los derechos humanos en las Américas, necesita estar conformada por personas con las más altas credenciales, cumpliendo con los principios de idoneidad, imparcialidad, independencia y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
Este año, diez candidaturas fueron presentadas por los Estados para cuatro puestos vacantes en la CIDH. Sin embargo, Estados Unidos, Brasil, Honduras y Perú retiraron las candidaturas de sus nacionales. En el caso de Brasil, Honduras y Perú, estas candidaturas fueron retiradas después del 23 de marzo, fecha en que había concluido el plazo para nominar. En ese sentido, Amnistía Internacional ve con especial preocupación el retiro de las mismas, sin que los Estados expliquen el porqué del retiro o en su defecto cómo estas personas no cumplían con los requisitos de idoneidad, independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos necesarios para conformar este tipo de mecanismo de protección a derechos humanos.
La organización resalta el llamado hecho por el Panel Independiente para evaluar candidaturas a los órganos políticos del SIDH en el sentido que la reducción del número de candidaturas implica una menor posibilidad de lograr un proceso abierto, donde se pueda discutir la idoneidad de las y los aspirantes. No sería en ningún caso deseable que fueran propuestas el mismo número de candidaturas que vacantes a los órganos del [SIDH]. Esto daría margen a una elección altamente politizada”.
Por último, Amnistía Internacional urge a los Estados de las Américas a asegurarse que la nominación y retiro de candidaturas al SIDH esté basado firmemente en el marco jurídico interamericano, en particular en lo establecido en la Resolución AG/RES 2991 (LII-O/22) “Paridad de género y representatividad geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el sentido de garantizar la transparencia en los procesos y “sostener la paridad de género, observando siempre el cumplimiento de los requisitos de independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos”.
