En pocos días se adelantará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas y se decidirá quién ocupará el cargo de Presidente de la República durante el período de cuatro años que comienza el 7 de agosto de 2026. En un contexto de deterioro de la situación de derechos humanos en el país y en el mundo, Amnistía Internacional publica esta carta abierta, dirigida a los candidatos a la Presidencia de la República, con el fin de poner sobre la mesa las preocupaciones de la organización y hacer un llamado al compromiso con los derechos humanos.
LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
El 2025 estuvo marcado por ataques depredadores contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil. Como explicó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional con ocasión del lanzamiento del informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, “Amnistía Internacional lleva años denunciando la desintegración gradual de los derechos humanos en todas las partes del mundo, advirtiendo de las consecuencias de la flagrante vulneración de las normas por parte de gobiernos y actores empresariales. También hemos demostrado una y otra vez cómo los dobles raseros y el cumplimiento selectivo del derecho internacional han debilitado el sistema y la rendición de cuentas multilaterales”.
Colombia no es ajena a este contexto y las elecciones presidenciales de 2026 son un espacio crucial para asegurar el compromiso del gobierno venidero con una agenda que resista a la construcción del orden mundial depredador que Amnistía Internacional viene documentando en años recientes. Esto incluye, por un lado, rechazar y denunciar los crímenes de derecho internacional generalizados que siguen cometiéndose en distintos lugares del mundo -incluida Colombia- y, por el otro, apoyar el modelo de justicia internacional diseñado para combatir la impunidad y determinar responsabilidades los mismos. También implica adoptar medidas para frenar el cierre del espacio para la sociedad civil en el mundo -cierre que, por supuesto, también ocurre en Colombia- y propiciar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su labor.
Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:
- Comprometerse a adelantar una política exterior centrada en los derechos humanos, que denuncie sin ambages las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en distintos lugares del mundo; que contribuya al fortalecimiento del multilateralismo, la justicia internacional y el orden basado en normas y, que repudie el cierre del espacio cívico y las prácticas autoritarias.
Lo anterior requiere, como es natural, una actitud correspondiente a nivel interno. Amnistía Internacional ha monitoreado por años la situación de derechos humanos en Colombia y mantiene serias preocupaciones en diversos frentes.
EL AGRAVAMIENTO DE LAS MÚLTIPLES CRISIS DE VIOLENCIA ARMADA
Durante los últimos cuatro años Amnistía Internacional recibió información coincidente y reiterada de diversas fuentes sobre múltiples crisis de violencia armada que persisten en el territorio colombiano. Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que el impacto humanitario de los conflictos armados en 2025 fue una manifestación del deterioro progresivo de la situación desde 2018, en un contexto marcado por dinámicas cada vez más complejas que ampliaron su impacto en la población civil. Mientras tanto, a inicio de año la Fundación Ideas para la Paz reseñó el fortalecimiento de los grupos armados organizados en distintas regiones del país -con 23,5% más integrantes que el año anterior-, un aumento en las disputas entre grupos armados organizados -con 13 zonas de disputa activas en todo el país, casi el doble que en 2022-, un fortalecimiento del proceso de expansión territorial de esos mismos grupos armados y una respuesta principalmente reactiva de las fuerzas militares y de seguridad. La Fundación Conflict Responses por su lado, explicó que entre 2018 y 2025 los grupos armados organizados se fortalecieron en lo militar, lo económico y lo político, y se debilitaron en lo organizacional.
Amnistía Internacional, por su parte, ha recibido información sobre el deterioro de la situación en el Magdalena Medio, Antioquia, el Catatumbo, el Putumayo, el Cauca, Buenaventura, Guaviare y otras regiones del país. Razón por la que la organización ha expedido 21 acciones urgentes sobre hechos ocurridos en esas zonas desde 2022 hasta la fecha. Hoy, información sobre afectaciones graves y directas a la población civil son denunciadas constantemente, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas recibiendo un impacto desproporcionado en términos de desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamientos de niños y niñas, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:
- Comprometerse a poner los derechos humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario en el centro de la política de seguridad y de la acción institucional para atender las crisis de violencia armada que persisten en distintas regiones del país.
LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS DE VIOLENCIA CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
Quien asuma la Presidencia de la República de Colombia en 2026 recibirá una herencia de violencia contra quienes defienden derechos humanos en el país extremadamente preocupante. Según reportes del Programa Somos Defensores, 2025 fue el año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno actual, con 165 asesinatos y 874 agresiones verificadas. Mientras tanto, recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 había documentado 410 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
Por décadas, Amnistía Internacional ha documentado en Colombia ataques como los que continúan ocurriendo hoy en día contra las personas defensoras de derechos humanos. También ha hecho llamados constantes a la institucionalidad colombiana para que actúe, cesando las violaciones de derechos humanos en su contra, protegiéndolas de ataques de terceros y construyendo un aparato estatal para propiciar un espacio seguro y propicio para su actividad. Los resultados son evidentes: La crisis persiste y requiere de una acción decidida por parte de quien asuma la Presidencia de la República de Colombia en 2026.
Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:
- Comprometerse a priorizar un abordaje con enfoque de derechos humanos a la crisis de violencia contra personas que los defienden, analizando la utilidad y conveniencia del actual modelo de protección y tomando decisiones estructurales que avancen efectivamente en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. Entre ellas el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023 y, de no haber ocurrido para la fecha, la expedición de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos.
LA CONTINUIDAD DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
El Comité Internacional de la Cruz Roja también reportó en su informe sobre la situación humanitaria de 2025 que la desaparición de personas relacionada con el conflicto armado no sólo continuó, sino que aumentó. Durante el año documentaron 308 casos en 17 departamentos, un aumento del 22% frente al 2024. La persistencia de la desaparición forzada de personas tiene como consecuencia también el aumento de la cantidad de personas, familias y comunidades que las buscan. Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años los efectos que tiene la búsqueda en quienes la ejercen, principalmente, las mujeres buscadoras. El Congreso de la República aprobó en 2024 una ley para la protección de los derechos de estas mujeres y recientemente el gobierno expidió su reglamentación. No obstante, la deuda que las autoridades y la sociedad colombiana tienen con ellas sigue
aún vigente.
Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:
- Comprometerse a priorizar la implementación de la Ley 2364 de 2024 y del Decreto 63 de 2026, garantizando una participación directa y significativa de las organizaciones de mujeres buscadoras.
LA FALTA DE UNA REFORMA POLICIAL INTEGRAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Durante los últimos años, especialmente después de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas multitudinarias de 2019, 2020 y 2021 en distintas ciudades y regiones del país, Amnistía Internacional ha acompañado los reclamos de organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos por una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos que garantice la no repetición de estos hechos. Ese ejercicio resultó en la presentación ante las autoridades colombianas de un Pliego de propuestas para una reforma policial integral por parte de la Mesa por la Reforma Policial y de una participación nutrida de las organizaciones integrantes de la Mesa en diálogos con las autoridades para la adopción de medidas significativas que garanticen de manera permanente el respeto de los derechos humanos en el funcionamiento y la operación de la Policía Nacional de Colombia.
Luego de cuatro años de esa presentación, las autoridades colombianas tomaron algunas medidas dirigidas a construir una Policía Nacional respetuosa de los derechos humanos y que garantice la no repetición de los hechos de 2019, 2020 y 2021. Lastimosamente, esas acciones no son suficientes y Amnistía Internacional considera que en Colombia no ha ocurrido una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos. Esta conclusión se sustenta en la persistencia de una impunidad que no permite la disuasión frente a hechos futuros de violencia policial y a la insuficiencia en los cambios a las reglas y formas de operación de la Policía Nacional en distintos escenarios.
Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:
- Comprometerse a adoptar medidas para avanzar una reforma policial integral que refleje el carácter civil que la Policía Nacional tiene según las normas colombianas, fortalezca la política de transparencia y acceso a información pública de la Policía Nacional, facilite la labor de veeduría de la sociedad civil a la actividad policial especialmente la ejercida por las organizaciones de defensa de derechos humanos- y priorice la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de la Policía Nacional.
LA INSUFICIENTE ATENCIÓN AL ACCESO EFECTIVO A DERECHOS DE LAS PERSONAS VENEZOLANAS EN COLOMBIA
Aproximadamente el 25% de la población de Venezuela (más de 7.8 millones de personas) ha huido en la última década de la emergencia humanitaria compleja, las violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes estatales. Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre las condiciones de vida de la población venezolana en Colombia y, especialmente, sobre la falta de cumplimiento por parte de sus
autoridades de las obligaciones internacionales de ofrecer protección internacional o protección complementaria a las personas venezolanas en el país.
Hoy, el número de personas venezolanas reconocidas como refugiadas en Colombia sigue siendo extremadamente bajo, lo que evidencia la ausencia de aplicación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. Mientras que los mecanismos de regularización migratoria que han sido implementados como paliativos a esta falta estructural de acceso al refugio también presentan serias deficiencias.
Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:
- Comprometerse a adoptar medidas para mejorar significativamente el acceso al reconocimiento del estatus de persona refugiada a todas las personas venezolanas e implementar mecanismos de regularización migratoria estables, sostenidos y realmente accesibles y que no estén limitados por fechas de corte, condiciones de entrada, o requisitos documentales que son prácticamente inaccesibles en Venezuela.
