En vísperas de la COP29, Cheetah Liu-Lee, supervisor de Política y Trabajo de Incidencia de la oficina de Amnistía Internacional en Taiwán, evalúa los progresos realizados desde que formó parte de la delegación de Amnistía en la COP28, y comparte sus objetivos clave para la COP29 en una situación de graves desafíos climáticos para la isla.
El año pasado participamos en la delegación de Amnistía Internacional en la COP28, donde nos unimos a protestas con organizaciones aliadas de derechos humanos y nos relacionamos con activistas internacionales que trabajan por los derechos humanos. En particular, la conferencia pretendía señalar el “principio del fin” de la era de los combustibles fósiles. En ella también se pedía a los países que triplicaran su capacidad de energías renovables y duplicaran su eficiencia energética para 2030.
Aprovechando ese impulso, Amnistía Internacional Taiwán ha emprendido iniciativas de trabajo de incidencia para dar a conocer y promover soluciones políticas destinadas a lograr la justicia climática y una “transición justa” en Taiwán. Para la COP29 confiamos en ver planes de acción más ambiciosos y normas en ámbitos tales como las contribuciones determinadas a nivel nacional, el clima y la salud, y unas transiciones justas. También confiamos en ver un mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de las políticas climáticas globales.
Gracias a los incansables esfuerzos de los grupos de la sociedad civil y muchas otras partes interesadas, el gobierno taiwanés planea implementar un sistema de impuestos al carbono para 2025. Aunque este progreso nos satisface, nos preocupa que los índices propuestos de impuestos al carbono sean demasiado bajos para que las empresas se responsabilicen de reducir las emisiones, y puedan trasladar la carga a las generaciones futuras. Ante este telón de fondo, el gobierno taiwanés también se dispone a actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional.
Sin embargo, Taiwán, al no poder participar directamente en la COP ni en los mecanismos de gobernanza de la ONU, carece de acceso a los procesos internacionales de revisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que son esenciales para observar y evaluar la viabilidad y la justicia de sus objetivos, planes y acciones. Esto pone de manifiesto una laguna en la capacidad de contar con observación internacional y transparencia en las políticas climáticas de Taiwán, especialmente las relativas a unas transiciones justas.
Para abordar esta situación, confiamos en aprovechar los resultados de la COP29 invitando a personas expertas afiliadas al IPCC u organizaciones climáticas internacionales a contribuir a una revisión específica e independiente de las contribuciones determinadas a nivel nacional de Taiwán y sus políticas de gobernanza climática. Esto ayudaría a Taiwán a cumplir las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales al tiempo que garantiza que sus políticas climáticas se alinean con los principios de una transición justa.
A lo largo del último año, hemos seguido propugnando la importancia de unas transiciones justas mediante el cambio energético, abordando, entre otras cosas, la responsabilidad tanto empresarial como estatal. También hemos monitoreado los progresos de esas iniciativas en Taiwán y en toda la región. Por tanto, nos complace la reciente publicación del informe de Amnistía que clasifica a las grandes empresas del sector de los vehículos eléctricos según sus compromisos en materia de derechos humanos: Recharge for Rights.
En Taiwán están radicados numerosos fabricantes y proveedores de componentes para vehículos eléctricos. El pujante sector de energía renovable del país y sus cadenas de suministro para vehículos eléctricos desempeñan un papel fundamental en la transición energética global. Sin embargo, el reciente informe revela importantes riesgos en materia de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro para vehículos eléctricos, empezando por la extracción de las materias primas. La falta de sensibilización entre muchas partes interesadas en torno a los principios de una transición justa ha dado lugar a desalojos forzosos y contaminación medioambiental.
A la vista de estas conclusiones, planeamos emprender nuevas iniciativas de trabajo de incidencia dirigido a las empresas taiwanesas —por ejemplo, las que fabrican motocicletas eléctricas— dentro de la cadena de suministro para los vehículos eléctricos. También confiamos en colaborar con organizaciones de la sociedad civil en toda la región de Asia y Oceanía para promover la solidaridad y la acción colectiva respecto a cuestiones relativas a la transición justa.
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