En México, ante la grave crisis de desapariciones, las mujeres han sido quienes han encabezado la búsqueda de sus seres queridos. Organizadas en más de 230 colectivas a lo largo del país, han exigido justicia, verdad y reparación, logrando impulsar leyes, políticas públicas e instituciones. A pesar de que las autoridades tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas, su omisión e ineficacia han forzado a las familias, madres, esposas, hermanas e hijas a asumir esta labor en condiciones de alto riesgo, enfrentándose al crimen organizado, la violencia institucional y múltiples obstáculos sociales, políticos y territoriales.
El informe “Desaparecer otra vez”, basado en las experiencias de más de 600 mujeres, documenta el patrón de violencias y afectaciones que enfrentan quienes buscan. A través de testimonios, encuestas y grupos de enfoque, Amnistía Internacional identificó cómo las mujeres buscadoras sufren una acumulación de violencias, derivadas de la discriminación estructural por razón de género, clase, etnia, nacionalidad, orientación sexual o lugar de residencia.
En México, buscar no solo implica resistir al olvido, sino también arriesgar la vida.
