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Un fantasma de otro siglo: El regreso a Europa de las minas terrestres antipersonal
Con motivo de la retirada oficial de Polonia de la Convención de Ottawa (Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal), Julia Głębocka, investigadora sobre derechos humanos para Amnistía Internacional Polonia, reflexiona sobre las implicaciones del regreso de estas armas de efectos indiscriminados para los derechos humanos en Europa.
- Julia Głębocka
- febrero 26, 2026
- EUobserver
No hace tanto, en 2020, la Unión Europea (UE) financiaba actividades de desminado en Líbano con la esperanza de ver un mundo sin minas terrestres antipersonal en un plazo de cinco años. Con el respaldo de la UE, la organización HALO Ucrania llevaba desde 2016 generando un cambio significativo mediante la eliminación de explosivos en territorio ucraniano. En Chad, el proyecto PRODECO, también financiado por la UE, promovía la reinserción social de víctimas de minas antipersonal a través de atención médica y rehabilitación prolongada, así como mediante el respaldo a operaciones de desminado.
A comienzos de 2025, los 27 Estados miembros de la UE eran partes en la Convención de Ottawa, que prohíbe el empleo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas terrestres antipersonal, desde hacía más de dos décadas.
Sin embargo, la esperanza de un mundo más pacífico duró poco.
Aunque muchos soñábamos con que algún día estas armas de efectos indiscriminados serían erradicadas, estos fantasmas de las guerras del siglo XX están regresando.
En marzo de 2025, los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia anunciaron su intención de retirarse conjuntamente de la Convención de Ottawa. Finlandia siguió el mismo camino con un anuncio similar en abril de ese año. Aunque la retirada ya ha surtido efecto para otros países, la salida de Polonia entró en vigor el viernes. Este movimiento por parte de varios Estados miembros de la UE supone un giro inquietante en las políticas de seguridad nacional que socava la credibilidad del bloque respecto de su propio compromiso con el derecho internacional humanitario.
Durante décadas, Bruselas ha sido una firme defensora de la Convención de Ottawa. Las estrategias de la UE sobre armas convencionales condenan explícitamente las minas terrestres antipersonal como instrumentos de efectos indiscriminados que causan daños mucho más allá del campo de batalla. La financiación de la UE se canaliza habitualmente hacia operaciones de desminado, programas de asistencia a víctimas y actividades de incidencia internacional contra las minas terrestres antipersonal. Y, sin embargo, cuando varios de sus propios miembros abandonaron abiertamente este consenso, la UE rehusó siquiera pronunciar palabras de condena.
Mientras tanto, en mi país de origen, Polonia, las empresas armamentísticas no tardaron en aprovechar la oportunidad que brindaba la retirada de la Convención de Ottawa.
Casi inmediatamente después de que Polonia anunciara su retirada, dos importantes empresas del sector armamentístico manifestaron su disposición a reanudar la producción de minas antipersonal. La empresa estatal Belma – Fábrica Electromecánica de Bydgoszcz y el grupo polaco del sector de la defensa Niewiadów declararon que podían producir suficientes minas para asegurar los 800 kilómetros de la frontera oriental de Polonia, y prevén vender el excedente a los Estados bálticos y a Ucrania.
El Ejecutivo justifica su decisión con el argumento de la disuasión militar. No obstante, de acuerdo con organizaciones internacionales de monitoreo, entre el 80% y el 85% de las víctimas de minas terrestres antipersonal en el mundo son civiles, muchas de ellas niños y niñas. En Ucrania, donde las minas terrestres antipersonal se han desplegado a gran escala, sus efectos van mucho más allá de los objetivos militares. Cabe señalar que la grave contaminación por minas afectó a las comunidades locales no solo en términos de seguridad física, sino también en el plano económico. Los agricultores ucranianos tuvieron que tomar la iniciativa y emprender ellos mismos operaciones de desminado, siendo posteriormente reembolsados por su Gobierno. Las minas terrestres antipersonal no ponen fin a las guerras. Les sobreviven.
Sin embargo, está ausente del debate público la cuestión de cómo el uso de estas minas podría poner en riesgo a las personas refugiadas y migrantes.
Julia Głębocka
En 2021-2022 Amnistía Internacional documentó las expulsiones sumarias ilegales llevadas a cabo por Polonia y el trato inhumano a dispensado a las personas refugiadas y migrantes en la frontera con Belarús, así como la aprobación de legislación que restringe el acceso de organizaciones humanitarias a la frontera y la atribución de competencias a la Guardia de Fronteras polaca para rechazar solicitudes de asilo sin examinarlas, en contravención de las normas internacionales.
Al otro lado de la frontera, Amnistía Internacional reveló que las autoridades de Belarús forzaban implacablemente a la gente a cruzar la frontera bajo presión, plenamente conscientes de la violencia que sufrirían por parte de la Guardia de Fronteras polaca al intentar solicitar protección en Europa.
Desde entonces, se volvieron a aplicar limitaciones al acceso a la frontera con la creación de una “zona de amortiguación o de exclusión” en junio de 2024, cuyos efectos han sido prolongados en repetidas ocasiones y continúan vigentes. Poco después, se modificó la ley que regula el uso de armas por parte de la Guardia de Fronteras, limitando su rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza.
En flagrante violación del derecho internacional, en marzo de 2025 (al mismo tiempo que Polonia anunciaba su retirada de la Convención de Ottawa), se suspendió temporalmente el derecho a solicitar asilo en la frontera. Las organizaciones humanitarias advirtieron desde el principio que estas medidas eran un terreno resbaladizo.
A Amnistía Internacional le preocupa seriamente el aumento de los riesgos para las personas refugiadas y migrantes que conlleva la posible reintroducción de las minas antipersonal, que crea una nueva realidad aterradora y peligrosa para quienes que buscan protección en Europa.
Estos acontecimientos en las fronteras del noreste europeo suponen un retroceso que no hará sino debilitar aún más el consenso mundial orientado a minimizar el daño a la población civil durante los conflictos armados. El devastador impacto de las minas terrestres antipersonal en la población civil —a veces décadas después de su colocación— y la presencia de estos dispositivos sin detonar pueden arruinar regiones enteras durante generaciones.
La decisión de abandonar la Convención se debe revertir.
Europa se comprometió en su día a dejar las minas terrestres antipersonal en el pasado. Permitir su regreso sin oposición significa aceptar que, después de todo, ciertos fantasmas son bien acogidos.
Este artículo se publicó originalmente en EUobserver.
