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Ante el anuncio de la administración Trump de que Estados Unidos se retira de 66 organizaciones, convenios y tratados internacionales, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Esto es una agresión vengativa y temeraria contra la legitimidad y la integridad de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas que ha sido la base de la cooperación global en los últimos 80 años. Con este último ataque, que se suma a una serie de otras iniciativas nocivas, el presidente Trump redobla vergonzosamente sus esfuerzos para destruir el sistema multilateral que Estados Unidos ayudó a crear a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para garantizar los derechos humanos universales y la protección de todas las personas”.
“Ha sido un anuncio falaz, puesto que Estados Unidos ya se había desvinculado de muchos de estos organismos y decidido retirar la financiación a agencias clave de la ONU. Y es otro inquietante ejemplo del cruel desprecio de la administración Trump hacia el derecho internacional y los compromisos globales en áreas cruciales como promover el desarrollo, abordar la crisis climática, poner fin a la violencia contra la infancia y alcanzar la igualdad de género. Por ejemplo, el Fondo de Población de la ONU, de la que la administración ahora ha anunciado que abandona después de haberle retirado la financiación, es vital en la lucha contra la violencia de género y la defensa de millones de mujeres y niñas de todo el mundo”.
“Más aún, al retirarse públicamente de organizaciones de las que ya se había desvinculado, la administración ha aprovechado la ocasión para difundir su racismo abierto hacia las personas negras. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio citó los ‘mandatos de diversidad, equidad e inclusión’ como justificación para la retirada, el anuncio de la administración de que abandonaba el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes —organismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del que ya se había retirado Estados Unidos— no fue más que un acto deliberado de racismo y sabotaje institucional”.
Los Estados miembros de la ONU y las organizaciones internacionales afectadas deben actuar de inmediato para reforzar la arquitectura legal multilateral e internacional esencial para los derechos humanos. Erika Guevara Rosas
“Estas decisiones no son sólo crueles, racistas y discriminatorias, sino que, sin duda, también son devastadoramente miopes al menoscabar los intereses de las personas en Estados Unidos y en todo el mundo”.
“Retirarse de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en concreto, no tiene precedentes y Estados Unidos será el único país que lo haya hecho. Junto con su retirada del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y otros organismos relacionados con el clima, irá en detrimento activamente de la actuación en materia climática tanto en Estados Unidos como globalmente. Inhibirá los esfuerzos para proteger a la población estadounidense de los efectos de la crisis climática y podría provocar más desplazamientos relacionados con el clima procedentes de otros países. Aun así, otros Estados deberían aprovechar esta oportunidad para emprender ya la importante labor de eliminar gradualmente y de forma justa los combustibles fósiles y financiar una transición justa, y pedir a Estados Unidos que se reincorpore más adelante”.
“Retirarse de mecanismos y organismos de consolidación de la paz contradice directamente los llamamientos del gobierno estadounidense para que la ONU priorice ‘la paz y la seguridad’. Esto es especialmente alarmante en un momento en que el presidente Trump amenaza a varios países con acciones militares y el mismo día pidió un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares. Las consecuencias de estas retiradas podrían desencadenar la desestabilización global, que pondría en mayor peligro los derechos humanos en todas partes y perjudicaría desproporcionadamente a las comunidades más marginadas”.
“Los Estados miembros de la ONU y las organizaciones internacionales afectadas deben actuar de inmediato para reforzar la arquitectura legal multilateral e internacional esencial para los derechos humanos, lo que incluye defender enérgicamente estos sistemas y unas reformas significativas para preservar la rendición de cuentas, prevenir la erosión de las normas y proteger a las personas en todo el mundo”.
