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Alcemos la voz #HASTASERESCUCHADAS

El Estado de México es una de las entidades federativas más peligrosas para las mujeres en México. Ocupa el primer lugar en número de feminicidios cometidos cada mes y la mayoría de los asesinatos quedan impunes.

Amnistía Internacional México documentó cuatro casos de feminicidio en la zona oriente del Estado de México, precedidos por desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los hallazgos encontrados respecto de estos casos conforman un patrón de deficiencias en las investigaciones penales que coinciden con aquel identificado anteriormente por otras investigaciones y que ha sido puesto de manifiesto por las organizaciones de la sociedad civil y las propias personas titulares de derechos.

Fecha arranque:

25.08.2021

Lugar:

Estado de México

Temas que abordamos:

Violencia contra las mujeres Derechos de las mujeres Desapariciones

Impacto

Que las autoridades garanticen a las madres, hijas, hijos y familiares de las víctimas de feminicidio, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición.

Contexto - contexto - contexto - contexto - contexto -

Los casos documentados:

  • Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en el 2004.
  • Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015; actualmente en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio.
  • Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017.
  • Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

Creo que hasta al día de hoy seguimos luchando por ser escuchadas. Seguimos tratando de que el Estado de México genere condiciones para nosotras las mujeres.

Las investigaciones hechas por las autoridades sobre estos feminicidios son deficientes porque:

 Pierden evidencias y no examinan las diferentes líneas de investigación.

 No aplican la perspectiva de género como lo establecen los protocolos para investigar muertes violentas de mujeres.

 Su inacción obliga a las familias de víctimas de feminicidio a invertir tiempo y dinero en labores de investigación que le corresponden al Estado y en presionar a las autoridades para que cumplan con su deber.

Esto afecta gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición.

LAS MADRES, HIJAS Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS SIGUEN EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA.

Conoce y súmate

La obligación del Estado es proporcionarnos justicia y verdad pronta y expedita. Y no es así

María Antonia Márquez, madre de Nadia

Ya le hemos dicho [a una servidora pública] que Diana no tenía dos parejas, uno era su amigo y otro era su pareja. Y luego va a decir: Es que cada quien es libre, si Diana tenía sus dos parejas y le acabamos de decir que no son sus dos parejas. Es muy insensible, se lo hemos dicho muchas veces y siempre vuelve a sacar que Diana tenía dos parejas

Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana

Se necesita un personal más sensible que se ponga realmente en nuestros zapatos para poder realizar todas estas diligencias que están a petición de las familias

Ana Sosa, hija de Julia

Cuando vino el policía, me dice ¿a usted por qué le tenemos que dar protección? ¿sabe cuántas medidas tengo? ¿Ustedes, las mujeres, por qué hacen eso?

Laura Curiel, madre de Daniela

descarga el informe

En este documento desglosamos más a fondo la información sobre las deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

Por medio de esta campaña hacemos un llamado a las autoridades para que:

Reconozcan por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

Que destinen los recursos necesarios para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México y para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor, puedan hacerlo de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

Que investiguen aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas, e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.

Que garanticen a las madres, hijas, hijos y familiares de las víctimas de feminicidio, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición.

A través de la evidencia concluimos que:

El análisis realizado en el marco del informe Juicio a la Justicia, que destaca las deficiencias de las investigaciones de los feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, coincide con los hallazgos del informe realizado en 2003 por Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres sucedidos en Ciudad Juárez, el cual encontró deficiencias similares, incluyendo una mala gestión de las escenas del crimen y las pruebas, poner en duda a las víctimas y una falta de seguimiento de ciertas líneas de investigación. Todo ello sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención no son anecdóticas del norte de México, si no que forman parte de una realidad más amplia del país. Asimismo, el Estado mexicano persiste en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias de las víctimas de feminicidio y desaparición, el deber de no discriminación, y el derecho a la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen las familias de las víctimas.

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