Ante la noticia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Israel y en el Estado de Palestina, concretamente en la Franja de Gaza ocupada, desde al menos el 7 de octubre de 2023, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Nadie está por encima del derecho internacional: ni dirigentes de grupos armados, ni cargos gubernamentales —elegidos o no— o militares. Ninguna persona, con independencia de la causa que defienda, está por encima de la ley.
La medida adoptada por la Fiscalía de la CPI transmite un mensaje importante a todas las partes del conflicto dentro y fuera de Gaza, y es que deberán rendir cuentas por los daños ruinosos causados a la población de Gaza e Israel.
Los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados deben ser juzgados y obligados a rendir cuentas, con independencia del poder que tengan o el puesto de autoridad que ocupen.
Además, la solicitud de órdenes de detención por la Fiscalía de la CPI ante la situación en el Estado de Palestina es una oportunidad largamente esperada para poner fin al círculo vicioso de impunidad que ha imperado durante décadas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, y para restablecer la credibilidad del sistema de justicia internacional en su conjunto.
Todos los Estados deben respetar la legitimidad de la Corte y abstenerse de todo intento de intimidar o presionar a sus magistrados para que éstos puedan realizar su trabajo con plena independencia e imparcialidad.
Mientras la Fiscalía continúa sus investigaciones, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá examinar sin demora y tomar una decisión sobre estas primeras solicitudes de órdenes de arresto. Todos los Estados, incluidos los que no son partes en el Estatuto de la CPI, deben respetar esta decisión. Cuando los magistrados de la Corte aprueban una orden de detención, todos los Estados Partes en el Estatuto deben garantizar el cumplimiento de esa orden”.
Información complementaria
En las solicitudes presentadas para pedir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se alegan crímenes de guerra de causar inanición a la población civil, realizar ataques directos a civiles así como homicidio intencional y causar deliberadamente gran sufrimiento, y crímenes de lesa humanidad de exterminio —incluso causando inanición— y persecución, entre otros, con arreglo al Estatuto de Roma, cometidos en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.
En cuanto a los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, la Fiscalía alega crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de exterminio, asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, toma de rehenes y actos de tortura y otros malos tratos en el contexto de cautiverio, entre otros.
Estas solicitudes aún deben ser examinadas y aprobadas por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que se dicten las órdenes de detención. La Fiscalía añadió que hay investigaciones en curso. Eso significa que podría haber más solicitudes, contra otras personas y por otros presuntos crímenes.
Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo a la Fiscalía de la CPI que adopte de inmediato medidas concretas para acelerar la investigación abierta en marzo de 2021 en relación con posibles crímenes según el Estatuto de Roma de la CPI cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. El 29 de octubre y de nuevo en noviembre de 2023, la Fiscalía de la CPI emitió tardíamente declaraciones que confirmaban que la investigación en curso sobre la situación en Palestina abarcaría los actos cometidos por todos los bandos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a partir del 7 de octubre.
Hasta ahora, las autoridades israelíes no han llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e independientes sobre los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército israelí en todos los Territorios Palestinos Ocupados. Y las autoridades palestinas no han investigado los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por Hamás y otros grupos armados.
Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional demuestran que las fuerzas israelíes están cometiendo violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario desde el 7 de octubre de 2023, mediante ataques indiscriminados o directos contra civiles y contra bienes de carácter civil en la Franja de Gaza ocupada, que deben ser investigados como crímenes de guerra. Las autoridades israelíes tampoco han acatado las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia para prevenir el genocidio impidiendo deliberadamente el acceso a ayuda humanitaria suficiente. Amnistía Internacional ha documentado asimismo ataques indiscriminados o directos contra civiles y bienes de carácter civil perpetrados por las fuerzas armadas israelíes durante los conflictos de 2008-2009, 2014 y 2021.
La organización de derechos humanos también ha documentado violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados palestinos desde el 7 de octubre, incluidos homicidios deliberados de civiles, toma de rehenes y ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Amnistía Internacional pide a Hamás y otros grupos armados palestinos que pongan en libertad sin condiciones a todos los civiles que continúan retenidos como rehenes en Gaza. La toma de rehenes es un crimen de guerra. Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados en Gaza, que incluyen tortura y otros malos tratos, ataques indiscriminados con cohetes contra Israel y otros ataques que han causado muertes de palestinos en la Franja de Gaza ocupada.
