La libertad de prensa e información en Rusia

El Día Internacional de la Libertad de Prensa viene marcado en Rusia por los implacables ataques al periodismo libre por informar sobre la invasión rusa de Ucrania y las actividades del movimiento contra la guerra han llevado al éxodo de cientos de periodistas de Rusia.

Esta frase da título al informe publicado por Amnistía Internacional el pasado 24 de noviembre de 2022. Un documento demoledor que analiza la situación de la libertad de prensa e información en Rusia y que refleja con exactitud el escenario que viven cotidianamente los profesionales de la prensa e información, así como cualquier persona o institución, que pretenda hacer uso del derecho a la libertad de expresión, algo que se ha agravado tras la invasión de Ucrania.

Una empleada de Channel One se ve en la pantalla con una mujer que sostiene un cartel de fondo en el que se lee “No a la guerra” y se condena la acción militar de Moscú en Ucrania, en Moscú, el 14 de marzo de 2022. Foto de © AFP via Getty Images

Sin embargo, la situación no es nueva. Desde el mismo comienzo de la presidencia de Vladimir Putin, en 2000, las autoridades rusas han ido limitando gradualmente el derecho a la protesta pacífica, la información libre y el trabajo de la prensa y han sancionado cada vez con más contundencia a quienes intentan ejercerlo, haciendo de la Federación Rusa una región donde la disidencia está prácticamente prohibida.

Antes de que comenzara la invasión de Ucrania, miles de profesionales del periodismo ya se enfrentaban a amenazas y hostigamiento. Es el caso de Elena Milashina, que ha venido sufriendo impunemente agresiones y amenazas de muerte desde el año 2012, por informar sobre diferentes temas incómodos para las autoridades. En 2017 desveló la campaña de secuestros, torturas y homicidios del colectivo gay en Chechenia, a lo que el líder checheno, Ramzán Kadírov, respondió con amenazas directas que obligaron a Elena a exiliarse durante un tiempo. En 2021, tras regresar a Rusia, publicó el reportaje “Morir de coronavirus es un mal menor” sobre cómo la población chechena había empezado a ocultar la enfermedad y a morir en su casa a raíz de que el presidente equipara a las personas infectadas con terroristas y pidiera que se tomaran medidas contra ellas. El presidente Kadírov respondió amenazando de muerte a Elena a través de Instagram y las autoridades rusas ordenaron la retirada del reportaje de Novaya Gazeta, el medio para el que trabajaba. En febrero de 2022 tuvo que volver a abandonar Rusia y buscar exilio en el extranjero, desde donde continúa su labor periodística.

Pero si ha habido un hecho que ha marcado un giro aún más preocupante para los profesionales del periodismo en Rusia, este ha sido la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde el principio, las autoridades rusas se han encargado de endurecer aún más la legislación que regula la libertad e expresión, prensa e información con la definición de nuevos “delitos”, tales como “descreditar a las fuerzas armadas, basados en una legislación que restringe la libertad de expresión e incrementa considerablemente los peligros a los que se enfrentan observadores y observadoras, periodistas y demás personal de los medios de comunicación al informar sobre reuniones públicas”. El 24 de febrero, un día antes de que los tanques rusos cruzaran la frontera con Ucrania, el organismo ruso de control de los medios de comunicación, Roskomnadzor, ordenaba a todos los medios que utilizaran únicamente la información proporcionada por fuentes estatales oficiales. Cualquiera a quien se descubriera desobedeciendo esta orden podría encontrarse con el bloqueo de sus sitios web y con multas de hasta 62.600 dólares estadounidenses.

Poco menos de un mes después, el 4 de marzo, se aprobaba una nueva legislación que penalizaba “difundir falsa información sobre las Fuerzas Armadas Rusas” (artículo 207.3 del Código Penal) y “desacreditar” a las Fuerzas Armadas Rusas desplegadas en el extranjero (artículo 20.3.3 del Código de Delitos Administrativos). A partir de entonces, toda persona acusada de cometer estos “delitos” se enfrenta a pagar multas exorbitantes o a cumplir una pena de hasta 15 años de prisión. A lo largo de los tres días siguientes, más de 140 personas, no solo periodistas, fueron detenidas en aplicación de la nueva ley, que en la práctica prohíbe la palabra “guerra” y los llamamientos en favor de la “paz”.

Concentración en protesta por la violencia ejercida contra los manifestantes en Rusia. © Jorge Mantilla/NurPhoto vía Getty Images

Quince meses después, el resultado es sofisticado sistema de restricciones y duras represalias para aplastar las protestas públicas, que llega a suprimir toda información sobre ellas por parte de periodistas y personal observador independiente. Solo en 2022, al menos 12 periodistas y profesionales de los medios de comunicación perdieron la vida y 21 resultaron heridos mientras ejercían su profesión, y desde la invasión de Ucrania, en febrero, casi la totalidad de los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados y/o declarados “agentes extranjeros”y todos los demás están sometidos a la censura militar. Todas las cadenas de televisión privadas e independientes tienen prohibido emitir, con la excepción de los canales de entretenimiento por cable.

Sin duda, este último año ha resultado especialmente nefasto para la libertad de información: bloqueo de medios de comunicación como Nastoyashchee Vremya, suspensión de la versión en ruso de Euronews; retirada de licencia a diarios independientes como Novaya Gazeta; cierre de decenas de medios de comunicación independientes y bloqueo de miles de sitios web, bloqueo de las plataformas de redes sociales Twitter, Instagram y Facebook; multas millonarias a empresas y periodistas como la publicación independiente Vechernie Vedomosti y su editora Guzel Aitukova, depuración de presentadores y periodistas de las empresas de comunicación públicas como Ivan Urgant y Elena Chernenko.

También se produjeron multitud de detenciones y arrestos a periodistas como son los casos de Mikhail Afanasyev, redactor jefe del periódico online Novy Fokus, Sergei Mikhaylov, fundador deListok, el ex periodista Ivan Safronov, que fue condenadoa 22 años de prisión, y más recientemente María Ponomarenko, periodista en el medio digital RusNews en Barnaul, Siberia Occidental, que fue condenada el 15 de febrero de 2023 a seis años de privación de libertad en una colonia penitenciaria, por una publicación en las redes sociales sobre el ataque de las fuerzas rusas a un teatro de Mariupol en el que murieron civiles.

Aleksandra Skochilenko. © Amnesty International

A día de hoy, quedan muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Los canales de radio y televisión y los medios impresos están dominados por el Estado. Las autoridades han bloqueado el acceso a decenas de medios de comunicación digitales, tanto rusos como internacionales. Los medios que continúan trabajando tienen que elegir con mucho cuidado los temas de interés público sobre los que informan y las palabras que utilizan para evitar represalias, y a menudo ejercen la autocensura. Un error de cálculo puede costarles muy caro: desde el bloqueo del medio y fuertes multas, hasta acciones penales y largas penas de prisión. Las protestas contra la guerra, incluidas las unipersonales como la de Marina Ovsyannikova, editora del Canal 1 ruso —controlado por el Estado— que irrumpió en un programa de noticias retransmitido en directo para protestar contra la invasión, y otras formas muy creativas de oponerse al conflicto, como la de Aleksandra Skochilenko, activista que cambió etiquetas de precios en supermercados por consignas contra la guerra, se han convertido en un objetivo directo de las autoridades.

Una vez más, “de todas formas, te vamos a arrestar”, es la frase que más escuchan los profesionales del periodismo en Rusia. La Libertad de Prensa es una libertad que en Rusia ha sido cercenada mediante leyes, amenazas, detenciones, torturas, encarcelamientos… todo por el simple hecho de contar lo que estas personas ven a través de sus ojos.