Fuerzas de seguridad armadas en un vehículo negro circulan por una calle de Tonekabon (Shahsavar), provincia de Mazandaran, el 15 de enero de 2026. Las autoridades iraníes han impuesto una represión militarizada desde las masacres de las protestas del 8 y 9 de enero de 2026. (Copyright Credit: Private)
“Detenciones arbitrarias generalizadas, desapariciones forzadas, prohibiciones de reuniones y ataques para silenciar a familias de víctimas caracterizan la asfixiante militarización impuesta en Irán por las autoridades de la República Islámica después de las masacres perpetradas en las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Desde los días 8 y 9 de enero de 2026, cuando las autoridades iraníes cometieron homicidios ilegítimos en masa en una escala sin precedentes para aplastar el levantamiento popular que pedía el fin de su opresivo régimen, las autoridades han emprendido una represión coordinada y militarizada para evitar más disidencia y ocultar sus crímenes.
La represión en todo el país conlleva mantener un apagón total de Internet, el despliegue de patrullas de seguridad fuertemente armadas, la imposición de toques de queda nocturnos e impedir cualquier tipo de reunión. Las fuerzas de seguridad también han arrestado a miles de manifestantes y disidentes, y sometido a las personas detenidas a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual. Además, las autoridades siguen hostigando e intimidando sin descanso y cruelmente a las familias que lloran la muerte violenta de sus seres queridos en las protestas.
“Mientras el pueblo de Irán sigue aturdido por el dolor y la conmoción de las masacres sin precedentes cometidas durante la dispersión de las protestas, las autoridades iraníes llevan a cabo un ataque coordinado contra los derechos del pueblo de Irán a la vida, la dignidad y las libertades fundamentales en un intento criminal de aterrorizar a la población y sumirla en el silencio. Con el cierre de Internet en curso, las autoridades están aislando deliberadamente a más de 90 millones de personas del resto del mundo para ocultar sus crímenes y eludir su responsabilidad”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La comunidad internacional no debe permitir que otro capítulo de atrocidades masivas en Irán quede enterrado sin consecuencias. Hace tiempo que deberían haberse emprendido acciones internacionales urgentes, incluidos pasos hacia la rendición de cuentas a través de mecanismos de justicia internacionales independientes, para romper el ciclo de derramamientos de sangre e impunidad”.
El 21 de enero de 2026, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración según la cual habían perdido la vida 3.117 personas durante el levantamiento. Sin embargo, el 16 de enero de 2026, la relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, había dicho en una entrevista de prensa que se había matado al menos a 5.000 personas.
Dada la gravedad de la situación, hoy se celebra una sesión especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un documento distribuido al cuerpo diplomático en Ginebra el 19 de enero de 2026, el representante permanente de Irán trató de presentar las protestas como una “amenaza para la seguridad” diseñada en el extranjero, en un intento de evitar el escrutinio internacional. El documento también decía, falsamente, que las autoridades se habían “abstenido de adoptar un enfoque de seguridad estricta de carácter general o indiscriminado” después del levantamiento, justificando el cierre total de Internet como una medida de “seguridad pública”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que restablezcan de inmediato el acceso a Internet; pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente; revelen la suerte y el paradero de todas las personas objeto de desaparición forzada; protejan a todas las personas bajo custodia de la tortura y otros malos tratos, y concedan a estas personas acceso a sus abogados, a sus familias y a la atención médica que necesiten. Las autoridades también deben detener la intimidación y el hostigamiento de las familias de las víctimas.
El bloqueo de información impuesto por las autoridades iraníes desde el 8 de enero de 2026 ha obstruido gravemente la documentación detallada de las violaciones de derechos humanos. Además, hay pruebas cruciales —como vídeos y fotografías tomados en teléfonos móviles— que se han perdido cuando las fuerzas de seguridad confiscaban dispositivos a quienes mataban ilegítimamente o detenían de forma arbitraria.
A pesar de ello, para este comunicado de prensa, Amnistía Internacional pudo hablar con una persona defensora de los derechos humanos y una persona profesional de la medicina en Irán, y con 13 fuentes informadas fuera del país, entre ellas familiares de víctimas de homicidio ilegítimo o de detención, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas con información sobre violaciones de derechos cometidas en las provincias de Alborz, Chahar Mahal y Bajtiarí, Isfahán, Gilan, Ilam, Kermanshah, Kurdistán, Jorasán Razaví, Teherán y Azerbaiyán Occidental. Amnistía Internacional también ha analizado vídeos de la represión militarizada en Irán publicados en Internet y ha examinado declaraciones oficiales e informes de organizaciones iraníes independientes de derechos humanos.
Arrestos arbitrarios masivos y desapariciones forzadas
Según informaciones de medios de comunicación afines al Estado publicadas el 16 de enero de 2026, las autoridades han arrestado a miles de personas en relación con las protestas. Informes independientes y otras informaciones que ha recibido Amnistía Internacional indican que decenas de miles de personas, menores de edad incluidas, han sido detenidas arbitrariamente.
En los últimos días, las autoridades iraníes han practicado arrestos masivos en todo el país, llevándose a gente durante asaltos nocturnos a domicilios, en puestos de control, en lugares de trabajo y en hospitales. Además de personas que protestaban, entre las arrestadas hay estudiantes de universidad y escolares, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas.
Amnistía Internacional ha recibido alarmantes informes que indican que las fuerzas de seguridad habían arrestado a manifestantes que estaban recibiendo tratamiento en hospitales. Una persona defensora de los derechos humanos en Irán dijo a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad de la provincia de Isfahán habían ordenado al personal médico de los hospitales que les notificaran sobre pacientes con heridas de bala y de perdigones. Dos fuentes informadas dijeron a la organización que las fuerzas de seguridad de las provincias de Isfahán y Chahar Mahal y Bajtiarí habían arrestado a manifestantes heridos que estaban en el hospital, algunos de los cuales necesitaban atención médica para salvar la vida. Teniendo en cuenta patrones bien documentados de tortura y otros malos tratos durante la represión de protestas anteriores, preocupa sobremanera que las fuerzas de seguridad nieguen atención médica adecuada a las personas heridas a las que se llevan de los hospitales, aumentando así el riesgo de muertes bajo custodia.
Según información recibida por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad han amenazado al personal médico en la provincia de Isfahán con el enjuiciamiento y otros daños por tratar a manifestantes con heridas sin notificarlo a las autoridades.
Familias de personas detenidas, activistas y periodistas han contado a Amnistía Internacional que las autoridades se niegan sistemáticamente a facilitar información sobre la suerte y el paradero de muchas de las personas detenidas, sometiéndolas así a desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional. Algunas personas detenidas han sido llevadas a prisiones y otros centros oficiales de detención, mientras que otras están bajo custodia en cuarteles militares, almacenes u otros lugares de detención improvisados sin registro oficial, por lo que corren un mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
Según fuentes informadas, durante el arresto y en detención, las fuerzas de seguridad han sometido a personas detenidas a tortura y otros malos tratos como palizas, violencia sexual, amenazas de ejecución sumaria y negación deliberada de comida, agua y atención médica adecuados.
En un caso documentado por la organización, el 9 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio familiar de un manifestante, Amirhossein Ghaderzadeh, en Rasht (provincia de Gilan) y lo arrestaron. Los agentes lo desnudaron a él y a sus dos hermanas, una de ellas de 14 años, para examinar su cuerpo en busca de perdigones y “demostrar” su participación en las protestas. Desde entonces, las autoridades se niegan a revelar a su familia su suerte y su paradero, sometiéndolo así a desaparición forzada.
Amnistía Internacional ha sabido de fuentes informadas que, en el contexto de la denegación sistemática del acceso a abogados, las autoridades obligan a las personas detenidas a firmar declaraciones que no les han permitido leer y a hacer “confesiones” forzadas de crímenes que no habían cometido, así como de actos de disidencia pacíficos.
En los últimos días, medios de comunicación estatales han transmitido decenas de vídeos de propaganda que muestran a personas detenidas “confesando” actos pacíficos como enviar imágenes de protestas a medios fuera de Irán, así como actos violentos como vandalismo e incendio. Las autoridades iraníes tienen una larga trayectoria de transmitir “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura para influir en la opinión pública y allanar el camino para la imposición de condenas duras como la pena de muerte.
En medio del clima de impunidad sistémica de que gozan las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional expresa enorme preocupación por la repetición de patrones de tortura y otros malos tratos a manifestantes detenidos documentadas con anterioridad, como palizas, flagelación, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, suspensión de las muñecas o del cuello, violación y otras formas de violencia sexual.
Las declaraciones públicas de altos cargos que califican a quienes protestan de “terroristas” y “criminales” han agravado el temor de que se practiquen más arrestos y se celebren juicios acelerados mediáticos manifiestamente injustos que desemboquen en ejecuciones arbitrarias.
Desde el 10 de enero de 2026, el fiscal general de Irán y los fiscales provinciales han calificado públicamente a quienes protestan de mohareb (“persona acusada de hacer la guerra a Dios”), cargo que lleva aparejada la pena de muerte en Irán.
El 19 de enero de 2026, el presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni-Eje’i, ordenó enjuiciamientos rápidos y castigos “disuasorios”. Dos días después, alardeó públicamente de haber ordenado contra manifestantes bajo custodia cargos más graves que los formulados por los fiscales. En una violación flagrante de los derechos a un juicio con las debidas garantías, también ha interrogado a manifestantes sin presencia de un abogado para que hicieran “confesiones” bajo coacción emitidas en los medios de comunicación estatales.
Intimidación de familias de víctimas
Las familias de las personas fallecidas o detenidas son sometidas a una campaña de intimidación y coacción sistemáticas.
Las autoridades han presionado a familiares para que celebrasen entierros en plena noche en presencia de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ha recibido información de una persona profesional de la medicina que dijo que en Mashhad (provincia de Jorasán Razaví), las fuerzas de seguridad habían hecho entierros masivos sin notificar a las familias de los fallecidos.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, después de las masacres de los días 8 y 9 de enero de 2026, se ha comunicado a muchas familias que iban a retener el cuerpo de su ser querido hasta que pagaran una suma exorbitante de dinero, firmaran un compromiso o hicieran una declaración pública falsa afirmando que la persona fallecida pertenecía a los batallones de la Guardia Revolucionaria Islámica Basij y no era un manifestante, y culpando de su muerte a “terroristas”.
La familia de una mujer que murió en la provincia de Teherán envió a Amnistía Internacional capturas de pantalla de una conversación con un familiar en Irán, que escribió:
“[Las autoridades] han cometido atrocidades aquí. Las fuerzas de seguridad dispararon […] y ella murió desangrada porque no recibió ninguna atención médica… Cuando matan a alguien, no es fácil que entreguen el cuerpo a la familia. Si la familia quiere reclamar el cuerpo, debe escribir que la persona era miembro del Basij y que la mataron los manifestantes”.
Una fuente informada dijo a la organización que sabe de al menos una víctima a la que mataron en la provincia de Teherán el 8 de enero de 2026 cuya familia no pudo recuperar su cuerpo hasta más de dos semanas después de su muerte porque no puede pagar la cantidad que le pedían las autoridades.
Las autoridades han transmitido declaraciones de varias familias desconsoladas obligadas a respaldar relatos falsos del Estado sobre el homicidio ilícito de su ser querido. En un caso relacionado con el homicidio ilícito de una niña de dos años que recibió un disparo en la cabeza en Neyshabur (provincia de Jorasán Razaví) el 9 de enero de 2026, los medios de comunicación estatales transmitieron varios videos de propaganda en los que se eximía de responsabilidad a las fuerzas de seguridad y culpaban de la muerte a “terroristas”. Un video muestra una declaración de su padre; en el vídeo se oye una voz en off que le indica lo que tiene que decir y al padre repitiéndolo literalmente. Las autoridades no han dado a conocer el nombre completo de la niña, aunque informaron de que su nombre era “Bahar”.
Amnistía Internacional ha sabido que muchas familias buscan aún a sus seres queridos en paradero desconocido mientras las autoridades continúan negándoles cualquier información sobre si han muerto o están detenidos.
Entorno militarizado que causa una represión asfixiante
Desde el 9 de enero de 2026, las autoridades han impuesto medidas de control generalizadas de estilo militar en todo el país. Se han desplegado unidades fuertemente armadas de las fuerzas de seguridad en todo el país que han creado densas redes de puestos de control y patrullas armadas en ciudades y carreteras interurbanas.
Las fuerzas de seguridad dan el alto habitualmente a los coches de la población de forma arbitraria y registran el vehículo y los teléfonos móviles. Fuentes informadas han dicho a la organización que las autoridades han limitado la libertad de circulación e impuesto toques de queda nocturnos. Desde el anochecer, las fuerzas de seguridad ordenan con altavoces a la gente que vuelvan a sus casas y permanezcan en ellas. Estas patrullas advierten de que están prohibidas las reuniones en la calle de dos o más personas y que darán lugar a arrestos.
Amnistía Internacional ha analizado vídeos publicados en Internet que respaldan los relatos de testigos sobre la militarización. Un video de Mashhad (provincia de Jorasán Razaví), publicado el 15 de enero de 2026, muestra a las fuerzas de seguridad patrullando los bulevares de Hashemiyeh y Vakil Abad a pie y en vehículos.
Otro video de Borujerd (provincia de Lorestán), publicado en Internet el 17 de enero de 2026, muestra a miembros de las fuerzas de seguridad armados en uniformes de camuflaje beige y equipados con armas de fuego letales, y vehículos a lo largo del bulevar Takhti. El vídeo muestra camiones blindados y lo que parecen camiones civiles reconvertidos con grandes boquillas para usarlas probablemente como cañones de agua.
Un tercer video publicado el 15 de enero de 2026 desde Tonekabon (Shahsavar, provincia de Mazandarán) muestra decenas de vehículos de las fuerzas de seguridad, incluidas motocicletas y un vehículo blindado para transporte de personal, llevando agentes por el bulevar Shiroudi.
Otros videos muestran a las fuerzas de seguridad burlándose de la gente para crear una atmósfera de intimidación. Un video publicado en Internet el 20 de enero de 2026 muestra a miembros armados de las fuerzas de seguridad con la cara tapada que patrullan las calles de zonas residenciales en camionetas sobre las que hay ametralladoras pesadas y ordenan reiteradamente a la gente que “entre” mientras corean frases que aclaman al Líder Supremo. Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente la ubicación donde se grabaron estas imágenes.
