· Primer ejercicio de mapeo de este tipo, que, junto con una investigación cualitativa en varios países, revela la profundidad y la magnitud del daño potencial causado por el sector
· 520 millones de niños y niñas viven a menos de 5 km de infraestructuras de combustibles fósiles, incluso en posibles “zonas de sacrificio”
· Contaminación y saqueo cultural mediante la coacción, la intimidación y la deslegitimación de los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra y el medioambiente
Las infraestructuras de combustibles fósiles suponen un riesgo para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, según afirman Amnistía Internacional y Better Planet Laboratory (BPL) en un nuevo informe sobre los daños que el sector de los combustibles fósiles causa al clima, a las personas y a los ecosistemas de todo el mundo.
El informe, Extinción por extracción: Por qué el ciclo de vida de los combustibles fósiles amenaza la vida, la naturaleza y los derechos humanos, demuestra que el ciclo de vida completo de los combustibles fósiles destruye ecosistemas naturales irremplazables y socava los derechos humanos, en particular los de quienes viven cerca de las infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles. Se ha demostrado que la proximidad a infraestructuras de carbón, petróleo y gas aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas reproductivos y otros efectos negativos para la salud. Amnistía Internacional se ha asociado con Better Planet Laboratory, de la Universidad de Colorado Boulder, para llevar a cabo el primer ejercicio de mapeo de este tipo con el fin de estimar la magnitud potencial del daño global causado por las instalaciones de producción de combustibles fósiles existentes y futuras.
“El sector de los combustibles fósiles, en constante expansión, pone en peligro miles de millones de vidas y altera de forma irreversible el sistema climático. Hasta ahora, no existía una estimación global del número de personas que viven en las proximidades de infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles. Nuestro trabajo en colaboración con BPL revela la magnitud de los enormes riesgos que plantean los combustibles fósiles a lo largo de su ciclo de vida. Los proyectos de carbón, petróleo y gas provocan el caos climático y perjudican a las personas y a la naturaleza”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Este informe aporta aún más pruebas de la necesidad imperiosa de que los Estados y las empresas “desfosilicen” la economía mundial para mitigar los peores efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos. La era de los combustibles fósiles debe terminar ya”.
BPL, líder en investigación y cálculos globales, ha mapeado la escala de exposición a las infraestructuras de combustibles fósiles mediante la superposición de datos sobre la ubicación conocida de dichas infraestructuras con datos poblacionales en cuadrículas, conjuntos de datos que son indicadores de ecosistemas críticos, datos sobre emisiones diarias globales en cuadrículas y datos sobre la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas. Es probable que las conclusiones de BPL subestimen las verdaderas dimensiones globales debido a las discrepancias en la documentación de los proyectos de combustibles fósiles y a la limitada información censal disponible en los distintos países.
El informe también se basa en una investigación cualitativa en profundidad realizada en colaboración con la Clínica de Derechos Humanos de la Familia Smith de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, que consiste en entrevistas realizadas a más de 90 personas, entre ellas personas directamente afectadas de
comunidades pesqueras artesanales de Brasil (bahía de Guanabara), defensores indígenas de la tierra en Canadá (territorio de la nación Wet’suwet’en) y comunidades costeras de Senegal (delta del Saloum), personalidades académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales. También utiliza datos de fuentes abiertas y la teledetección para corroborar y visualizar los resultados. Estos datos se complementaron con los resultados y conclusiones de investigaciones anteriores de Amnistía Internacional y con las campañas en curso contra las colosales empresas petroleras y gasísticas de Ecuador, Colombia y Nigeria.
Las enormes magnitudes de la población en riesgo
Al menos 2.000 millones de personas viven a menos de 5 km de más de 18.000 emplazamientos de infraestructuras de combustibles fósiles en funcionamiento repartidos por 170 países de todo el mundo. De ellas, se estima que más de 520 millones son niños y niñas, y que al menos 463 millones viven a menos de 1 km de las instalaciones, por lo que están expuestas a riesgos ambientales y de salud mucho mayores.
Los pueblos indígenas están expuestos de manera desproporcionada, ya que más del 16% de las infraestructuras de combustibles fósiles del mundo se encuentran en territorios indígenas. Como mínimo, el 32% de las instalaciones de combustibles fósiles existentes que se han mapeado se solapan con uno o más “ecosistemas críticos”.*
El sector de los combustibles fósiles sigue en expansión: hay más de 3.500 infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles propuestas, en desarrollo o en construcción en todo el mundo. Las cifras de BPL sugieren que dicha expansión podría poner en riesgo al menos a 135 millones de personas más. Hay que destacar que se prevé un aumento del número de proyectos de petróleo y gas en todos los continentes, mientras que el número de centrales y minas de carbón está aumentando principalmente en China y en India.
“Los gobiernos se han comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, pero ahora tenemos pruebas claras de que los nuevos proyectos relacionados con los combustibles fósiles siguen expandiéndose de forma preferente en nuestros ecosistemas más críticos a nivel mundial, lo que contradice directamente los objetivos climáticos declarados”, señaló Ginni Braich, científica sénior de datos de BPL que dirigió el documento en el que se basan las conclusiones globales del informe.
El coste humano de la producción de combustibles fósiles
“Estamos sufriendo el desgaste de una batalla intergeneracional… No sobreviviremos físicamente [a esto]. Nunca fuimos quienes provocaron el conflicto, pero hemos sido los que han soportado todo el peso de la violencia”, manifestó Tsakë ze’ Sleydo’ (Molly Wickham), defensora de las tierras de la nación Wet’suwet’en, al describir la inminente construcción de nuevos compresores destinados a aumentar la rentabilidad del gasoducto Coastal GasLink (CGL) en Canadá.
La extracción, el procesamiento y el transporte de combustibles fósiles socavan los derechos humanos de las comunidades vecinas y provocan una grave degradación ambiental, riesgos para la salud, y la pérdida de la cultura y los medios de subsistencia.
Algunos de los grupos entrevistados describieron la extracción como una forma de saqueo económico o cultural, perpetrado por actores corporativos mediante intimidación y coacción. “No buscamos dinero; solo queremos lo que es nuestro. Solo queremos pescar en la bahía de Guanabara, es nuestro derecho. Y nos están quitando nuestros derechos”, aseguró Bruno Alves de Vega, pescador artesanal urbano de Río de Janeiro, Brasil.
Todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales y de las tierras indígenas entrevistados por Amnistía Internacional se enfrentaban a graves riesgos para su seguridad, a menudo derivados de conflictos con empresas cuyas actividades amenazan los modos de vida tradicionales y la integridad de los ecosistemas.
Además de las amenazas físicas y por Internet, los Estados y las empresas han recurrido a la guerra jurídica, abusando de las acciones legales, incluidos los procesos penales, para silenciar, deslegitimar e intimidar a los defensores y defensoras. “Cuando nos alzamos para defender el yin’tah, (territorio de la nación Wet’suwet’en), nos criminalizan. Los mandamientos judiciales son un arma jurídica colonial que se ha convertido en un mecanismo para la militarización de nuestra comunidad y la criminalización de nuestro pueblo, y para que las empresas puedan llevar a cabo actividades de extracción destructivas sin el consentimiento indígena, afirmaron otros defensores y defensoras de la tierra de la nación Wet’suwet’en.
Los miembros de las comunidades que viven en las proximidades de las infraestructuras de combustibles fósiles condenaron la falta de consultas directas y significativas y la falta de transparencia por parte de las empresas. Muchas de estas personas afirmaron que no conocían plenamente el alcance de las actividades en curso o los planes de expansión de los operadores y declararon que no habían dado su consentimiento a los proyectos que afectaban a su territorio.
Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en el delta del Saloum, en Senegal, expresaron su preocupación por la escasa difusión de información accesible sobre los posibles impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto Sangomar por parte de las autoridades y del operador del proyecto, Woodside, una importante empresa australiana de combustibles fósiles.
“Estos casos prácticos son solo algunos ejemplos de un problema globalizado. La mayoría de los grupos afectados condenaron el desequilibrio de poder entre sus comunidades y las empresas operadoras, así como la falta de soluciones eficaces. La era de los combustibles fósiles está llegando inevitablemente a su fin y los Estados deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos ambientales que luchan por proteger sus comunidades”, manifestó Candy Ofime, investigadora y asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional.
“Los Estados deben investigar las amenazas físicas y por Internet a las que se enfrentan los defensores y defensoras, y poner en marcha programas de protección sólidos para garantizar que las voces críticas que abogan por una transición energética urgente y equitativa puedan configurar la acción climática de forma segura y significativa”.
La destrucción de ecosistemas naturales irreemplazables
La mayoría de los proyectos documentados crearon puntos críticos de contaminación, que convierten a las comunidades colindantes y a los ecosistemas críticos en “zonas de sacrificio”.** La exploración, el procesamiento, el desarrollo de emplazamientos, el transporte y el desmantelamiento de las explotaciones de combustibles fósiles causaron o pusieron en riesgo de sufrir daños a las personas y la vida silvestre, provocaron una grave contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero y dañaron áreas clave para la biodiversidad o sumideros de carbono.
A pesar de los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre el clima y de los repetidos llamamientos de las Naciones Unidas para que se eliminen urgentemente los combustibles fósiles, las medidas adoptadas por los gobiernos han sido totalmente insuficientes. Los combustibles fósiles siguen representando el 80% del suministro mundial de energía primaria, a la vez que el sector está intensificando sus esfuerzos para ejercer una influencia indebida en los foros sobre política climática con el fin de impedir su rápida eliminación.
“Los Estados deben emprender una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, así como una transición justa hacia energías renovables producidas de manera compatible con los derechos humanos. Amnistía Internacional insta urgentemente a la adopción y aplicación de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, añadió Agnès Callamard.
“La crisis climática es una manifestación y un catalizador de injusticias profundamente arraigadas. Este informe responde a la visión del país anfitrión, Brasil, de que la COP30 de este año sea un foro para la participación significativa de los pueblos forestales, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y la sociedad civil. Nuestro informe expone la magnitud de los daños climáticos y de derechos humanos asociados con la producción de combustibles fósiles en todo el mundo, e ilustra el impacto desigual que tiene el sector sobre los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, a la vez que destaca la resistencia que están oponiendo.
“El sector de los combustibles fósiles y los Estados que lo patrocinan llevan décadas defendiendo que el desarrollo humano requiere combustibles fósiles. Pero sabemos que, bajo el pretexto del crecimiento económico, han servido más bien a la codicia y a los beneficios sin límites, han violado los derechos con casi total impunidad y han destruido la atmósfera, la biosfera y los océanos. Contra estos patrones continuos, contra la economía política global de represión basada en los combustibles fósiles, debemos resistir colectivamente y exigir que las autoridades mundiales cumplan con sus obligaciones y compromisos. La humanidad debe triunfar”.
*Ecosistemas críticos: entornos naturales ricos en biodiversidad, que son esenciales para la captura de carbono o en los que la degradación ambiental continua o los desastres podrían provocar un colapso en cadena de los ecosistemas.
** Zona de sacrificio: área fuertemente contaminada cuyas comunidades —de bajos ingresos y marginadas— sufren de forma desproporcionada las consecuencias de la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas.
Información complementaria
Liga a la conferencia de medios ofrecida en Belem, Brasil, en la que se presentó el Informe Extinción por extracción. https://unfccc.int/event/amnesty-international-0 (solo disponible en inglés).
