Maura, mujer transgénero, lleva viviendo la mitad de su vida en Estados Unidos. Hace años, buscó seguridad en este país tras experimentar una implacable violencia tránsfoba en México después de haberse marchado de Nicaragua cuando era muy joven. Las autoridades estadounidenses la mantienen desde hace más de dos años recluida en un centro de detención de inmigración de California, donde ha sufrido abusos y carece de atención médica adecuada. Exigimos a las autoridades que pongan en libertad inmediata a Maura.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Gregory J. Archambeault
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de San Diego (ICE)
Director de la Oficina de Inmigración y Aduanas sobre el Terreno
San Diego Immigration and Customs Enforcement (ICE)
ERO Field Office Director
ICE Field Office, 880 Front Street #2242
San Diego, CA 92101 (Estados Unidos)
Correo-e: Gregory.J.Archambeault@ice.dhs.gov
Señor Director Archambeault:
Me dirijo a usted para pedirle que ponga en libertad inmediata a Maura, una mujer transgénero de 41 años de Nicaragua que está detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde abril de 2019 en el Centro de Detención de Otay Mesa, en California, donde ha sufrido abusos y carece de atención médica adecuada.
El ICE tiene los poderes legales y discrecionales necesarios para ponerla en libertad. Maura busca ahora protección porque teme por su vida si es devuelta a Nicaragua como mujer transgénero. Nicaragua no es un país seguro para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), especialmente para las mujeres trans.
La detención de Maura es perjudicial, innecesaria y contraria al compromiso declarado del presidente Joseph Biden de defender la justicia racial y los derechos humanos.
Le insto a que ordene la libertad de Maura mientras ésta reivindica su derecho a buscar protección en Estados Unidos.
Atentamente,
[NOMBRE]
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pese a haber dado pasos positivos para rectificar algunas políticas discriminatorias y xenófobas del pasado, el presidente Joseph Biden y su administración aún no han llevado a cabo varias reformas en materia de inmigración a las que se habían comprometido y deben cambiar de rumbo inmediatamente en cuanto a la reclusión por motivos de inmigración. Poco después de tomar posesión de su cargo, a principios de febrero, el ICE había detenido a 13.860 personas. El 2 de junio, esta cifra ha aumentado más del 66% hasta llegar a las 23.107. Además, se está expulsando sumariamente a miles de personas más sin darles la oportunidad de pedir protección. Las personas inmigrantes y solicitantes de asilo negras y morenas representan la abrumadora mayoría de las detenidas y hace tiempo que sufren una discriminación añadida y abusos contra los derechos humanos a manos del ICE.
Amnistía Internacional pide a la administración Biden y a sus agencias correspondientes que pongan en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración mediante un proceso de revisión afirmativa de expedientes con presunción de libertad, eliminen gradualmente los contratos del ICE con empresas penitenciarias privadas y cárceles de condado, y pongan fin a la detención de familias. En lugar de la detención por motivos de inmigración, la presunción debe ser la libertad, y se debe permitir que las personas solicitantes de asilo e inmigrantes vivan en la comunidad, con el apoyo de patrocinadores, servicios comunitarios y programas de gestión de casos.
La detención de solicitantes de asilo sólo debe ser un último recurso, cuando otras alternativas que no impliquen privación de libertad hayan resultado o se hayan considerado insuficientes en el caso de la persona en cuestión. Según el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención de solicitantes de asilo basada exclusivamente en su condición de inmigrantes puede constituir rápidamente, “cuando no de forma inmediata”, malos tratos contra personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo específicamente a las mujeres, las personas ancianas, las personas con enfermedades o las personas que pertenecen a minorías sociales, incluidas las LGBTI+.
En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense tiene la obligación de garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo se respetan, se protegen , y se hacen efectivos. En su informe de julio de 2017 sobre una visita a Estados Unidos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria manifestó: “la detención preceptiva de inmigrantes, especialmente solicitantes de asilo, es contraria a las normas internacionales de derechos humanos y relativas a los refugiados […]. El Grupo de Trabajo ha observado que el actual sistema de detención de inmigrantes y solicitantes de asilo es, en muchos casos, punitivo, irrazonablemente largo, innecesario y costoso, cuando existen soluciones alternativas basadas en la comunidad, […] no basadas en una evaluación individual de la necesidad y la proporcionalidad de la detención, llevada a cabo en condiciones degradantes, y que disuade de presentar solicitudes de asilo legítimas”.
El gobierno de Estados Unidos está obligado a no devolver a personas a una situación en la que éstas puedan correr peligro de tortura u otros abusos graves contra los derechos humanos: lo que se conoce como el principio de no devolución (nonrefoulement). Esas salvaguardias son imperativas para proteger a las personas refugiadas que huyen de la violencia y la persecución. Amnistía Internacional y prácticamente todas las organizaciones que informan con detalle sobre la situación de Nicaragua, incluido el Departamento de Estado estadounidense, llevan observando y documentando de forma sistemática la persecución de personas LGBTI en este país.
Durante al menos los últimos 10 años, los informes de país sobre Nicaragua del Departamento de Estado estadounidense subrayan los “ataques generalizados contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”.
Entre las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos figura que la persecución de personas LGBTI en Nicaragua provocó su migración forzada, que las organizaciones LGBTI sufren diversos ataques, y que las personas LGBTI de la costa atlántica sufrieron “humillaciones, degradaciones e instancias de apedreamiento”.
Nicaragua tiene un historial de persecución sistémica de la comunidad LGBTI que se ha acelerado desde las protestas de la primavera de 2018. La condición de Maura como mujer transgénero hace que, de ser devuelta a Nicaragua, corra el riesgo de sufrir violencia y persecución a manos de las autoridades nicaragüenses.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés.
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 3 de agosto de 2021
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Maura [femenino]
ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable
