Foto: Mahsa / Middle East Images / AFP via Getty Images
Ante la rápida expansión de las hostilidades regionales a todo Oriente Medio tras los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel libran contra Irán y la subsiguiente oleada de ataques iraníes de represalia en toda la región, Amnistía Internacional hace un llamamiento urgente a todas las partes para que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques ilícitos, como los ataques deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra población civil e infraestructura civil.
Las operaciones militares se han extendido por toda la región e involucran a más de 10 países. Ya han provocado una pérdida significativa de vidas civiles y la destrucción de infraestructuras civiles. En respuesta a los ataques de Hezbolá, en las últimas 24 horas Israel ha intensificado sus ataques contra Líbano. Estados Unidos ha afirmado que “lo peor está por venir”. Irán ha advertido de una mayor intensificación de las hostilidades y la inseguridad en toda la región tras el homicidio de su líder supremo y comandante en jefe, Ali Jamenei.
“La población civil no debería pagar el precio de los actos ilegales y temerarios de las partes en el conflicto, socavando los principios de humanidad y distinción sobre los que se sustenta el derecho internacional humanitario y amenazando los propios cimientos de la paz y la seguridad internacionales. Estamos ante una situación de máxima gravedad. La población civil de la región ya ha soportado sucesivos ciclos de conflicto y violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional a escala masiva. Su protección debería ser ahora la máxima prioridad. En cambio, se enfrenta a más represión y homicidios absurdos”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Las partes en el conflicto deben abstenerse de inmediato y poner fin a los ataques ilícitos, ya se trate de ataques directos contra la población civil, ataques indiscriminados o desproporcionados, o del uso de armas explosivas con efectos en una amplia superficie en zonas densamente pobladas. Deben tomar todas precauciones posibles para evitar causar daños a la población civil.”
“A medida que aumenta la amenaza de un conflicto internacional prolongado, es más urgente que nunca cumplir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Su incumplimiento elevará el coste humano, ya devastador, y empujará a la región aún más hacia otra catástrofe humanitaria y de derechos humanos.”
Los ataques a Irán y su respuesta
El 3 de marzo, la Media Luna Roja iraní informó de la muerte de 787 personas en el país desde el inicio de los ataques. Según las autoridades iraníes, 165 personas, entre ellas 150 escolares, murieron tras ser alcanzada una escuela en la ciudad meridional de Minab, en la provincia de Hormozgán. La ONU ha calificado el bombardeo del centro escolar de “violación grave del derecho humanitario”, y la UNESCO ha advertido de que los ataques contra instituciones educativas ponen en peligro a alumnado y profesorado y socavan las protecciones garantizadas por el derecho internacional humanitario. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre el “horrible” incidente.
La población civil de la región ya ha soportado sucesivos ciclos de conflicto y violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional a escala masiva. Su protección debería ser ahora la máxima prioridad.Agnès Callamard, Amnistía Internacional
Amnistía Internacional verificó seis vídeos del momento posterior al ataque que alcanzó la escuela en los que se observa humo negro saliendo del edificio parcialmente derrumbado mientras equipos de rescate y excavadoras buscan víctimas entre los escombros. En imágenes captadas desde la entrada de la escuela se ven los muros que delimitan el recinto escolar y el edificio, con humo visible al fondo procedente de un complejo cercano de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Según el presidente del Consejo Médico de Irán, 10 centros médicos han resultado dañados por los ataques de Israel y Estados Unidos. En Irán, los hospitales ya habían sido objeto de redadas militarizadas por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, que cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes heridos y personal sanitario durante y después de las masacres de las protestas de enero de 2026.
El 28 de febrero, las autoridades iraníes cerraron el acceso a internet de nuevo impidiendo que millones de personas accedieran a información esencial sobre las hostilidades armadas y se comunicaran con sus seres queridos dentro y fuera del país, además de restringir el flujo de información sobre violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
El conflicto armado ha agravado los motivos de preocupación por el destino y la seguridad de la población penitenciaria en todo Irán, que incluye a miles de personas manifestantes y disidentes detenidas en relación con el levantamiento de enero de 2026. Estos motivos de preocupación derivan de informes de explosiones cercanas a prisiones y otros centros de reclusión proporcionados por defensores y defensoras de los derechos humanos, así como del anterior ataque de Israel contra la prisión de Evin, en Teherán, durante la guerra de los 12 días.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos también expresan su preocupación ante el hecho de que, con frecuencia, las autoridades iraníes han utilizado los conflictos armados como pretexto para someter a los disidentes a formas intensificadas de tortura y otros malos tratos, así como de ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales. Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad de todas las demás personas privadas de libertad, incluida su excarcelación temporal por motivos humanitarios. La preocupación por los derechos humanos en Irán se ve agravada por el historial bien documentado de reiterados crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por las autoridades iraníes, también durante las sucesivas oleadas de represión para sofocar la disidencia. El 8 y 9 de enero, las autoridades iraníes llevaron a cabo masacres sin precedentes de miles de manifestantes y transeúntes durante una serie de protestas contra el sistema que exigían el fin de la República Islámica.
Las autoridades iraníes respondieron a los ataques estadounidenses e israelíes realizando ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados en Israel y toda la región del Golfo, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán y Arabia Saudí.
Según informes de prensa y declaraciones gubernamentales, algunos de los ataques, incluidos los causados por la caída de restos de misiles o drones interceptados, provocaron muertes y lesiones o daños a infraestructuras civiles. Según las autoridades de Abu Dabi, un dron iraní que tenía como objetivo el Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) fue interceptado, lo que provocó la caída de restos que causaron la muerte de una persona y heridas a otras siete. El 2 de marzo, tanto las autoridades de Qatar como las de Arabia Saudí afirmaron que sus instalaciones petroleras habían sido objeto de ataques iraníes, y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo condenó en un comunicado los “ataques indiscriminados y temerarios con misiles y drones”.
Según los medios de comunicación y los servicios de rescate, en Israel han muerto al menos 10 personas y decenas han resultado heridas como consecuencia de los ataques iraníes. En Beit Shemesh se cuentan nueve personas fallecidas y más de 20 heridas tras el impacto de un misil balístico iraní, y en el área de Tel Aviv, una mujer fallecida a causa de la caída de metralla. Los ataques iraníes también dañaron al menos 40 edificios en Tel Aviv, según las autoridades locales.
Israel ha endurecido las severas restricciones a la libertad de circulación en todo el Territorio Palestino Ocupado, bloqueando [*cursiva]de facto los desplazamientos entre pueblos y ciudades de la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Las autoridades también han cerrado todos los pasos fronterizos exteriores de entrada y salida del Territorio Palestino Ocupado, incluidos los de Kerem Shalom/Karem Abu Salem y Rafá, lo que ha impedido el ingreso de ayuda para la supervivencia y, en la práctica, ha puesto a toda la Franja de Gaza bajo asedio. El paso de Kerem Shalom/Karem Abu Salem fue reabierto el 3 de marzo.
Estas medidas arbitrarias agravan considerablemente el sufrimiento del pueblo palestino que vive bajo la ocupación ilegal y el sistema de [*cursiva]apartheid de Israel, y ahondan aún más la compleja crisis humanitaria que asuela Gaza, cuya población sigue viviendo el genocidio en curso perpetrado por Israel.
En Irak, una facción (Saraya Awliya Al Dam) de los grupos milicianos afines a Irán, la autodenominada Resistencia Islámica, ha reivindicado la autoría de múltiples ataques con drones contra Erbil, en la Región del Kurdistán Iraquí, y posteriormente en la capital, Bagdad, dirigidos principalmente contra instalaciones militares estadounidenses. Según grupos de oposición kurdo-iraníes, los ataques con drones han tenido como objetivo sus posiciones en la Región del Kurdistán Iraquí tras advertencias del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Escalada entre Hezbolá e Israel en Líbano
Tras los ataques con cohetes lanzados contra el norte de Israel por Hezbolá en represalia por la muerte de Jamenei, según el grupo, las fuerzas armadas israelíes intensificaron significativamente sus ataques contra Líbano, incluidos los suburbios de Beirut, durante la noche del 2 de marzo. Según las autoridades libanesas, para el 3 de marzo los ataques aéreos israelíes en Líbano habían causado al menos 40 muertos y 246 heridos. Antes de la reciente escalada de las hostilidades y desde el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, Israel había venido realizando ataques casi diarios en el sur de Líbano que han causado la muerte de más de 380 personas, entre ellas 127 civiles.
La escalada de la crisis en Oriente Medio plantea una grave amenaza para el multilateralismo y para la integridad del orden jurídico internacional.Agnès Callamard, Amnistía Internacional
Una nueva advertencia de “evacuación” masiva emitida por las autoridades israelíes después de la medianoche del 2 de marzo ha vuelto a desplazar a cientos de miles de civiles en todo Líbano. La advertencia, imprecisa y general, abarcaba más de 50 aldeas del sur y el este del país y provocó el pánico entre la población, atascos en las carreteras y, para muchos, una nueva oleada de desplazamiento. A primera hora del 3 de marzo se emitieron nuevas advertencias de evacuación masiva que ordenaban a la población de nuevas decenas de aldeas del sur del Líbano abandonar sus hogares y ampliaban el área bajo amenaza.
El 2 de marzo, las fuerzas armadas israelíes anunciaron que atacarían infraestructuras pertenecientes a una entidad económica afiliada a Hezbolá con presencia en múltiples ubicaciones de todo Líbano. Luego lo hicieron. Israel ya había atacado sucursales de la entidad económica afiliada a Hezbolá en octubre de 2024, hechos que Amnistía Internacional calificó de probable violación del derecho internacional humanitario y pidió que se investigaran como crimen de guerra.
El derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente los ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil, así como los ataques indiscriminados que no distinguen entre personas y bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes y objetivos militares, por otro, así como los ataques desproporcionados. Los ataques aéreos que afectan a escuelas, instalaciones médicas o edificios residenciales, así como el lanzamiento de misiles balísticos y otras armas explosivas con efectos en una amplia superficie en zonas densamente pobladas, suscitan graves motivos de preocupación por posibles violaciones del derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional sigue de cerca la situación y pide a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario. En los casos de muerte o lesiones de civiles y de daños a infraestructuras civiles, las partes deben iniciar investigaciones inmediatas y someter a rendición de cuentas a los responsables de violaciones del derecho internacional.
“La escalada de la crisis en Oriente Medio plantea una grave amenaza para el multilateralismo y para la integridad del orden jurídico internacional. Los actos ilegales cometidos por las partes en el conflicto, en particular por Estados influyentes, no solo ponen en peligro a la población civil en múltiples países, sino que también aceleran la erosión de las normas globales que son esenciales para la protección de los derechos humanos y para la paz y la seguridad internacionales”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Es fundamental que todas las partes adopten medidas urgentes para proteger a la población civil y las infraestructuras civiles, incluidos aeropuertos, hospitales, viviendas, escuelas y prisiones. Asimismo, deben garantizar un acceso humanitario seguro y sin restricciones a todas las zonas afectadas y permitir la observación internacional independiente.”
“Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique los esfuerzos diplomáticos con el fin de evitar una mayor escalada militar, prevenir daños adicionales a la población civil y detener nuevos crímenes de derecho internacional contra poblaciones que ya han soportado decenios de represión. De conformidad con el derecho internacional, los Estados deben ejercer la máxima contención, abstenerse de toda conducta que pueda originar nuevas violaciones del derecho internacional y recordar que tienen la obligación inequívoca de no ayudar ni asistir a la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, así como el deber de cooperar para ponerles fin.”
