Ocho claves para entender el conflicto palestino-israelí

El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. 

El caso de Israel encierra una triste paradoja. Por un lado, el Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas le concede el derecho de existir. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Por el otro, el Estado de Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le dio la vida y que le reconoció la legitimidad de su existencia.

Israel representa a un pueblo que sufrió en sus carnes unos crímenes atroces. Años después es responsable de vulneraciones constantes del derecho internacional y de un sometimiento, represión y opresión constitutivos de crímenes de guerra contra otro pueblo marginado y repudiado: el palestino.

Activistas reclamando la coexistencia y el fin de la violencia en medio de los enfrentamientos entre Israel y Gaza, el 19 de mayo de 2021. © REUTERS/Ronen Zvulun

Clave 1: La creación del Estado de Israel y el problema demográfico

El sionismo es un movimiento nacionalista que persigue la creación de un Estado judío y democrático en la Tierra Prometida del judaísmo, localizada en la Palestina histórica. Movidos por razones económicas, nacional-religiosas y humanitarias, los judíos comenzaron a emigrar hacia esta Tierra Prometida en 1881. La primera oleada judía a gran escala tuvo lugar en la década de 1930, en pleno Mandato Británico, como consecuencia de la persecución nazi.

Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en la Palestina histórica fueron creciendo y, con ello, aumentaron los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban ese territorio como propio. Ante este panorama, el Reino Unido acudió a Naciones Unidas en 1947, que emitió la Resolución 181 (II). Esta resolución dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A este último se le asignó el 54% del territorio. A Jerusalén, ciudad clave para ambas culturas, se le asignó un estatus de “corpus separatum” bajo un régimen internacional.

Miembros de la minoría árabe de Israel participan en una manifestación para conmemorar la “Nakba”. Tras la guerra de independencia de Israel en 1948, más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. © REUTERS/Ammar Awad

Clave 2: Las Guerras de 1948 y 1967

En 1948, Israel ganó la Guerra de la Independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. Bajo dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano, Cisjordania (incluido Jerusalén Este).

Por un lado, Israel considera que las potencias árabes buscaban destruir el recién creado Estado de Israel. Algunos historiadores críticos consideran que las potencias árabes intervinieron para proteger a la población palestina, que ya antes de la independencia de Israel sufrió desplazamientos mediante planes de conquista militar israelíes como el Plan Dalet. Otros consideran que las potencias árabes vieron en el plan de partición de la ONU una nueva muestra de colonialismo occidental.

Para los palestinos esta guerra fue la “Nakba” (desastre o catástrofe). Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso del 85%. Entre 700.000 y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos, o desplazados en Gaza y Cisjordania. Esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y, más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los cinco millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU, de 1948, reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto. Y también se lo reconoce a sus descendientes. Setenta y tres años después, la resolución sigue sin cumplirse.

Años más tarde, en 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente medio millón de personas. Esta guerra es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de los asentamientos ilegales de los Territorios Palestinos Ocupados que dura ya más de 50 años.

Un hombre habla con soldados israelíes durante una protesta palestina contra las marchas planeadas por los colonos judíos cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel. © REUTERS/Mussa Qawasma

Clave 3: Jerusalén Este

Una de las grandes polémicas en este conflicto es Jerusalén Este. Su importancia reside en la Ciudad Vieja, que alberga santuarios de suma importancia para tres religiones: islamismo, judaísmo y cristianismo. Además, fue uno de los epicentros de la escalada del conflicto de mayo de 2021.

Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital de un Estado libre palestino. Para los israelíes, Jerusalén es su legítima capital. Por ello, Israel se anexionó Jerusalén Este en 1980 de manera “oficial” a través de la Ley de Jerusalén, estableciendo la capital de Israel en una Jerusalén “entera y unificada”.

Una sección del muro que separa el campo de refugiados de Shuafat (R), en Cisjordania, cerca de Jerusalén, y Pisgat Zeev (detrás), una zona que Israel anexionó tras la guerra de 1967. © REUTERS/Ammar Awad

Clave 4: Los Acuerdos de Oslo y Camp David

Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, se enmarcan en un proceso de paz que comenzó en Madrid en 1991. En esta época se produjo el reconocimiento del Estado de Palestina por la ONU y la primera intifada palestina contra la ocupación. Los Acuerdos preveían cinco años para alcanzar un acuerdo de paz permanente, pero no se consiguió. En el año 2000 se intentó de nuevo con los Acuerdos de Camp David. Pero tampoco se logró. No hubo acuerdo ni en el retorno de las personas refugiadas, ni en el estatuto de Jerusalén, ni en los ajustes territoriales ni en las cuestiones de seguridad israelíes.

En los Acuerdos de Oslo no se reconoció la totalidad de Cisjordania como región autónoma palestina y la fragmentaron en tres zonas:

• Zona A: bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina.
• Zona B: bajo control civil palestino pero bajo control militar palestino-israelí.
• Zona C: bajo control civil y militar israelí. Cuando se escucha hablar de la Cisjordania ocupada, normalmente se hace referencia a esta última zona, aunque también hay áreas de la segunda zona.

De las tres zonas, la zona A es la menor. En ella, al igual que en la zona B, están las principales ciudades, campos de refugiados y pueblos palestinos, que suponen alrededor del 95% de la población, pero solo el 40% de las tierras.

La zona C, bajo control civil y militar israelí, comprende el 60% restante de las tierras de Cisjordania, incluidas todas las reservas de tierras y todas las carreteras principales, pero es inaccesible en su mayor parte para la población palestina. Los recursos clave para la vida, como el agua o saneamiento, pasan o están en esta tercera zona.

Además, desde 2002, Israel ha levantado toda una serie de muros, bloqueos, puestos fronterizos y de cruce y zonas restringidas para separar las zonas y el conjunto de Cisjordania de Israel. Los llamados muros tienen un doble objetivo: facilitar los trayectos y las comunicaciones entre los asentamientos de los colonos israelíes y torpedear la libertad de movimiento de la población palestina, aislándola en las dos primeras zonas, sin que puedan tener apenas acceso a nada más.

Un niño israelí mira la metralla en un aparcamiento de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, después de que un cohete disparado desde la Franja de Gaza cayera en la ciudad el 21 de abril de 2014. © REUTERS/Amir Cohen

Clave 5: Gaza, la cárcel más grande del mundo

Gaza es la prisión más grande de la tierra. Según el propio Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, es “el infierno en la tierra”. Una de las regiones donde la situación humanitaria es extremadamente preocupante y donde viven 1,6 millones de personas, de las cuales, más de la mitad son menores. Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo.

El 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Cada día se vierten en el mar entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados.

Y podríamos seguir. Está bloqueada desde 2007 por orden de Israel y miles de personas arriesgan sus vidas contrabandeando mercancías con la frontera de Egipto como consecuencia de las restricciones israelíes. La población de Gaza se encuentra aislada del resto de territorios palestinos. Durante los años que dura ya el bloqueo, muchos de sus residentes nunca han tenido la oportunidad de salir del territorio.

“En Gaza, el 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Y alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados. ”

La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras desde 1948 en adelante, así como por sus descendientes. Solo pudieron permanecer dentro de Israel, en muchos casos, como personas desplazadas, unas 150.000, el 15% de la población, que en 1952 accedieron a la ciudadanía. Estas personas y sus descendientes son los llamados “árabes-israelíes” y actualmente suponen el 20% de la población.

Desde el año 2007, Gaza está gobernada de facto por Hamás, una organización terrorista según múltiples países e instituciones internacionales, incluida la Unión Europea. Cabría preguntarse, por tanto, si la comunidad internacional, con su letargo y pasividad, es responsable de que una organización terrorista sea uno de los principales, por no decir principal actor en la defensa del pueblo palestino. Más aún si tenemos en cuenta que Hamás tampoco tiene especial reparo en utilizar a los propios palestinos como escudos humanos.

En el año 2018 tuvo lugar la Gran Marcha del Retorno, una serie de protestas en la Franja que a lo largo de la valla reivindicaban el derecho de retorno a sus hogares de Cisjordania de las personas desplazadas en Gaza y refugiadas en otros países vecinos. Las protestas se saldaron con una brutal represión israelí, que dejó centenares de personas muertas y miles de heridas.

Una mujer palestina recoge sus pertenencias después de que las fuerzas israelíes demolieran su casa cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 17 de junio de 2021. © REUTERS/Mussa Qawasma

Clave 6: La política de demoliciones y destrucciones

Hay dos leyes clave en la política de desalojos en Jerusalén Este: la Ley de Bienes Ausentes de 1950 y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970.

La primera prohíbe a la población palestina reclamar las propiedades que perdieron durante el conflicto de 1948. No pueden reclamarlas ni quienes fueron expulsados fuera de las fronteras ni aquellos reubicados dentro de Cisjordania, concretamente en Jerusalén Este, como es el caso de los residentes de Sheikh Jarrah o de Silwan.

La segunda permite exclusivamente a los judíos reivindicar tierras y propiedades supuestamente propiedad de judíos en Jerusalén Este antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Esta Ley de 1970 ha permitido que entidades judías con un estatuto jurídico poco claro se apropiaran de diferentes barrios de Jerusalén Este, incluido Sheikh Jarrah. Estas entidades después vendieron los derechos de propiedad o transfirieron su gestión a organizaciones de colonos que no tienen vínculos con los supuestos propietarios judíos originales. Finalmente, estas organizaciones de colonos han presentado demandas de desalojo contra los palestinos residentes en dichas propiedades. Los palestinos, por su parte, no pueden reclamarlas ni disponer de una ley similar porque la Ley de 1950 se lo prohíbe. Es una trampa jurídica perfecta que básicamente permite a los judíos reclamar propiedades que perdieron durante la guerra de 1948, mientras se lo prohíbe a los palestinos .

La política de desalojos forzosos y destrucción de propiedades se lleva a cabo también en el resto de Cisjordania, pero con otro pretexto. En lugar de aplicar leyes, aplica ordenanzas militares, como la 1797 o la 1252. La primera sirve para demoler estructuras palestinas con un aviso previo de 96 horas, limitando el margen y posibilidades de los palestinos de reclamar nada. La segunda se utiliza para confiscar sin previo aviso “estructuras móviles” dentro de los 90 días siguientes a su construcción. Los asentamientos ilegales de colonos israelíes avisan al Gobierno rápidamente en cuanto ven una estructura palestina nueva, y entonces la administración israelí se moviliza mediante estas órdenes militares. Las estructuras palestinas demolidas o confiscadas son residencias, centros de saneamiento o higiene, centros sanitarios, refugios o instalaciones de abastecimiento de agua.

El círculo de la política de desalojos y destrucciones se cierra también en Cisjordania con la catalogación de “zonas de tiro” para entrenamiento militar. Desde 1970, Israel ha declarado que el 18% de Cisjordania únicamente sirve para entrenamiento militar, por lo que es peligroso vivir allí y en consecuencia nadie puede hacerlo. Casualmente, esas zonas de tiro abarcan zonas estratégicas por los recursos que alberga y/o son zonas en las que viven (o vivían) comunidades palestinas especialmente vulnerables que carecían de acceso a sanidad, electricidad, educación o agua.

Vista aérea del asentamiento judío de Maale Adumim en la Cisjordania ocupada por Israel, el 29 de junio de 2020. Imagen tomada con un dron. © REUTERS/Ilan Rosenberg

Clave 7: La política de asentamientos

Los asentamientos llevan extendiéndose desde la Guerra de 1967. Se distinguen dos tipos: los asentamientos oficiales, que cuentan con “autorización oficial” del Gobierno, y los puestos avanzados, que no cuentan con ella.

Los asentamientos, protegidos por toda la infraestructura relacionada con los Muros de Cisjordania, y comunicados entre sí por carreteras únicamente accesibles para los colonos, son además un importante foco de violencia para la población palestina.

Los colonos que viven en los asentamientos oficiales (e ilegales) escogen vivir ahí por motivos más prácticos que ideológicos, basados en la buena calidad de vida que ahí pueden obtener. La inversión y el grado de desarrollo de los asentamientos es tal que han llegado para quedarse, sin que haya indicios de que vayan a desaparecer a medio o largo plazo.

Por su parte, los colonos residentes en los puestos avanzados se mueven por motivos ideológicos. Consideran ese terreno legítimamente ganado en 1967, habiéndose instalado en tierras deshabitadas que les pertenecen por derecho y mandato divino e histórico. El terreno es suyo porque lo dice la Torá. Todo lo demás, no importa. Y por ello consideran legítima y necesaria la violencia que ejercen contra las personas palestinas alrededor de los asentamientos.

Varias personas pasan por delante de un edificio destruido por los ataques aéreos israelíes mientras participan en una protesta en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este y sus alrededores, en el norte de la Franja de Gaza, el 15 de junio de 2021. © REUTERS/Mohammed Salem

Clave 8. La impunidad

El Consejo de Seguridad y otros órganos de Naciones Unidas han emitido toda una serie de resoluciones y decisiones, además de las ya citadas en este artículo, respecto a los asentamientos, la anexión de Jerusalén Este, de los Altos del Golán sirio o la anexión de facto de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y sus crecientes actividades de asentamiento, así como respecto a la ocupación y a los constantes incumplimientos por parte de Israel de todas estas resoluciones.

“Israel solo ha cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado”

Israel solo ha cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado, y ha habido muchas.

El principal problema del mundo moderno no es la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad política. Como dijo el Secretario General Antonio Guterres “no puede haber paz sin justicia, ni justicia si prevalece la impunidad”, ni tampoco puede haber paz si no se respeta el derecho internacional.

Por lo tanto, el fin de la impunidad de Israel solo pasa por una clara voluntad política de la comunidad internacional que implique la rendición de cuentas y el fin de la cultura de la excepcionalidad. Se han pronunciado al respecto la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derecho Humanos o el propio Secretario General, pero la comunidad internacional, que dispone de una serie de medidas para apremiar la rendición de cuentas, no hacen valer lo que sus propias leyes, decisiones y obligaciones humanitarias vinculantes les apremian a hacer. Sin una intervención decisiva de la comunidad internacional, el status quo de la ocupación puede mantenerse indefinidamente como consecuencia de los grandes desequilibrios de poder.

Es cierto que durante los últimos dos años parece que el paradigma internacional va cambiando un poco, pero el proceso de reconocimiento internacional de los crímenes de Israel sigue siendo demasiado lento y continúa con más sombras que luces en un contexto que siempre favorece al país judío.

Por un lado, la Corte Penal Internacional ha abierto una histórica investigación de presuntos crímenes de guerra en Gaza durante el conflicto de 2014. No obstante, tras un llamamiento diplomático de Israel, varios países como Canadá, Hungría, Australia o Alemania, entre otros, se movilizaron para cuestionar dicha jurisdicción. También lo ha hecho Estados Unidos, que no se ha adherido al Estatuto de Roma y,por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción en su territorio.

Por su parte, tras el conflicto armado de mayo de 2021, Naciones Unidas anunció una comisión internacional de investigación sobre las presuntas violaciones tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos en la región desde abril del mismo año. Las conclusiones de dicha investigación son claras: Israel debe poner fin a la ocupación y discriminación contra la población palestina. Tal es el poco respeto que Israel siente por el orden y derecho internacional que la propia Comisión afirma que Israel está demostrando que no tiene ninguna intención de acabar con dicha ocupación.

Israel, y los defensores de sus políticas presentes en la mayor parte de los países, acuden constantemente a la narrativa del antisemitismo para tratar de deslegitimar cualquier denuncia o crítica de las acciones del país judío. Resulta paradójico que, para defenderse, las autoridades israelíes acudan a un discurso en el que presentan al país como una democracia imperfecta pero abierta a las críticas, mientras que, al mismo tiempo, cualquier denuncia de vulneraciones graves de derechos humanos y del derecho internacional es considerada un acto de antisemitismo.

De hecho, esta fue la reacción ante otro movimiento histórico de Naciones Unidas: Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, presentó en marzo de 2022 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que concluye que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados constituye APARTHEID.

Una mujer palestina comprueba los daños mientras camina entre los escombros frente a su casa en la ciudad de Gaza a primera hora del 8 de agosto de 2022. © Mahmud HAMS / AFP vía Getty Images

Pero por mucho empeño que pongan las autoridades israelíes y sus defensores a lo largo del mundo en deslegitimar las denuncias de vulneraciones graves de derechos humanos, acusándolas de antisemitismo y de complot internacional de difamación, no podrán ocultar nunca la realidad. Una realidad que implica el desalojo forzoso de población palestina y la demolición de sus viviendas; campañas de represión contra organizaciones civiles palestinas acusadas de terrorismo; ataques ilegítimos muy potencialmente constitutivos de crímenes de guerra y escaladas de ataques contra la población palestina y sus bienes en toda la Cisjordania ocupada.

Por si fuera poco, el caso israelí encierra una última y triste paradoja. Israel, que se enorgullece legítimamente de su independencia, lleva a cabo muchas de las prácticas mencionadas en base al Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, dictado por Gran Bretaña para aplastar la resistencia a su gobierno cuando era la potencia colonial en la región, y aún hoy en vigor.

La inestabilidad política del país, que ha desembocado en el retorno de Benjamín Netanyahu al poder, histórico primer ministro israelí que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y consolidación del apartheid, no alimenta especialmente las esperanzas del fin de los crímenes internacionales. Pero desde Amnistía Internacional seguiremos trabajando. No vamos a descansar.