- Presentaron una propuesta de iniciativa que busca reformar disposiciones de los códigos penal y civil, que son utilizadas por autoridades y grupos empresariales para impedir el ejercicio de esos derechos y criminalizar a periodistas y personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
- Las organizaciones dialogaron con el diputado Wilmer Monforte Marfil y la diputada Clara Rosales Montiel, ambos de la bancada de Morena, a quienes solicitaron que se presente la iniciativa en el Congreso local.
Organizaciones de la Sociedad Civil, con el acompañamiento de organismos internacionales, solicitaron reformar diversas disposiciones del Código Penal y del Código Civil del Estado de Yucatán. El objetivo es que periodistas, así como las organizaciones, comunidades y colectivos de defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio, el medio ambiente, entre otras causas, puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión en condiciones seguras, sin que sean criminalizadas y sin las presiones que actualmente se ejercen contra ellas y que limitan ese derecho.
Dicha solicitud es acompañada de una propuesta de iniciativa que fue presentada el 23 de octubre en el Foro Derecho a la Protesta, efectuado en Yucatán. La misma fue entregada el 24 de octubre al Diputado Wilmer Monforte Marfil y la Diputada Clara Paola Rosales Montiel, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado de Yucatán, respectivamente.
En el Foro de Derecho a la Protesta participaron organizaciones como: Igualdad Sustantiva Yucatán, Kanan Derechos Humanos, Reflexión y Acción Feminista, Somos Periodistas y Amnistía Internacional, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Esta iniciativa es fundamental en un contexto donde en los últimos seis años, se han reportado al menos 18 casos de criminalización de personas y comunidades por defender su territorio. En la mayoría de los casos las personas fueron acusadas después de ejercer su derecho a la manifestación o a la libertad de expresión, de acuerdo con datos recabados por el sitio de investigaciones periodísticas Jaltun.
Esto mismo ha sucedido con colectivas feministas que, en el marco de su ejercicio del derecho a protestar, han enfrentado criminalización y represión. Además, periodistas de distintos medios de comunicación han sido denunciados por ejercer su labor. Esta situación es resultado de acciones sistemáticas efectuadas por el Estado que vulneran la libertad de expresión y la protesta social.
Información adicional
En el foro, las organizaciones participantes externaron su preocupación por las diversas disposiciones incluidas en los códigos Penal y Civil del estado de Yucatán que son utilizadas para hostigar judicialmente a las personas que ejercen su derecho humano a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como su libertad de expresión.
Disposiciones como ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, ultrajes a la moral y las buenas costumbres, y “delitos contra el honor” –como la difamación, la calumnia y la injuria–, incluidas en el Código Penal de Yucatán, les impide ejercer plenamente su derecho a manifestarse para denunciar las invasiones y daños al medio ambiente que causan las industrias extractivas en sus tierras y territorios. Lo mismo ocurre con lo relacionado al “daño moral”, incluido en el Código Civil de dicho estado.
Las organizaciones denunciaron que en diversos procesos el Estado ha actuado en favor de los empresarios, legitimando operativos policiacos, campañas de difamación y denuncias judiciales que buscan desarticular las movilizaciones sociales.
Como ejemplo refirieron lo ocurrido a la comunidad de Sitilpech, cuyos integrantes se oponen a la instalación y operación en su territorio de una mega granja porcícola, debido a la grave contaminación que produce en la tierra y en el agua.
En ese sentido, en febrero de 2023 aproximadamente 15 mujeres, 6 hombres y un niño de 12 años, protestaban de manera pacífica contra el paso de camiones que transportaban cerdos a la referida granja. Las personas fueron dispersadas mediante el uso excesivo de la fuerza por la policía antimotines del Estado de Yucatán y policías municipales de Izamal.
Lejos de escuchar las demandas de las y los habitantes de Sitilpech, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, con el impulso de la empresa porcícola, presentó denuncias contra habitantes de la comunidad por daños a las vías de comunicación, y por el delito de obstrucción de vías de comunicación en pandilla. Estos procesos judiciales ignoraron el contexto de defensa del territorio y la intención de detener daños ambientales.
Este caso fue ampliamente documentado por Amnistía Internacional en su informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, publicado el 23 de septiembre de 2023.
Estándares internacionales que deben respetar las autoridades
Durante el foro se destacó la existencia de diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Se advirtió también la obligación que tienen todos los estados del país para abonar a ese cumplimiento, debido a que esos instrumentos están incluidos en el artículo 1° de la Constitución Política mexicana.
En el foro se resaltó que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que “los Estados no deben sancionar a los participantes ni a los organizadores de reuniones pacíficas sin una causa legítima”. Asimismo, dicho Comité establece que periodistas, personas defensoras de derechos humanos y observadoras tienen derecho a cubrir y monitorear las protestas, incluso si estas son declaradas ilegales o disueltas, sin enfrentar represalias.
Además, en 2019 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en contra del Estado Mexicano que planteó la necesidad de derogar los delitos contra el honor en todo el país (difamación y calumnia), ya que las penas de prisión nunca serán adecuadas ni proporcionales.
Con respecto al derecho de reunión pacífica y de asociación, el Relator Especial de la ONU recomendó a los Estados derogar leyes que penalizan formas legítimas de protesta. De dicha recomendación destaca que las molestias a la circulación o las interrupciones temporales a la actividad económica no deben ser criminalizadas, ya que son inherentes al ejercicio del derecho de la protesta.
De manera similar, el Acuerdo de Escazú, en su artículo 9, establece la obligación de garantizar un entorno seguro para que las personas puedan defender la tierra, territorio y medio ambiente sin amenazas, restricciones e inseguridad. También, establece la obligación de tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, tales como la vida, la integridad, libertad de opinión y expresión y derecho de reunión.
Información de contexto:
Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a:
- Kanan Derechos Humanos: vinculacion@kanandh.org
- Somos Periodistas: somosperiodistasorg@gmail.com
- Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México: prensa@amnistia.org.mx; +52 55 2265 4331
