Por: Graciela Martínez, Senior Campaigner, Libertad de Expresión, México y Honduras, Oficina Regional para las Américas, Amnistía Internacional, y Cristopher Isaí Cruz Ordóñez, Jefe de Campañas y Comunicación, Amnistía Internacional México
- junio 7, 2024
- Por Amnistía Internacional
¿Qué les pasó a las y los defensores de la Colonia Maya?
Cinco líderes de la comunidad residencial Colonia Maya, ubicada al sur de México, en el estado de Chiapas, Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez, están siendo procesados desde 2018 por protestar pacíficamente contra un desarrollo residencial en una zona montañosa.
Integrantes de la Colonia Maya, conformado por madres de familia, personas tsotsiles, tseltales, infancias y juventudes, comenzaron a oponerse a la construcción porque la empresa había talado unos 100 árboles que ayudaban a detener el agua de la lluvia, lo que ocasionó inundaciones y daños en el territorio. Adicionalmente, la construcción se inició sin evaluar el impacto ambiental y social. La tala de los árboles de la montaña dentro de una zona ecológicamente protegida causó una inundación en 2015 que destruyó más de 20 casas, una escuela primaria y un jardín de infancia.
Para visibilizar la situación, las personas que integran la Colonia Maya han organizado acciones pacíficas, creativas y pedagógicas, como la ‘Marcha de las bancas’, en la que niños, niñas, profesores y personas solidarias han marchado cargando bancas de la escuela para señalar la imposibilidad de que se dieran las clases como resultado de la inundación.
Las autoridades clausuraron el proyecto y realizaron recomendaciones; sin embargo, la empresa decidió continuarlo. En 2017, personas simpatizantes con la causa organizaron una protesta pacífica con pancartas y colocaron un lazo para bloquear el paso de la maquinaria de manera simbólica. Un representante de una empresa les denunció inmediatamente después, y la fiscalía giró órdenes de aprehensión en contra de los cinco líderes por el delito de secuestro en 2018.
Desde entonces, los cinco residentes de Colonia Maya enfrentan cargos penales, a pesar de la falta de pruebas en su contra, en lo que parece ser una táctica para reprimir la disidencia y la protesta pacífica mediante la amenaza de la cárcel. Podrían ir a prisión en cualquier momento.
¿Por qué la protesta es importante para la defensa del medioambiente y la justicia climática?
Las protestas pacíficas, especialmente en las vías públicas, han sido herramientas esenciales para manifestar oposición y visibilizar la contaminación, los impactos negativos en el medioambiente y otros derechos humanos de proyectos extractivistas, energéticos, y de construcción de infraestructura, así como las demandas por una justicia climática, sobre todo cuando las autoridades los han ignorado durante largo tiempo.
En el mundo, el derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, y activistas climáticos en conflictos socioambientales debido a fenómenos como la urbanización o la extracción de recursos, para exigir el respeto a sus derechos, incluyendo la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado de Pueblos Indígenas, al medioambiente sano, la información y la participación en proyectos con posible afectación al medioambiente, así como la pérdida de la cultura y calidad de vida.
Cuando las y los defensores organizan protestas, la respuesta de las autoridades en muchos países del mundo ha sido la represión, a pesar de que a través de ellas pueden ejercitar su derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y la libertad de asociación.
Las represalias por manifestarse pueden incluir vigilancia, señalamientos y detenciones arbitrarias, en particular a quienes lideran estas acciones. Asimismo, las autoridades recurren en ocasiones al uso excesivo de la fuerza o la supresión del derecho de reunión pacífica para poner fin a protestas en defensa del territorio, el medioambiente o la justicia climática. Algunos gobiernos incluso han promulgado leyes que penalizan las protestas.
En entornos rurales destacan los intentos de desalojo, ocasionados por la falta de reconocimiento oficial de la tenencia de las tierras de las comunidades y la falta demarcación de los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú y cómo puede ayudar a la protección de las y los ambientalistas?
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado vinculante en América Latina y el Caribe que incluye disposiciones específicas sobre la protección a las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú, que cuenta con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entró en vigor hace tres años.
Este tratado responde a la crisis que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. América Latina y el Caribe es la región más letal para la defensa del medioambiente. A pesar de ello, menos de la mitad de los países de la región son parte de este. Entre aquellos que aún no se han comprometido con el acuerdo están algunos de los que ocupan los puestos más altos en el mundo en número de asesinatos de defensores y defensoras del medioambiente: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.
Entre el 22 y 24 de abril de 2024 se celebró en Chile la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), el espacio de toma de decisiones más importante de este tratado y que tiene lugar cada dos años de forma ordinaria. Durante la COP3, los Estados parte aprobaron el Plan de Acción sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Ahora deben implementarlo de forma que contribuya a contrarrestar el grave contexto que viven las y los ambientalistas y activistas climáticos, incluido cuando protestan de manera pacífica.
Fotografías de la comunidad residencial Colonia Maya, ubicada al sur de México, en el estado de Chiapas. Foto © Martín López López y Elizabeth Del Carmen Suárez Díaz
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