Amnistía Internacional ha señalado hoy cómo, al año de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, con lo que el sector de la vigilancia continúa operando sin control.
El Proyecto Pegasus puso en evidencia cómo gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el invasivo programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes y lideresas políticos, periodistas y profesionales del derecho.
Tras reiterados llamamientos por la regulación del sector de la vigilancia, se han dado ciertos pasos en la dirección adecuada, pero la actuación de los gobiernos sigue sin ser suficiente.
“Un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global”, ha declarado Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech.
“El Proyecto Pegasus vino a recordar la necesidad de actuar con carácter de urgencia para regular un sector que carece de control. Es vergonzoso que los gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital.
Toda persona que haya sido atacada con el programa espía de NSO Group tiene derecho a un recurso efectivo. La falta de medidas de calado por parte de los gobiernos de todo el mundo supone un insulto para quienes han sufrido física o psicológicamente a causa de los ataques de este invasivo software.
La vigilancia selectiva e ilegítima de defensores y defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil es un instrumento de represión. Ha llegado la hora de someter a control a este sector, que continúa operando en la sombra”.
El Proyecto Pegasus fue una iniciativa de colaboración entre periodistas de 17 empresas de comunicación, procedentes de 10 países, cuya coordinación corrió a cargo de Forbidden Stories. En él, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional utilizó análisis periciales digitales y metodologías de investigación de última generación para confirmar indicios de ataques e infecciones de numerosos teléfonos en todo el mundo.
A lo largo del último año, el Laboratorio sobre Seguridad ha descubierto nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia. Además, el laboratorio ha confirmado por su cuenta que, en numerosos casos, se seguía utilizando Pegasus para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España.
La vigilancia ilegítima viola el derecho a la intimidad, y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica.
“Una forma muy violenta de censura”
Amnistía Internacional lleva ya muchos años investigando la vigilancia ilegítima. Cada vez hay más pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos y de cómo determinadas empresas se benefician de la vigilancia selectiva ilegítima.
Cada mes, se confirman nuevos casos de personas que están siendo atacadas con Pegasus. Amnistía Internacional ha entrevistado a varias de ellas cuyos dispositivos se han visto infectados por Pegasus y han relatado la angustia de saberse atacadas.
La periodista Julia Gavarrete, de El Salvador, opina: “es una lástima que un instrumento tan potente para combatir la delincuencia se utilice para atacar a periodistas independientes y a defensores o defensoras de los derechos humanos. ¡Qué pena que no tengamos ni idea de quién se escondía tras los ataques! Resulta imposible no sentir rabia cuando toda tu vida está en manos de otra persona, y no hay respuestas sobre quién es el responsable de ello.
Ser objeto de vigilancia me ha llevado a cambiar la manera de comunicarme y los sitios a los que voy, y a pensar dos veces el tipo de información que quiero compartir con otras personas, no sólo por mi propia seguridad, sino para proteger la integridad de quienes se comunican conmigo. Debo tener cuidado con los lugares que visitamos, y estar muy alerta cada vez que tenemos nuestros dispositivos cerca. Como periodista, tengo que proteger mis fuentes, pero como mujer, tengo que proteger a mi familia y a mis amistades. La vigilancia constituye un atentado contra la dignidad de nuestra vida profesional y privada”.
Hicham Mansouri, periodista marroquí residente en Francia, describe los ataques como “una forma muy violenta de censura, porque nos privamos a nosotros mismos de expresar nuestras opiniones sobre muchos temas, tanto a nivel profesional como personal”. A continuación, añade: “ese es su objetivo, que te vuelvas paranoico, aislarte de la gente y encerrarte en una prisión”.
Investigaciones en curso
En la actualidad hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes de resolución en Francia, India, México y Polonia. En marzo, el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA para investigar el empleo de Pegasus y de otros programas espía en Europa.
En noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos incorporó a NSO Group a su Lista de Entidades por “realización de actividades contrarias a la seguridad nacional o a los intereses de política exterior”. Ese mismo mes, Apple presentó una demanda contra NSO Group para pedir responsabilidades por la vigilancia y los ataques que habían sufrido usuarios y usuarias de Apple.
Durante las últimas semanas ha trascendido que L3Harris, empresa contratista de defensa de Estados Unidos, está negociando para hacerse con la propiedad del software Pegasus. El futuro de NSO Group sigue siendo incierto.
“Es preciso oponerse a cualquier maniobra de NSO Group para modificar su modelo empresarial con el fin de eludir la rendición de cuentas. Todo el sector de la vigilancia ha quedado incapacitado y necesita una reforma urgente”, afirma Danna Ingleton.
“Seguimos pidiendo la suspensión mundial de la venta, transferencia y empleo de programas espía mientras no se instauren salvaguardias de derecho humanos que regulen sus empleo”.
De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación vinculante no sólo de respetar los derechos humanos, sino también de protegerlos frente a abusos de terceros, incluidas las empresas privadas.
