La FIFA debería destinar como mínimo 440 millones de dólares estadounidenses para proporcionar reparación a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que han sufrido abusos contra sus derechos humanos en Qatar durante la preparación de la Copa Mundial 2022, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, a seis meses del partido inaugural del torneo.
En la carta abierta que acompaña al informe, Amnistía Internacional y una coalición de organizaciones de derechos humanos, y grupos de personas aficionadas al fútbol instaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a trabajar con Qatar para establecer un programa de reparación integral. Además de pagar indemnizaciones por todos los abusos laborales relacionados con la celebración del torneo en ese país, deberían garantizar que los abusos no se repiten, ni en Qatar ni en futuros torneos.
Para reparar la sucesión de abusos cometidos desde 2010 —año en que la FIFA adjudicó a Qatar los derechos de albergar el evento sin exigir ningún tipo de mejora de las protecciones laborales—, las organizaciones piden a la FIFA que, como mínimo, iguale los 440 millones de dólares de la dotación en premios para la Copa Mundial.
“Dado el historial de abusos contra los derechos humanos en el país, la FIFA sabía —o debía haber sabido— los riesgos evidentes para los trabajadores y trabajadoras al adjudicar el torneo a Qatar. Pese a ello, no mencionó ni una sola vez a los trabajadores y trabajadoras ni los derechos humanos en su evaluación de la candidatura de Qatar, y no estableció ninguna condición relativa a las protecciones laborales. Desde entonces, la FIFA ha hecho francamente poco por prevenir o mitigar tales riesgos”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Al hacer la vista gorda ante los previsibles abusos contra los derechos humanos y no detenerlos, no cabe duda de que la FIFA contribuyó a los abusos generalizados sufridos por las personas migrantes que trabajaron en Qatar en proyectos relacionados con la Copa Mundial, y que van más allá de los estadios y los hoteles oficiales”.
Según estimaciones de Amnistía Internacional, la suma de 440 millones de dólares es probablemente la mínima necesaria para cubrir toda una serie de gastos de indemnización y respaldar iniciativas de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el futuro. No obstante, la cifra total correspondiente al reembolso de salarios impagados y de las tasas de contratación desorbitadas pagadas por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, y a las indemnizaciones por lesiones y muertes podría acabar siendo muy superior y debería evaluarse en el marco de un proceso participativo con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
“Aunque es demasiado tarde para evitar el sufrimiento causado por los abusos cometidos en el pasado, la FIFA y Qatar pueden y deben actuar para proporcionar reparación y prevenir que se produzcan más abusos. Pagar indemnizaciones a las personas trabajadoras que dieron tanto para hacer realidad el torneo, y adoptar medidas para garantizar que nunca más se vuelvan a cometer tales abusos, podría suponer un importante punto de inflexión en el compromiso de la FIFA de respetar los derechos humanos”, ha sostenido Agnès Callamard.
Responsabilidades y obligaciones incumplidas
Como disponen los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y como reconoce en sus propias políticas, la FIFA tiene la responsabilidad de reparar los abusos contra los derechos humanos a los que haya contribuido. Esa responsabilidad no sólo debería cubrir a las personas que han trabajado en la construcción de instalaciones específicamente dedicadas al fútbol, como estadios y campos de entrenamiento, hoteles acreditados por la FIFA y el centro de retransmisiones, sino también a quienes lo hicieron prestando los servicios necesarios para el funcionamiento de dichas instalaciones. También debería cubrir a las personas que trabajaron en la construcción y los servicios de transporte, alojamiento y otras infraestructuras necesarias para albergar a más de un millón de visitantes que se espera que acudan a Qatar para asistir al torneo.
Asimismo, Qatar también tiene la obligación de garantizar la reparación de todos los abusos cometidos en su territorio, aunque no estén relacionados con la Copa Mundial. Si bien ha habido ciertos avances a través de las iniciativas del Comité Supremo de Gestión y Patrimonio y del programa de reformas laborales de Qatar, su limitado alcance y deficiente aplicación, respectivamente, han dado lugar a la persistencia de graves abusos contra los derechos humanos y a que los trabajadores y trabajadoras hayan tenido un acceso limitado a la reparación. En última instancia, los abusos sufridos por las personas trabajadoras durante el último decenio en todos los proyectos necesarios para esta Copa Mundial no se han abordado en su mayoría.
“Durante años, el sufrimiento de quienes han hecho posible esta Copa Mundial se ha escondido bajo la alfombra. Ya es hora de que la FIFA y Qatar trabajen conjuntamente en un programa de reparación integral que sitúe a los trabajadores y trabajadoras en un lugar central y garantice que ningún daño causado quede sin respuesta”, ha declarado Agnès Callamard.
“Con arreglo al derecho internacional y al propio reglamento de la FIFA, tanto ésta como Qatar tienen la obligación y la responsabilidad de prevenir los abusos contra los derechos humanos y de proporcionar reparación a las víctimas. El fondo de reparación que Amnistía Internacional y otras organizaciones están pidiendo que se establezca está totalmente justificado dada la magnitud de los abusos, y constituye una pequeña fracción de los 6.000 millones de dólares en ingresos que la FIFA obtendrá con el torneo”.
Amnistía Internacional pide a la FIFA y a Qatar que establezcan un programa con la plena participación de trabajadores y trabajadoras, sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo y la sociedad civil. Además, la FIFA y Qatar deben aprender de las experiencias de otros programas de reparación, como el plan que siguió al desastre del Rana Plaza de Bangladesh en 2013, en el que murieron más de 1.300 trabajadores y trabajadoras.
Más allá de este torneo, Amnistía Internacional también pide a la FIFA que garantice que no se repitan abusos contra los derechos humanos de la población trabajadora migrante, y que se asegure de que las adjudicaciones de todos los torneos y eventos futuros siguen una rigurosa evaluación de riesgos para los derechos humanos junto con planes de acción claros para prevenir y mitigar los posibles abusos identificados. En el proceso de adjudicación para organizar la Copa Mundial de 2026 se emplearon nuevos criterios relativos a los derechos humanos, pero no parece que se aplicaran en las decisiones de otorgar, primero a China y, posteriormente, a Emiratos Árabes Unidos, la celebración de la Copa Mundial de Clubes de 2021.
Información complementaria
Desde 2010, cientos de miles de personas migrantes han sufrido abusos contra sus derechos humanos mientras trabajaban en la construcción de los estadios, hoteles e infraestructuras de transportes y de otra índole necesarias para albergar la Copa Mundial 2022. La inmensa mayoría de la población migrante de Qatar tuvo, por ejemplo, que pagar unas tasas de contratación ilegales que, de promedio, fueron de más de 1.300 dólares por persona para conseguir el trabajo, y, antes de 2020, todas estas personas tenían restringida la capacidad de cambiar de empleo y de salir del país. Para más información sobre los abusos contra los derechos humanos a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar, consulten el siguiente enlace.
Desde 2018, Qatar ha introducido una serie de importantes reformas laborales cuyo propósito es mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero los abusos persisten debido a su falta de aplicación. En 2014 también se introdujeron mejoras para quienes trabajaban en las sedes oficiales de la FIFA, como los estadios, a través de las Normas para la Protección de los Trabajadores del Comité Supremo, pero dichas normas no se respetan en todos los casos y sólo cubren a una minoría de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de proyectos relacionados con la Copa Mundial. Una iniciativa positiva puesta en marcha por el Comité Supremo en 2018 incluye un acuerdo con contratistas de sedes oficiales de la Copa Mundial para reembolsar las tasas de contratación a 48.000 trabajadores, aunque, de nuevo, estas personas siguen siendo una minoría de todas las que han trabajado en proyectos esenciales para la Copa Mundial.
La respuesta de la FIFA al informe de Amnistía Internacional está disponible en el Anexo.
