Estamos consternados por los terribles acontecimientos de Rafah, la zona más poblada de Gaza, donde 1,5 millones de personas se refugian como último recurso, más de medio millón de ellas niños. Si Israel lanza su propuesta de ofensiva terrestre, miles de civiles más morirán y la limitada ayuda humanitaria corre el riesgo de detenerse por completo. Si no se detiene inmediatamente este plan militar, las consecuencias serán catastróficas.
Con importantes daños en más del 70 por ciento de la infraestructura civil, muchas zonas de Gaza han quedado reducidas a escombros y son inhabitables. La mayoría de los hospitales no funcionan o sólo lo hacen parcialmente y están completamente desbordados. Hay pocos alimentos, agua potable, refugio o saneamiento. La gente vive en las condiciones más inhumanas, muchos de ellos a la intemperie. Resulta increíble que el ejército israelí haya desplazado por la fuerza a la mayoría de la población de sus hogares a Rafah –con seis veces más personas que antes hacinadas en la zona– y luego haya anunciado planes para atacarla.
La estrategia del gobierno israelí de traslado forzoso sistemático y repetido de la población civil ha provocado el desplazamiento forzoso de más de tres cuartas partes de la población, muchos de los cuales se marcharon sin un refugio adecuado ni hogares a los que regresar. Castigar colectivamente a los civiles negándoles refugio adecuado, alimentos, agua potable y otros elementos esenciales necesarios para su supervivencia y obstruyendo los envíos de ayuda humanitaria destinados a paliar el hambre puede constituir un grave incumplimiento de las obligaciones de una potencia ocupante en virtud del Derecho Internacional Humanitario, y constituir crímenes de guerra.
El mes pasado, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que adoptara medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente en Gaza. Esto no sólo no ha sucedido, sino que la situación sobre el terreno se ha deteriorado aún más. Los ataques aéreos de Israel en Rafah mataron al menos a 100 palestinos en un solo día, desafiando tanto los llamamientos internacionales a la moderación como, potencialmente, la orden de la CIJ. Más de 1,5 millones de personas atrapadas en Rafah no tienen ningún lugar seguro al que ir, y muchas ya han sido desplazadas varias veces. Todos los supuestos espacios seguros israelíes se han visto comprometidos, sin excepción, una prueba más de que nunca hubo realmente ningún lugar seguro en Gaza.
Nuestro llamamiento a un alto al fuego inmediato y permanente es más urgente que nunca, ya que los incesantes bombardeos y el asedio israelíes han diezmado Gaza y han dejado a la población civil palestina hambrienta, enfrentada a la hambruna y con enfermedades generalizadas, al tiempo que obstruyen los intentos de aliviar su sufrimiento. La ofensiva militar israelí ha hecho prácticamente imposible que nuestros organismos colectivos lleven a cabo una labor humanitaria significativa y eficaz, comprometiendo no sólo la seguridad, sino también los propios principios que guían nuestros esfuerzos humanitarios. Rafah ha sido el principal punto de entrada de la ayuda y los bombardeos impedirán entonces que pase cualquier tipo de asistencia.
El silencio y, en ocasiones, el apoyo material a las fuerzas armadas de Israel por parte de poderosas naciones, es señal de una angustiosa complicidad en la creciente crisis de Gaza. Ya sea mediante la transferencia de armas, la obstrucción diplomática de resoluciones o el silencio, estas acciones han garantizado de hecho la impunidad de Israel. La desgarradora situación de Gaza subraya la urgente necesidad de que los gobiernos de todo el mundo pongan fin al suministro de armas y municiones utilizadas en estas atrocidades. También pedimos un alto al fuego permanente para proteger las vidas de los civiles y la liberación de los rehenes y de los palestinos detenidos ilegalmente, así como el acceso pleno y sin trabas de la ayuda y los trabajadores humanitarios.
Los Estados tienen la responsabilidad legal y moral de proteger a los civiles, impedir los crímenes de guerra y defender el derecho internacional. Instamos a todos los Estados a que consideren que su inacción o su continuo apoyo no sólo agravan la tragedia, sino que también los implican. Les pedimos que hagan todo lo que esté en su mano para impedir nuevas ofensivas militares y forjar un alto el fuego permanente y completo en Gaza.
Firman:
Ana Alcalde Acting Secretary General, ActionAid International
Dr Agnès Callamard Secretary General, Amnesty International
Charlotte Slente Secretary General, Danish Refugee Council
Manuel Patrouillard CEO, Handicap International-Humanity & Inclusion
Amitabh Behar Executive Director, Oxfam International
Rob Williams CEO, War Child Alliance
Faris Arouri Director, Association for International Development
Agencies