Punto móvil de reclutamiento para el servicio militar en Moscú, julio de 2023. (Foto: © Natalia Kolesnikova/AFP)
Rusia ha utilizado prácticas de explotación, coacción y engaño para reclutar a personas extranjeras en sus fuerzas militares y enviarlas a combatir en Ucrania; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. En muchos casos, estas prácticas constituyen violaciones de derechos humanos y pueden equivaler al delito de trata de personas, fenómeno que sigue siendo muy frecuente en Rusia y cuya erradicación requiere una repuesta urgente de la comunidad internacional.
En el documento se describe con detalle la manera en que agentes de reclutamiento han inducido a personas de otros países a incorporarse a las fuerzas armadas rusas y se han aprovechado de la precariedad de la población migrante y refugiada ya presente en Rusia. Las personas afectadas son fundamentalmente de países de bajos ingresos del Sur Global.
“La investigación de Amnistía demuestra que las fuerzas armadas rusas refuerzan sus filas con personas extranjeras en situación de vulnerabilidad económica y las utilizan como carne de cañón en la guerra de agresión contra Ucrania. El grado de explotación y coacción que esto implica nos llevó a la conclusión de que, en muchos casos, esta práctica constituye trata de personas tal como se define en el Protocolo de Palermo de la ONU”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Basándose en las vías de explotación migratoria preexistentes y las prácticas abusivas contra la población migrante y refugiada que tienen lugar en Rusia, quienes se encargan del reclutamiento han creado un sistema de coacción, fraude y engaño, especialmente falsas promesas de empleo civil o no bélico, para alistar en las fuerzas armadas a personas extranjeras. En cuanto las víctimas firman los documentos, a menudo en un idioma que no comprenden, los altos mandos militares limitan su libertad de circulación, las envían al frente con una preparación mínima y amenazan a quienes buscan una salida”.
El informe se basa en entrevistas realizadas en dos campos ucranianos de prisioneros de guerra entre 2024 y 2026 a nacionales de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka y Sudáfrica, y en conversaciones mantenidas con personas extranjeras que prestan servicio en las fuerzas armadas rusas y con sus familiares, así como con juristas, activistas de derechos humanos y periodistas.
Entre las principales herramientas para reclutar a personas extranjeras, las autoridades rusas han instrumentalizado la irregularidad migratoria en la que se encuentran quienes rebasan la estancia autorizada por los visados de trabajo y la precariedad de las personas de otra nacionalidad acusadas de delitos, presentando el alistamiento como una alternativa preferible a la reclusión y deportación.
Amnistía Internacional entrevistó a dos hombres de Sri Lanka reclutados tras haber rebasado la estancia indicada en sus visados de trabajo, así como a personas egipcias y cubanas que habían sido encarceladas por presunta posesión de drogas y habían tenido la posibilidad de firmar contratos militares en lugar de cumplir o terminar de cumplir sus penas de cárcel. La organización también recabó el testimonio de un refugiado de África Central al que habían detenido después de que expirara su estatuto de protección temporal y amenazado con deportarlo si no se alistaba en las fuerzas armadas de Rusia.
Ocultar o tergiversar los riesgos derivados y la especificidad de la oferta de trabajo es un elemento clave para el reclutamiento de personas migrantes por parte del ejército ruso. La perspectiva del servicio militar suele presentarse como una función de apoyo no bélico, tal como trabajar en una cocina militar o conduciendo vehículos lejos del frente. Los dos srilankeses afirmaron que les habían hecho creer que trabajarían de cocineros, pero los enviaron a luchar en el frente y las fuerzas ucranianas los capturaron unas semanas después. “La magnitud de los combates es inimaginable. No se ven tropas ucranianas, solo drones, drones por todos lados”, señaló uno de ellos. “Nunca volvería allí”.
Agentes locales y unos anuncios de empleo fraudulentos han sido factores determinantes para engañar a personas extranjeras en sus países de origen. Las que habían sido reclutadas fuera de Rusia —en Brasil, Colombia, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka y Sudáfrica— dijeron que les habían prometido falsamente trabajos civiles en seguridad, logística, construcción y tecnologías de la información y la comunicación, entre otros sectores, en general con garantías de salarios elevados y acceso rápido a la ciudadanía rusa; sin embargo, a su llegada, habían terminado fraudulentamente en las fuerzas armadas.
Un hombre sudafricano que se presentó a una oferta de empleo en línea para trabajar de conductor en Polonia recibió instrucciones a través de una persona intermediaria por WhatsApp para que fuera en avión a Moscú a recoger un camión para llevarlo a Polonia, según contó su esposa a Amnistía Internacional. “Cuando llegó a Moscú, le quitaron todo lo que llevaba. Le dijeron que no iría a Polonia y que iba a convertirse en soldado”.
A muchas personas reclutadas les habían prometido sueldos sustanciosos y primas de alistamiento que no se materializaron. Algunas recibieron pagos parciales antes de ser capturadas, pero muchas manifestaron no haber recibido nada en absoluto. Más allá de la remuneración económica, todas ellas describieron las promesas de acceso a la ciudadanía rusa como un incentivo especial.
Todas las personas entrevistadas afirmaron haber visto restringida su libertad de circulación tras la firma del contrato militar. Las que procedían de Brasil y Sri Lanka señalaron que les habían retirado el pasaporte y el teléfono móvil durante el entrenamiento o antes de ser desplegadas en el frente. Otras dijeron que no podían salir de las instalaciones a las que las llevaron tras firmar los documentos y que todos los desplazamientos se habían efectuado con secretismo y un estricto control.
Pedro, un informático brasileño reclutado tras firmar lo que él creía que era el contrato de un trabajo tecnológico bien remunerado en Rusia, manifestó que, cuando planteó a la persona al mando que quería marcharse, la respuesta fue: “Si intentas escapar, o vas la cárcel o te matamos”.
La falta de experiencia militar parece no constituir impedimento alguno para el reclutamiento, y la mayoría de las personas fueron enviadas a zonas de combate activas después de tan solo dos semanas de entrenamiento. Muchas de ellas mencionaron una preparación insuficiente, la falta de equipos y una comunicación limitada con los altos mandos a causa de las barreras lingüísticas. Esto indica que el reclutamiento de personas extranjeras está impulsado por el afán de aumentar la cifra de fuerzas rusas en el frente, sin mucha o ninguna preocupación por la preparación bélica ni respeto aparente a la vida humana.
Los patrones documentados en esta investigación suscitan motivos graves de preocupación respecto a la violación por parte de Rusia de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, por ejemplo mediante la implicación clara en casos de trata de personas, así como la inacción a la hora de penalizar esta práctica y luchar contra ella; de llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces de todas las denuncias de delitos y de abusos y violaciones de derechos humanos; de identificar y proteger a víctimas y sobrevivientes, y de hacer rendir cuentas a cualquier persona presuntamente responsable o cómplice de todo lo anteriormente mencionado.
Amnistía Internacional pide a Rusia que ponga fin de inmediato a todas las prácticas abusivas relacionadas con el reclutamiento militar de personas extranjeras y el trato que se les inflige en los centros de entrenamiento y en el frente, como el reclutamiento mediante coacción, engaño e información errónea; la explotación de las vulnerabilidades económicas, jurídicas o de cualquier otra índole que afrontan las personas extranjeras en Rusia y las de comunidades económicamente desfavorecidas en el resto del mundo, y las restricciones de la libertad de circulación de éstas una vez que se encuentran en Rusia o en la parte de Ucrania ocupada por Rusia.
Los Estados cuya ciudadanía corre peligro de ser objeto de este tipo de prácticas o se ha visto afectada por ellas deben adoptar medidas anticipadas de protección, como emitir alertas y orientaciones públicas claras sobre los riesgos de los sistemas de contratación fraudulenta o engañosa relacionados con el empleo en Rusia u otros países. Además, deben adoptar medidas activas, en los ámbitos mundial, regional y nacional, para poner fin al delito de trata de seres humanos y exigir las responsabilidades que correspondan, así como reparaciones para quienes han sido objeto de coacción, explotación o malos tratos.
El informe incluye también una serie de llamamientos dirigidos a las autoridades ucranianas, especialmente en lo que respecta a personas nacionales de terceros países que están recluidas como prisioneros de guerra.
“El sufrimiento humano causado por la trata de personas extranjeras que lleva a cabo Rusia, o quienes han recibido su autorización o estímulo para hacerlo, no se limita al frente de Ucrania. Estas redes de reclutamiento llegan a todas partes, en concreto a las comunidades vulnerables de todo el mundo, dejando tras de sí un rastro de explotación, pérdidas y dolor que va más allá de la Ucrania devastada por la guerra”, ha añadido Agnès Callamard.
“Si Rusia se niega a poner fin a la trata de seres humanos y sigue aprovechándose de las comunidades vulnerables de todo el mundo, los demás Estados deben hacer cuanto esté en su mano para impedir que se cometa este delito.
Todas las personas directamente implicadas y todas las que sean cómplices, ya sea como encargadas del reclutamiento o intermediarias del sector privado, como autoridades del Estado o como altos mandos militares, deben rendir cuentas plenamente. Independientemente del lugar donde se haya producido la trata de personas, las víctimas y sobrevivientes deben ser reconocidas y consideradas como tales, y todas las pruebas deben ser recopiladas y conservadas a fin de perseguir a quienes incumbe la responsabilidad de dicho acto”.
Información complementaria
En mayo de 2025, las autoridades de Rusia ilegalizaron oficialmente la presencia de Amnistía Internacional en este país, criminalizaron las actividades que llevaba a cabo en su territorio y le privaron de la oportunidad de recabar públicamente información en o sobre Rusia. Esto ha impedido a la organización investigar con libertad los relatos de personas de este país que, según los medios de comunicación rusos controlados por el gobierno, han afirmado que en Ucrania también hay quienes han tratado de reclutar a personas extranjeras mediante engaños o aprovechándose de unas circunstancias de vulnerabilidad.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional, press@amnesty.org
Más información:
Russia: Trafficking of Foreign Nationals to Fight in Ukraine (investigación, 10 de septiembre de 2026)
