La invasión de Ucrania por parte de Rusia es una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión que constituye un crimen en virtud del derecho internacional, ha declarado Amnistía Internacional al tiempo que ha pedido que todos los implicados en este crimen rindan cuentas por estas violaciones. Debe exigirse su responsabilidad personal, individual y colectiva por ello, y por todos los numerosos crímenes que han caracterizado su invasión de Ucrania hasta ahora.
Haciendo hincapié en la gravedad de la crisis ucraniana, la organización pidió a los Estados miembros de la ONU que mantuvieran y defendieran la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Señaló que las únicas excepciones a estas disposiciones son la autodefensa y el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, ninguno de los cuales se aplica a esta crisis.
Amnistía Internacional subrayó además que, en virtud del derecho internacional, corresponde a todos los Estados resolver las disputas internacionales por medios pacíficos y de manera que no se pongan en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales.
“La invasión rusa de Ucrania es grave, severa y se define por una sola característica: la agresión. Rusia está invadiendo el corazón de Ucrania, tratando de deponer a su gobierno legalmente elegido, con un impacto real y potencialmente masivo en la vida, la seguridad y el bienestar de los civiles; sus actos no pueden justificarse ni remotamente con ninguno de los motivos que Rusia ha ofrecido. Sin embargo, todo esto lo está cometiendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Rusia está incumpliendo claramente sus obligaciones internacionales. Sus acciones son descaradamente contrarias a las normas y principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas. Todos los miembros de las Naciones Unidas deberían condenar esta conducta de forma inequívoca. No se puede permitir que el flagrante desprecio de Rusia envalentone a otros a seguir su ejemplo y tampoco se debe socavar la capacidad de la ONU para contener ese comportamiento”.
Desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, Amnistía ha documentado la escalada de violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos, incluidas las muertes de civiles resultantes de los ataques indiscriminados contra zonas e infraestructuras civiles. Los ataques contra objetos protegidos, como hospitales y escuelas, el uso de armas indiscriminadas, como los misiles balísticos, y el uso de armas prohibidas, como las bombas de racimo, pueden considerarse crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha instado a los Estados miembros de la ONU a que se unan en la condena de los crímenes de agresión cometidos por Rusia, en la prestación de socorro y asistencia a los ciudadanos de Ucrania, incluidos los que huyen del conflicto, y en la garantía de que no se permite que las consecuencias de la agresión rusa acerquen al mundo a un abismo de violencia, violaciones e inseguridad.
“En menos de una semana, la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una crisis masiva de derechos humanos, humanitaria y de desplazamientos que tiene las características de la peor catástrofe de este tipo en la historia europea reciente. Rusia no sólo está violando la soberanía de un vecino y de su pueblo, sino que también está desafiando la arquitectura de la seguridad mundial y explotando su fragilidad, incluido un Consejo de Seguridad de la ONU disfuncional. Esto tiene consecuencias duraderas para todas las personas. No debemos permitir que la agresión y las violaciones del derecho internacional sean su artífice”, afirmó Agnès Callamard.
El anuncio realizado ayer por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de que su oficina tratará de abrir una investigación en Ucrania pone sobre aviso a todos los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania -incluidos los que ocupan puestos de alto nivel y los más responsables- de que tendrán que rendir cuentas individualmente.
“Amnistía Internacional pide a todos los Estados partes en la CPI y a la comunidad internacional en general que cooperen con la investigación de este organismo. La investigación de la CPI no puede llevarse a cabo en solitario. La rendición de cuentas integral en Ucrania requiere los esfuerzos concertados e innovadores de la ONU y sus órganos, así como iniciativas a nivel nacional en virtud del principio de jurisdicción universal”, declaró Agnès Callamard.
“En esta primera fase, la recogida y conservación de pruebas es crucial para el éxito de futuras investigaciones. Sobre todo, debemos asegurarnos de que el número trágicamente creciente de víctimas de crímenes de guerra en Ucrania escuche el mensaje de que la comunidad internacional ya está decidida a garantizar la reparación de su sufrimiento”.
Antecedentes
Las violaciones graves de las normas del conflicto constituyen crímenes de guerra. Algunas de ellas están codificadas como tales por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La CPI tendría jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, que hizo una declaración en 2015 aceptando la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes cometidos en su territorio desde el 20 de febrero de 2014. Rusia firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero retiró su firma en 2016.
La intervención militar parece ajustarse a la definición de agresión según el Estatuto de Roma de la CPI. El Art. 8bis(1) del Estatuto de Roma define, en la parte pertinente, un “crimen de agresión” como “un acto de agresión que, por sus características, gravedad y escala, constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. Aunque la Corte, salvo una improbable remisión por parte del Consejo de Seguridad, no tendrá competencia sobre el crimen de agresión en esta situación, varios Estados, entre ellos Ucrania, tienen leyes internas que permitirían procesar a los responsables de este crimen.
La invasión de Ucrania ya ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, instituciones médicas, infraestructuras sociales y otras infraestructuras civiles, y ha producido muertos y heridos entre la población civil. Ha provocado desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas civiles. En los combates de Donetsk y Luhansk, especialmente en 2014-2015, se han producido ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y privaciones ilegales de libertad.
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