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Amnistía Internacional ha publicado hoy un documento en el que expone graves violaciones de derechos humanos contra las personas inmigrantes detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC), en el contexto de la represión general de inmigrantes por parte del gobierno de Trump.
El documento, basado en una visita de investigación a El Paso en abril de 2025, que incluyó una visita guiada al EPSPC, documenta alarmantes patrones de abusos y violaciones sistémicas de derechos. Dehumanized by Design: Human Rights Violations in El Pasorevela malos tratos generalizados en el EPSPC y pone de relieve casos en los que se ha reforzado el control de la inmigración, en ocasiones de manera ilegal, y el uso alarmante de la Ley de Enemigos Extranjeros para clasificar como personas de alto riesgo y afiliadas a bandas a personas venezolanas que buscan seguridad, detenerlas y expulsarlas del país.
“El gobierno de Trump actúa descaradamente de forma selectiva contra nuestros familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas inmigrantes, y ha vuelto insoportable su vida”, ha manifestado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Se están practicando detenciones de inmigrantes en todo el país, incluidas personas solicitantes de asilo y otras que llevan años viviendo en Estados Unidos, a quienes se está negando acceso a representación letrada y al debido proceso, sometiendo a condiciones de reclusión abusivas y, en algunos casos, a desaparición forzada y traslado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Estas prácticas no sólo son inhumanas, sino también ilícitas”.
El equipo investigador de Amnistía Internacional se reunió con 27 personas detenidas y con organizaciones locales y proveedores de asistencia jurídica, ayuda humanitaria y servicios sociales. La organización observó un desprecio general por las normas de derechos humanos en una amplia variedad de medidas.
Detención arbitraria
Amnistía Internacional documentó numerosos casos de detención arbitraria, incluso de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que habían presentado solicitud de asilo. Entre ellas había quienes huían de la violencia política, la tortura y la violencia de las bandas. Muchas denunciaron no tener acceso a representación letrada, estar en detención prolongada sin motivo, sufrir condiciones de reclusión crueles e inhumanas y ser objeto de traslados entre centros que afectan a su capacidad de comunicarse con sus seres queridos y con proveedores de servicios jurídicos.
Un hombre de la República Dominicana contó: “He estado en cuatro centros de detención en dos meses. Cada vez que me trasladan tengo que volver a pasar por los trámites, y mi fecha de comparecencia ante el tribunal, el juez y el estado de mi caso cambian”.
Otros describieron su separación familiar, en la que esposa e hijos se habían quedado sin apoyo ni comunicación con sus seres queridos, sufriendo angustia mental.
Un hombre de México dijo: “La mayoría tenemos los mismos problemas […] nuestros hijos y esposas han quedado abandonados. Estamos aquí porque el sistema no funciona”.
Violación del derecho al debido proceso y falta de recursos jurídicos
La reciente suspensión del Programa de Orientación Jurídica del Departamento de Justicia ha reducido gravemente la capacidad de las personas detenidas para conocer sus derechos y moverse por el sistema de inmigración. En El Paso, organizaciones consolidadas como Estrella del Paso, que en otro tiempo prestaba servicios esenciales a las personas migrantes a través de sesiones formativas en los centros de detención sobre la ley de inmigración y el sistema de justicia, y de apoyo a menores no acompañados ante los tribunales, se han quedado sin financiación, lo que deja a las personas inmigrantes atrapadas en el sistema, sin acceso a representación letrada ni al debido proceso.
La mayoría de las personas detenidas entrevistadas carecían de representación jurídica y varias dijeron que sentían frustración ante la falta de acceso a recursos legales, que incluía ser sistemáticamente privadas de acceso a la biblioteca jurídica. Otras dijeron que no tenían acceso a información de ninguna clase sobre su caso.
Un proveedor local de servicios dijo: “Lo más importante ahora mismo es que estamos luchando porque pasan muchas cosas y no tenemos ninguna información […] Están condicionando a la gente para que se marche por su voluntad”.
Actuación selectiva contra las personas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros
Utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, el gobierno de Trump ha actuado desproporcionadamente contra personas venezolanas calificándolas de afiliadas a bandas sin pruebas, deteniéndolas arbitrariamente y expulsándolas sin el debido proceso, en algunos casos a El Salvador, donde se enfrentan a condiciones de reclusión inhumanas y riesgo de tortura.
En el EPSPC hubo quienes denunciaron que las personas venezolanas sufren de manera desproporcionada malos tratos a manos de los guardias, régimen de aislamiento y la calificación de “enemigo extranjero” basada únicamente en la nacionalidad y la presencia de tatuajes, y todo ello sin el debido proceso. Desde el anonimato, varias personas detenidas contaron con detalle cómo los guardias las amenazaban con enviarlas a Guantánamo o El Salvador como táctica de terror o intimidación, o como medida disciplinaria.
Una persona de Venezuela detenida en el EPSPC contó a Amnistía Internacional: “Un hombre fue empujado al suelo y golpeado por los guardias por [saltarse] a alguien en la cola de la comida, y luego fue enviado a El Salvador. Otro venezolano fue a hablar con los funcionarios y volvió con la cara llena de golpes. Los guardias no sólo se acercan a la gente y tienen un comportamiento abusivo sino que además, si enojas a un guardia o algo parecido, te amenazan con enviarte a Guantánamo o El Salvador”.
Condiciones de detención inhumanas
Amnistía Internacional concluyó que las condiciones en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC) violan las normas de reclusión tanto estadounidenses como internacionales. Personas detenidas en el EPSPC denunciaron malos tratos de los guardias, uso del régimen de aislamiento, espacios insalubres y superpoblados (incluidos aseos disfuncionales), asistencia médica insuficiente y comida caducada y de mala calidad.
Muchas de las personas detenidas con las que habló Amnistía Internacional describieron experiencias muy parecidas. Una persona contó: “No tenemos acceso a la asistencia médica necesaria. Nos dan comida caducada y todos enfermamos. Nos dijeron que bebiéramos agua. El agua está caliente y no es potable. Huele mal. No nos dan ningún medicamento”.
Dejen de financiar este ataque cruel a las personas inmigrantes
La visita de Amnistía Internacional dibuja un cuadro muy preocupante, repleto de violaciones de derechos humanos.
“Este gobierno está deteniendo a personas y llevando a cabo deportaciones masivas sin respetar los derechos humanos, la dignidad ni la rendición de cuentas”, ha dicho Fischer. “Esto no es una política funcional de inmigración, sino un ataque declarado a la comunidad inmigrante en el que la crueldad se utiliza como arma para conseguir que la gente renuncie a sus derechos y se autodeporte”.
Mientras, el gobierno de Trump solicita más de 200.000 millones de dólares estadounidenses para ampliar su capacidad de control de la inmigración, incluidos 45.000 destinados a triplicar la capacidad actual de detención hasta 150.000 personas al día.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a la detención masiva de inmigrantes, garantice la evaluación personalizada de cualquier detención con presunción de libertad, garantice el derecho a asistencia letrada y respete en todo momento las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, debe poner fin a su actuación selectiva contra las personas venezolanas en estricto cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).
El Congreso debe suspender la financiación de sistemas de detención y deportación que violan derechos humanos. El gobierno debe poner fin a las expulsiones en aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, garantizar el debido proceso y el retorno seguro de todas las personas afectadas y garantizar que quienes comparecen ante un tribunal de inmigración tienen acceso oportuno a representación letrada.
“El Congreso debe decir no a que se destine más dinero a ampliar este cruel sistema”, ha dicho Fischer. “Da igual lo que diga el presidente Trump, Estados Unidos tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de sus fronteras. Las violaciones de derechos que documentamos en El Paso, entre otros muchos sitios, deben acabar ya”.
