Las autoridades estadounidenses están utilizando herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial (IA) automatizada para atacar directamente a personas que no tienen ciudadanía estadounidense, y esas herramientas constituyen un riesgo para quienes defienden los derechos del pueblo palestino. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, en plena represión ilegal en el país contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Amnistía Internacional ha examinado documentación de los archivos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, y documentos previamente desvelados sobre adquisiciones y evaluaciones de la privacidad, que demuestran que las herramientas de IA Babel X, proporcionada por Babel Street, e Immigration OS de Palantir, cuentan con capacidades automatizadas que permiten el monitoreo, la vigilancia y la evaluación constantes de personas, a menudo de personas que no tienen la ciudadanía estadounidense. La investigación ha sacado también a la luz la manera en que el gobierno estadounidense está utilizando estas herramientas para rastrear a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y cómo en última instancia estas herramientas entrañan un elevado riesgo de ser utilizadas como parte de la iniciativa “Atrapar y revocar” (“Catch and Revoke”).
“Resulta sumamente preocupante que el gobierno estadounidense esté desplegando tecnologías invasivas impulsadas por IA en el contexto de una agenda de deportación masiva y de represión de las expresiones propalestinas, lo que conduce a una multitud de violaciones de derechos humanos. Estas tecnologías permiten a las autoridades rastrear rápidamente y tomar como blanco a estudiantes internacionales y otros grupos de personas migrantes marginadas en una escala y con una amplitud sin precedentes. Esta situación ha dado lugar a un patrón de detenciones ilegales y deportaciones en masa, ha creado un clima de temor y ha agravado el ‘efecto disuasorio’ para las comunidades migrantes y los y las estudiantes internacionales en escuelas y universidades”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
La represiva iniciativa de “Atrapar y revocar” del Departamento de Estado, impulsada por IA, combina el monitoreo de redes sociales, el rastreo de la situación de visados y la amenaza de evaluaciones automatizadas de personas extranjeras que se encuentran en el país con visado, entre ellas estudiantes internacionales. Las herramientas de IA proporcionadas por Babel Street y Palantir desempeñan un papel crucial en la capacidad de las autoridades estadounidenses de identificar a personas, sus conductas y sus movimientos, con más rapidez y a una escala mayor para determinar si sus visados deben ser revocados.
Babel X lleva a cabo un análisis de sentimientos asignando un sentimiento y una intención probable a las publicaciones de personas basándose en el comportamiento online de éstas, mientras que tanto Babel X como Immigration OS pueden realizar un reconocimiento de patrones y un análisis automático de datos utilizando algoritmos.
Babel X, por ejemplo, se utiliza al parecer para, por ejemplo, analizar mediante la IA plataformas de redes sociales con el fin de detectar contenido relacionado con el “terrorismo”. Esta información puede ser utilizada por las autoridades estadounidenses para tomar decisiones sobre la revocación de visados individuales. Si el Departamento de Estado determina la revocación de un visado, se envían agentes de las oficinas locales sobre el terreno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que detengan y deporten a esa persona. Las tecnologías probabilísticas que se utilizan para extraer conclusiones sobre la intención de determinadas personas tienen unos enormes márgenes de error, a menudo pueden ser discriminatorias y sesgadas y pueden dar lugar a calificar falsamente contenido propalestino como antisemita.
Las amenazas de esos sistemas para los derechos humanos se conocen bien desde hace tiempo. Durante el primer mandato de Trump, 55 grupos de derechos humanos (entre ellos Amnistía Internacional) y 54 personas expertas en tecnología escribieron a las autoridades para oponerse a la introducción de un sistema automatizado similar de “escrutinio extremo”, alegando que sería ineficaz y conduciría invariablemente a violaciones del derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.
“La coercitiva iniciativa de ‘Atrapar y revocar’, facilitada por tecnologías de IA, amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias e ilegales de visado, las deportaciones y las violaciones de una multitud de derechos humanos. Entre ellos se encuentran el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y al acceso a la información, a la libertad de circulación, a la igualdad y a la no discriminación, y el derecho a la libertad y la protesta”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional ha analizado documentos de adquisiciones, contratos y respuestas basadas en la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información proporcionadas a peticiones previas de otras organizaciones, todo ello relacionado con proyectos de IA conocidos públicamente que actualmente utilizan el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tanto ella como el ICE mantienen en estos momentos al menos 80 proyectos de IA.
Babel X por Babel Street
Según los documentos examinados, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lleva utilizando Babel X al menos desde 2019. La tecnología puede recopilar enormes cantidades de datos de un solo identificador, como el nombre de una persona, su dirección de correo electrónico o su número de teléfono. También puede acceder a publicaciones de redes sociales, direcciones IP, historiales laborales, e identidades únicas generadas para publicidad en aplicaciones móviles que pueden utilizarse para rastrear la ubicación de un dispositivo. Babel X permite un enorme monitoreo de diversos grupos, de personas tanto ciudadanas como no ciudadanas estadounidenses, y residentes permanentes, pero se le ha encargado específicamente el monitoreo de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, tal como desveló el análisis de umbral de la privacidad de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para Babel X.
Babel X aparece actualmente citada en la página de proyectos activos de IA como “una herramienta adquirida comercialmente que ayuda a la CBP a recopilar información de redes sociales y de fuentes abiertas sobre viajeros que pueden ser objeto de un examen más a fondo por posible infracción de leyes que la CBP está autorizada a hacer cumplir o administrar”.
En febrero de 2025, el vicepresidente sénior de riesgos de Babel Street publicó un artículo en el que promovía el uso de información de fuentes abiertas habilitado por IA para contrarrestar y encontrar “contenido relacionado con el terrorismo” para interceptación y seguridad de fronteras, y para encontrar a personas y “grupos radicalizados” utilizando búsquedas de palabras clave en grandes bases de datos de documentos, artículos informativos y medios de comunicación online. Babel Street utiliza la “búsqueda persistente” para monitorear de forma continua cualquier información nueva que aparezca en la web respecto a una persona, o en otras bases de datos gubernamentales, incluso después de que se haya realizado una petición inicial de búsqueda. Mediante la automatización tanto del señalamiento como de la extracción de cantidades masivas de datos, de manera persistente, de las personas señaladas, Babel X amenaza con convertir a personas en sospechosas por defecto, y someterlas al riesgo de revocación de su visado, detención y deportación.
Immigration OS de Palantir
En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas otorgó a Palantir un contrato de 30 millones de dólares para rastrear las “autodeportaciones” e identificar casos de deportación prioritarios, especialmente casos de personas que habían excedido la caducidad de su visado. Ese mismo mes, 404 Media informó de la filtración de un mensaje de Slack (interno) enviado por el director tecnológico de Palantir que decía: “durante las últimas semanas hemos establecido el prototipo de un nuevo conjunto de integraciones de datos y flujos de trabajo con el ICE”; añadía: “El enfoque de la nueva administración sobre el aprovechamiento de datos para impulsar operaciones de cumplimiento de la ley ha acelerado esos esfuerzos”.
El sistema, que recibe el nombre de Sistema Operativo del Ciclo Vital de Inmigración (Immigration Lifecycle Operating System, o Immigration OS), funciona como una actualización del sistema de Gestión Integrada de Casos (Integrated Case Management, o ICM) de Palantir, ya utilizado por el ICE desde 2014.
El ICM permite al personal del ICE “crear un expediente electrónico que organiza y enlaza todos los registros y documentos asociados a una investigación particular [relacionada con la inmigración], para que sea fácilmente accesible desde un único lugar. También permite al personal enlazar registros con investigaciones múltiples para extraer conexiones entre casos y permitir el acceso a una enorme diversidad de datos personales desde agencias y cuerpos encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses.
La nueva versión de Immigration OS tiene las siguientes características:
- Simplificación del proceso de selección y aprehensión de personas basándose en las prioridades del ICE, y centrándose en organizaciones delictivas transnacionales, delincuentes violentos y personas que han excedido la caducidad de su visado.
- Monitoreo en tiempo real de la autodeportación y la integración con sistemas de priorización para servir de base a la elaboración de políticas y la asignación de recursos.
- Gestión de la migración de extremo a extremo, desde la identificación hasta la expulsión, centrándose en la eficiencia de la deportación.
Principalmente, Immigration OS automatiza un proceso ya de por sí muy deficiente y carente de rendición de cuentas que tiene un historial de desprecio del debido proceso y los derechos humanos, que lo enturbia y refuerza aún más.
Durante el primer mandato de Trump, en 2020, Amnistía Internacional escribió a Palantir en relación con sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Como respuesta, Palantir reconoció que había “[…] declinado deliberadamente establecer contratos con [las operaciones de cumplimiento de la ley y expulsión del ICE] y con la CBP bajo el [entonces] actual gobierno porque compartimos la preocupación de su organización por las posibles violaciones graves de derechos humanos contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y los riesgos de aplicación desproporcionada de las leyes de inmigración en Estados Unidos”.
Un Estado que todo lo ve y el efecto disuasorio en los y las estudiantes internacionales que se manifiestan
El 8 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense detuvo ilegalmente a Mahmoud Khalil, exestudiante licenciado por la Universidad de Columbia que actuó como portavoz de los manifestantes del campus, y que tiene un permiso de residencia permanente en Estados Unidos. El presidente Trump declaró que era “el primero de muchos”. Poco después, a nueve estudiantes extranjeros que habían participado en protestas o se habían pronunciado contra el genocidio de Israel en Gaza les revocaron los visados o los permisos de residencia. Mahmoud Khalil fue liberado el 20 de junio de la custodia del ICE.
En otro caso documentado, Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado turca de la Universidad de Tufts, fue interceptada cerca de su casa por seis agentes de inmigración vestidos de civil e introducida en un automóvil sin distintivos. Los agentes se negaron a identificarse hasta después de la detención de la estudiante. El único delito aparente de Rumeysa Ozturk era haber escrito conjuntamente un artículo de opinión en el que criticaba la falta de respuesta de su universidad a las demandas estudiantiles sobre Gaza. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional alegó más tarde, sin ofrecer ninguna prueba, que Rumeysa Ozturk “participaba en actividades en apoyo de Hamás”.
Aunque el gobierno estadounidense tiene la facultad discrecional de denegar y revocar visados a solicitantes, no puede hacerlo de maneras que violen los derechos protegidos por la Constitución estadounidense y el derecho internacional de los derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad de expresión y el derecho al debido proceso.
Las tácticas represivas del actual gobierno y la revocación sumaria de la condición migratoria de personas demuestran un total desprecio por los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Constituyen una violación evidente del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en la que las personas titulares de visados y refugiadas son blanco explícito de los sistemas impulsados por IA.
El 10 de julio de 2025, Amnistía Internacional se puso en contacto con Palantir Technologies y Babel Street para que comentaran las averiguaciones de la organización. Babel Street no respondió. Palantir Technologies respondió el 24 de julio de 2025 declarando que su producto no se utilizaba para impulsar la iniciativa gubernamental de “Atrapar y revocar”, una iniciativa del Departamento de Estado, y aclaró que Palantir había sido contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional, que no se dirigía específicamente contra manifestantes estudiantiles y que sus productos no impulsan actuaciones que violen los derechos de inmigración. Palantir confirmó que la reciente ampliación de su Gestión Integrada de Casos (denominada “Immigration OS”) “[…] no incluye trabajo que sirva directamente a la misión de [operaciones de aplicación de la ley y expulsión]” y confirmó que eso incluía las siguientes capacidades: “a) Priorización y selección de las operaciones de aplicación de la ley, b) Rastreo de la autodeportación y c) Operaciones del ciclo vital de la inmigración”.
Aunque los contratos de Babel Street y Palantir están establecidos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, respectivamente, el departamento de Aplicación de las Operaciones de Expulsión (Enforcement Removal Operations, o ERO) del ICE gestiona todos los aspectos de la aplicación de los procesos de inmigración, incluidas “la identificación, la detención, la reclusión y la expulsión de extranjeros”. El ICE es el brazo operativo encargado de implementar las decisiones tomadas por todas las agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Estado, sobre la gestión de la migración. En otras palabras, el ICE desempeña un papel fundamental a la hora de aplicar la política de “Atrapar y revocar” mediante el rastreo y las tácticas de detención agresivos, incluso aunque la política en su conjunto la implemente el Departamento de Estado. Estas respuestas no abordan de manera fundamental las preocupaciones planteadas por esta investigación; que las tecnologías de Palantir y Babel Street amenazan con contribuir a violaciones de derechos humanos de las personas migrantes a consecuencia de los contratos de ambas empresas con agencias federales de aplicación de las leyes de inmigración.
“Sistemas como Babel X e Immigration OS desempeñan un papel clave en la capacidad del gobierno estadounidense de llevar a cabo sus tácticas represivas, pues facilitan la toma rápida de decisiones automatizadas que han dado lugar a deportaciones masivas llevadas a cabo a una velocidad sin precedentes, que no permite un debido proceso adecuado y constituye un importante riesgo para los derechos humanos de todas las personas inmigrantes, incluidos los y las estudiantes que no tienen ciudadanía estadounidense”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Teniendo en cuenta la relación previa de Palantir y Babel Street con el gobierno estadounidense, y la intención pública del gobierno de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, estas empresas podrían haber previsto razonablemente el riesgo de causar daño que se está viendo en todo el país y haber reconsiderado el establecimiento de estos contratos, para abordar estos riesgos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
Si Palantir y Babel Street hubieran ejercido adecuadamente la diligencia debida en materia de derechos humanos y hubieran cumplido sus responsabilidades de derechos humanos en 2025, estas empresas podrían, y deberían, haber declinado igualmente participar en estas iniciativas de deportación masiva. Al proporcionar esta tecnología sin salvaguardias adecuadas, empresas como Babel Street y Palantir amenazan con contribuir a las violaciones de derechos humanos que rodean estas iniciativas.
Amnistía Internacional reconoce la importancia de ejercer influencia cuando sea posible en cualquier relación comercial en la que estén implicados los derechos humanos. Es de la máxima importancia que las empresas no causen violaciones de derechos humanos ni contribuyan o se vinculen directamente a ellas.
“El uso de esta tecnología en este contexto amenaza con alimentar la capacidad del gobierno de Trump de tomar decisiones arbitrarias de deportar por capricho y en cantidades masivas a personas marginadas que apenas tienen acceso, si es que lo tienen, al debido proceso. No debemos olvidar que estos sistemas están ahora en manos de un gobierno que ya ha hecho desaparecer a personas rumbo a una cruel prisión en El Salvador basándose en la presunción de que podrían cometer delitos en el futuro”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“Además, no se puede desestimar la precariedad de los visados, especialmente para los grupos marginados como algunos estudiantes internacionales. Palantir y Babel Street deberían llevar a cabo una investigación y publicar todas las conclusiones de los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos. A menos que Palantir y Babel Street puedan demostrar que pueden utilizar su influencia como suministradores para mejorar las graves consecuencias que para los derechos humanos tienen las políticas de sus clientes, estas empresas deberían cesar de inmediato su trabajo con el gobierno estadounidense en relación con las actuaciones de inmigración.”
Amnistía Internacional pide también al Congreso de Estados Unidos que tome medidas para fortalecer sus mecanismos normativos y de supervisión para garantizar que estas empresas tecnológicas no contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos.
Información complementaria
El 27 de marzo, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que desde enero había revocado los visados de al menos 300 estudiantes y visitantes.
Informes más recientes señalan que se ha revocado el visado de, como mínimo, 1.800 y hasta 4.000, estudiantes. Muchos de los estudiantes afectados afirman que nunca han participado en protestas ni han recibido notificación de la revocación, aunque algunos pueden haber tenido alguna interacción con agentes encargados de hacer cumplir la ley durante su estancia, en algunos casos por motivos tan nimios como multas de tráfico. Según una demanda presentada en favor de dos estudiantes en California, los y las estudiantes han sido objeto de las acciones del gobierno por ser de procedencia africana, árabe, asiática, de Oriente Medio o musulmana.
Amnistía Internacional ha documentado anteriormente el uso por parte del ICE del sistema de Gestión Integrada de Casos de Palantir para ejecutar políticas nocivas dirigidas contra personas migrantes y solicitantes de asilo, y ha destacado el elevado riesgo de que Palantir haya contribuido a abusos contra los derechos humanos mediante la forma en que la tecnología de la empresa ha facilitado históricamente las operaciones del ICE.
