© Amnesty International (Photo: Florin Zamfirescu)
En un contexto donde diversas crisis se intensifican sin freno y profundizan la desigualdad global entre los países y dentro de ellos, los dirigentes mundiales deben priorizar un liderazgo global basado en principios con el fin de garantizar el disfrute de los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional Sudáfrica en vísperas del G20.
En los últimos años, el mundo ha sido testigo del genocidio, perpetrado por Israel y retransmitido en directo, de la población palestina en la Franja de Gaza, y de una guerra civil que continúa desbocada en Sudán. Mientras, Sudáfrica sigue azotada por numerosas crisis, entre ellas las relativas al cambio climático y a la violencia de género.
“Con conductas que van desde abrazar unas prácticas cada vez más autoritarias hasta librar guerras que destrozan la vida de innumerables civiles, una cantidad alarmante de dirigentes mundiales está arrastrando a la humanidad por una senda extremadamente peligrosa. Es hora de que los Estados del G20 den un paso al frente y hagan lo correcto. No es momento de incumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y otros compromisos internacionales, poniendo a la población en un mayor peligro. La humanidad debe ser lo primero”, ha manifestado Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.
Al mismo tiempo, el presidente Cyril Ramaphosa y el gobierno que encabeza deben demostrar este mismo nivel de compromiso al abordar los problemas de derechos humanos en su propio país.
Reducción de riesgos en caso de catástrofe
“Sudáfrica ocupa la presidencia del G20 de 2025 y, desde esa posición, ha establecido el programa y las prioridades generales para los debates de este año, incluido un llamamiento a la comunidad global para que refuerce la resiliencia y la respuesta a los desastres. Sin embargo, en Sudáfrica la respuesta a los desastres en asentamientos informales sigue siendo fragmentada y caótica”, ha declarado Shenilla Mohamed.
“En nuestro informe, Flooded and Forgotten, hemos concluido que el gobierno está poniendo en peligro el bienestar y, en muchos casos, las vidas de más de cinco millones de residentes de asentamientos informales de Sudáfrica al no proporcionarles acceso a viviendas de calidad y servicios esenciales. Estas personas, muchas de las cuales viven en terrenos proclives a sufrir inundaciones, suelen tener que arreglárselas solas, especialmente durante fenómenos meteorológicos extremos, a pesar de que las principales responsables de estar preparadas para responder a estas catástrofes son las autoridades gubernamentales.”
El cambio climático inducido por la acción humana también ha exacerbado el peligro de inundaciones, que ya es un problema estacional en los asentamientos informales y las zonas desatendidas de Sudáfrica. Como en otras partes del mundo, esto implica que las personas que menos han contribuido al cambio climático debido a sus hábitos de bajo consumo, y que además son las que tienen menos capacidad para hacer frente a las inundaciones, son las más afectadas por los efectos del cambio climático.
Amnistía Internacional Sudáfrica pide al gobierno que movilice todos los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para garantizar que la reducción de riesgos en caso de catástrofe se integre plenamente en los procesos de planificación urbana, y que éstos se implementen con miras a proteger a las personas que residen en asentamientos informales frente a los desastres —tanto provocados por el clima como de otro tipo— y a proteger también sus derechos humanos.
Abordar la crisis climática existencial
Un factor clave de muchas de las crisis globales cada vez más graves es el cambio climático inducido por la acción humana, que aumenta la desigualdad económica entre los países y dentro de ellos. Los devastadores impactos de la crisis climática sobre los derechos humanos son cada vez mayores, y aumentarán de forma dramática si no se pone freno al calentamiento global.
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en países como Sudáfrica, Madagascar, Tuvalu, Somalia y España muestra los daños que está causando el cambio climático. Al mismo tiempo, la extracción de combustibles fósiles está perjudicando los derechos de las personas que viven en sus cercanías, tal como hemos documentado en Brasil, Canadá, Senegal y otros lugares. La ciencia es clara al respecto: necesitamos eliminar urgentemente, de forma gradual y equitativa, los combustibles fósiles para tener la posibilidad de cumplir el objetivo de 1,5 °C a largo plazo y evitar los daños más graves a los derechos humanos.
“En el G20 de este año, así como en la COP30, es necesario que los dirigentes mundiales establezcan plazos claros para un proceso dotado de la financiación necesaria que, de forma gradual, elimine por completo y de manera justa y rápida los combustibles fósiles, y dé lugar a una transición justa a fuentes de energía renovable y sostenible para todas las personas. Debe ejercerse una diligencia debida obligatoria, en materia medioambiental y de derechos humanos, a lo largo de las cadenas de suministro de los minerales necesarios para garantizar que la transición energética no se lleve a cabo a expensas de los derechos humanos”, ha manifestado Shenilla Mohamed.
Amnistía reclama también la ampliación sustancial de la financiación climática, basada en las necesidades de los países de ingresos bajos. Asimismo, insta a los miembros del G20 a ofrecer un alivio significativo de la deuda —incluida la cancelación cuando proceda— a todos los países sobreendudados o en riesgo de estarlo. Además, debe protegerse a quienes defienden los derechos ambientales.
Violencia de género
Las prioridades de la cumbre del G20 que se celebrará en Sudáfrica respecto al progreso de las mujeres incluyen abordar la violencia de género y el feminicidio, otro gran problema al que se enfrenta el país.
El presidente Cyril Ramaphosa ha calificado la violencia de género como la segunda pandemia de Sudáfrica, pero el sistema de justicia penal sigue fallando a muchas víctimas y supervivientes.
“La perpetuación de la violencia debe tener consecuencias. En este punto es donde el deficiente sistema de justicia penal ha fallado a las víctimas de violencia de género. A causa de este deficiente sistema y, lo que es más importante, del mediocre trabajo de investigación y la falta de aplicación de las leyes, apenas hay factores que disuadan a los maltratadores”, ha declarado Shenilla Mohamed.
“Las instituciones estatales que han fallado a las supervivientes y a las mujeres que han muerto a causa de la violencia deben rendir cuentas de sus actos.
La situación respecto a la violencia de género en Sudáfrica es tan terrible que las mujeres han salido en numerosas ocasiones a la calle para reclamar que el Estado se tome en serio su seguridad y protección. La acción más reciente a este respecto ha sido el paro convocado el viernes por Mujeres por el Cambio. Amnistía Internacional Sudáfrica manifiesta su solidaridad con Mujeres por el Cambio y con todas las personas que participan en los actos reivindicativos y de protesta del “Women’s shutdown”, convocado en favor de las mujeres con vistas al G20.
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Genevieve Quintal, encargada de medios de comunicación y comunicaciones
Amnistía Internacional Sudáfrica
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