Foto: ©Barbara Debout/AFP via Getty Image
El Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana corre grave peligro de tener que cerrar en 2026, lo que podría privar de la justicia y la reparación a miles de víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización pide a los Estados que hagan contribuciones económicas urgentes al Tribunal para que éste pueda continuar con su crucial funcionamiento.
El Tribunal, que depende exclusivamente de las contribuciones voluntarias de Estados y organizaciones internacionales, ha sufrido unos enormes recortes presupuestarios en el último año. Sin financiación adicional, este tribunal, cuyo mandato es investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional cometidos durante conflictos en República Centroafricana, se quedará sin dinero en junio.
“Miles de civiles de República Centroafricana fueron víctimas de homicidio, violación, secuestro, mutilación, lesiones o desplazamiento, o vieron cómo quemaban sus casas durante las oleadas de violencia y conflicto armado ocurridas desde 2003. Para estas víctimas y supervivientes, el Tribunal Penal Especial representa una esperanza de justicia, que ahora peligra. El Tribunal está llevando a cabo un trabajo fundamental, con 15 investigaciones y tres juicios en curso, y con más de 30 personas en busca y captura. Su cierre constituiría un revés catastrófico en la lucha contra la impunidad en República Centroafricana. Su trabajo debe continuar”, ha manifestado Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Las víctimas se ven excluidas de sus propios juicios porque el Tribunal ya no dispone de medios para cubrir sus gastos de transporte y alojamiento. La posibilidad de que los casos se paralicen o sencillamente se abandonen ya no es una hipótesis: es un temor fundado. Las víctimas temen que la justicia se extinga por falta de recursos”, ha declarado un miembro de una asociación local de supervivientes.
“La reducción de la financiación ha tenido un importante impacto. Los socios económicos, pese a que son esenciales, ya no responden a nuestras necesidades. Esto afecta a las personas más directamente implicadas, es decir, las víctimas que buscan justicia”, ha declarado el representante de otra asociación de supervivientes.
Menos personal y un funcionamiento mínimo a causa de la falta de financiación
El Tribunal Penal Especial se vio severamente afectado por la retirada de la financiación de Estados Unidos, que era su segundo mayor donante, por detrás de las Naciones Unidas. Los únicos donantes actuales son la ONU, mediante su misión de mantenimiento de la paz y su agencia para el desarrollo, y la Unión Europea (UE). La ONU, debido a su crisis de liquidez, ya no puede garantizar sus contribuciones previstas para 2026.
Esta drástica reducción de fondos ya ha afectado profundamente al funcionamiento del Tribunal, y pone en peligro su existencia misma, con graves repercusiones para los procesos en curso y los servicios prestados a víctimas y testigos. Para este año natural, sólo la UE ha prometido una contribución. Algunos Estados europeos están también estudiando la posibilidad de proporcionar financiación, pero aún no se han comprometido a hacer nuevas contribuciones, y tampoco lo ha hecho ningún otro Estado.
Entre agosto y septiembre de 2025, el Tribunal ya tuvo que prescindir de una cuarta parte de su personal, especialmente su personal experto extranjero, según la información recopilada por Amnistía Internacional. De los cuatro equipos de agentes de la policía judicial encargados de investigar sólo queda uno, pese a que hay 15 investigaciones en marcha sobre casos relativos a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La sección de protección de testigos ha perdido más de la mitad de su personal, lo que puede reducir la capacidad del Tribunal de impedir represalias contra quienes testifican.
“Las víctimas y supervivientes de crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos a todos los Estados socios de República Centroafricana que se comprometan urgentemente a proporcionar al Tribunal recursos económicos y humanos para que estas personas puedan recibir justicia. De lo contrario, la impunidad prevalecerá”, ha manifestado Marceau Sivieude.
“Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades centroafricanas, los tribunales nacionales no cuentan con los recursos ni la capacidad para llevar a cabo el mandato confiado al Tribunal Penal Especial. Si el Tribunal Penal Especial cierra, habiendo detenido y juzgado de forma presencial solamente a unas cuantas personas bajo rango (y no a los líderes que tienen la responsabilidad principal), y por unos cuantos incidentes recientes, básicamente habrá fracasado en su misión y habrá defraudado las esperanzas y expectativas de la población centroafricana”.
Información complementaria
El Tribunal Penal Especial, inaugurado el 22 de octubre de 2018, es un tribunal híbrido respaldado por la ONU y compuesto por fiscales y jueces tanto centroafricanos como extranjeros.
El 19 de abril de 2022 inició su primer juicio, contra tres exmiembros de un grupo armado, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Desde entonces se han celebrado cuatro juicios, dos de los cuales están aún en fase de apelación. Hay otros dos juicios pendientes en primera instancia.
El Tribunal Penal Especial dictó en 2024 una orden de detención contra el expresidente François Bozizé que aún no se ha ejecutado, aunque el caso fue remitido a juicio en enero de 2026 incluso en ausencia de Bozizé. En la actualidad, el tribunal ha dictado órdenes de detención contra más de 30 personas en relación con investigaciones o procedimientos en curso.
El Tribunal Penal Especial comenzó su segundo mandato de cinco años el 22 de octubre de 2023. Está previsto que finalice en octubre de 2028.
