Ante la noticia de que las autoridades rusas han declarado “organización indeseable” a Amnistía Internacional y, por tanto, criminalizado sus actividades y toda asociación con ella en Rusia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Esta decisión forma parte del esfuerzo general del gobierno ruso para acallar la disidencia y aislar a la sociedad civil. En un país donde se ha encarcelado, asesinado o exiliado a decenas de activistas y disidentes, donde se ha difamado, bloqueado o forzado a autocensurarse a medios de comunicación independientes, y donde se han prohibido o eliminado organizaciones de la sociedad civil, si el Kremlin te prohíbe quiere decir que lo estás haciendo bien.
Las autoridades están tremendamente equivocadas si creen que calificando de ‘indeseable’ a nuestra organización vamos a suspender la labor de documentar y exponer violaciones de derechos humanos; todo lo contrario. No vamos a ceder ante las amenazas, y continuaremos nuestro trabajo sin inmutarnos para garantizar que la población de Rusia puede disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación. Seguiremos documentando y hablando en todo el mundo sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Redoblaremos nuestros esfuerzos por sacar a la luz las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia tanto en su país como en el extranjero.
Nunca dejaremos de luchar por la liberación de las personas presas de conciencia que han sido privadas de su libertad por defender los derechos humanos o la anulación de leyes represivas que impiden alzar la voz contra la injusticia en Rusia. Seguiremos trabajando sin descanso para garantizar que todos los responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos, ya sea en Rusia, Ucrania u otro lugar, comparezcan ante la justicia. En definitiva, ningún asalto autoritario va a silenciar nuestra lucha por la justicia. Amnistía no se rendirá ni retrocederá en su lucha por hacer que se respeten los derechos humanos en Rusia y el resto del mundo”.
Información complementaria
El 19 de mayo de 2025, la Fiscalía General de Rusia declaró “organización indeseable” a Amnistía Internacional en aplicación de una represiva legislación rusa de 2015 que permite a las autoridades prohibir arbitrariamente toda organización extranjera y penalizar sus actividades en Rusia. En el anuncio se acusaba a Amnistía Internacional de promover “proyectos rusófobos” y se indicaba que el motivo de adoptar esta medida era el trabajo de la organización sobre la libertad de expresión y asociación en Rusia y su documentación y exposición de crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. La decisión se basa en una ley rusa que infringe el derecho internacional, y el texto de la decisión contradice los hechos al acusar a Amnistía Internacional de actividades que, según su Estatuto y sus políticas, no puede llevar a cabo.
Tres años antes de adoptar esta medida, las autoridades rusas ya bloquearon el acceso a los sitios web de Amnistía Internacional en Rusia y dieron de baja—cerraron en la práctica— la oficina de la organización en Moscú. La calificación de indeseable pone en riesgo de procesamiento en Rusia a organizaciones asociadas a Amnistía y a simpatizantes, periodistas y otras personas con las que la organización trabaja actualmente, o que las autoridades consideran que apoyan o promueven a la organización.
La legislación rusa castiga la participación en las actividades de una “organización indeseable”. Las infracciones cometidas por primera vez pueden dar lugar a multas administrativas de hasta 15.000 rublos (unos 185 dólares estadounidenses). Las infracciones reiteradas, así como financiar o dirigir tales organizaciones, pueden acarrear condenas de hasta seis años de prisión. La ley ya se ha aplicado anteriormente a la distribución o el reenvío de materiales de la organización, lo que incluye publicaciones y enlaces de Internet anteriores a su calificación de “indeseable”.
Esta calificación sitúa a Amnistía Internacional entre decenas de ONG y medios de comunicación independientes contra los que se ha actuado en los últimos años como parte de una campaña general para reprimir la disidencia, desarticular la sociedad civil en Rusia y evitar que sus socios y observatorios internacionales les brinden apoyo y muestren solidaridad. Estas medidas son la médula de un patrón según el cual las autoridades rusas utilizan prácticas autoritarias para silenciar voces, socavar la rendición de cuentas y afianzarse en el poder.
