En el marco de la conmemoración del 50º aniversario del Golpe de Estado en Uruguay (1973-1985), Amnistía Internacional continúa exigiendo memoria, verdad, justicia y reparación integral ante los crímenes del pasado que permanecen impunes, y recuerda al Estado uruguayo que debe comprometerse con brindar garantías de no repetición.
“A pesar de que se han constatado avances en las distintas investigaciones que se llevan a cabo y se han establecido condenas a militares y policías, tanto retirados, como en funciones, la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado reciente continúa. La impunidad estructural persiste impidiendo que la sociedad uruguaya pueda acceder a su derecho a la verdad por los hechos acontecidos en la última dictadura militar”, declaróLucía Pérez Chabaneau, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay.
Amnistía Internacional exige que las autoridades adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos.
En este sentido, resulta preocupante el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria, ingresado en 2021 en el parlamento, que aún sigue en estudio y no ha avanzado en sus discusiones. Según diversas estimaciones, el beneficio alcanzaría a casi 200 personas, incluyendo más de 20 condenados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran cumpliendo sus penas en el centro penitenciario Domingo Arena. De ellos, un 80 por ciento, ,aproximadamente está recluido desde hace menos de dos años.
“De aprobarse este proyecto de ley, Uruguay estaría incumpliendo con sus compromisos internacionales,dado que no se ajusta plenamente a las Convenciones y Pactos Internacionales de derechos humanos de los que Uruguay es Estado parte”, manifestó Lucía Pérez Chabaneau.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda al Estado uruguayo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un Estado parte.
Además, se vuelve fundamental que el Estado establezca medidas que den garantías de no repetición, involucrando a la sociedad en su conjunto para que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no vuelvan a cometerse en el territorio uruguayo.
Nunca más terrorismo de Estado.
Información de contexto
El 27 de junio de 1973 inició un régimen autoritario que gobernaría el país hasta 1985. El entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió́ las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas.
Durante los años del régimen autoritario, miembros de la Policía y el Ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se calcula que hubo recluidas unas 7 mil personas presas políticas; la mayoría afirmó haber sufrido tortura.
En tanto que se identificaron 197 personas víctimas de desaparición forzada. Los restos de cinco de estas personas fueron hallados y reconocidos, mientras que hoy están siendo analizados, para identificación, los restos de una sexta persona, encontrada recientemente en las excavaciones que se están realizando en el Batallón 14.
