- mayo 12, 2021
En estos momentos, miles de personas en Colombia lo arriesgan todo para tener un futuro mejor. Ellas salen a marchar con miedo a perder su vida, resultar heridas, ser detenidas o inclusive torturadas, todo para exigir al gobierno que garantice su derecho a la salud y a la educación. Actúa y exige a la fiscalía de Colombia que investigue las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en medio del Paro Nacional.
Desde el 28 de abril de 2021, las personas en Colombia resisten de manera valiente y creativa en un país atravesado por desigualdades, exclusión y con un conflicto armado latente. La respuesta del gobierno en Cali, uno de los epicentros de las manifestaciones por parte de jóvenes, comunidades indígenas y otras históricamente discriminadas ha sido el castigo y la represión a quienes alzan su voz.
En la noche del 3 de mayo la fuerza pública irrumpió en Siloé – un barrio de la ciudad – con armas letales para reprimir a quienes se manifestaban pacíficamente. Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
Seis días después, el 9 de mayo verificamos un ataque armado coordinado entre agentes de la Policía y civiles armados contra la minga indígena, resultando herida una defensora de derechos humanos indígena y diez personas pertenecientes a Pueblos Indígenas. Si esto no bastara, el 28 de mayo civiles armados dispararon contra manifestantes en presencia y complicidad de agentes de la Policía Nacional. Ese día una decena de jóvenes manifestantes fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Varios de ellxs denuncian haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal
Cada día el castigo por alzar la voz en Colombia es más fuerte y cruel.
Actúa ya y exige a la Fiscalía de Colombia que investigue a quienes ordenaron, torturaron, reprimieron y detuvieron arbitrariamente a las personas que salieron a la calle.
Estimado Sr. Francisco Roberto Barbosa
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica. En vez de escuchar sus reclamos, la respuesta del gobierno castiga a quienes tienen la esperanza de un futuro mejor. Le insto a que, inicie investigaciones de manera diligente, independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional y de existir pruebas suficientes y admisibles contra las personas sospechosas de responsabilidad penal, someterlas a un proceso justo ante los tribunales civiles ordinarios. La investigación debe incluir todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la Fuerza Pública, así como en la participación de civiles armados con su aquiescencia y tolerancia.
Saludos cordiales,
- mayo 12, 2021
En estos momentos, miles de personas en Colombia lo arriesgan todo para tener un futuro mejor. Ellas salen a marchar con miedo a perder su vida, resultar heridas, ser detenidas o inclusive torturadas, todo para exigir al gobierno que garantice su derecho a la salud y a la educación. Actúa y exige a la fiscalía de Colombia que investigue las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en medio del Paro Nacional.
Desde el 28 de abril de 2021, las personas en Colombia resisten de manera valiente y creativa en un país atravesado por desigualdades, exclusión y con un conflicto armado latente. La respuesta del gobierno en Cali, uno de los epicentros de las manifestaciones por parte de jóvenes, comunidades indígenas y otras históricamente discriminadas ha sido el castigo y la represión a quienes alzan su voz.
En la noche del 3 de mayo la fuerza pública irrumpió en Siloé – un barrio de la ciudad – con armas letales para reprimir a quienes se manifestaban pacíficamente. Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
Seis días después, el 9 de mayo verificamos un ataque armado coordinado entre agentes de la Policía y civiles armados contra la minga indígena, resultando herida una defensora de derechos humanos indígena y diez personas pertenecientes a Pueblos Indígenas. Si esto no bastara, el 28 de mayo civiles armados dispararon contra manifestantes en presencia y complicidad de agentes de la Policía Nacional. Ese día una decena de jóvenes manifestantes fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Varios de ellxs denuncian haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal
Cada día el castigo por alzar la voz en Colombia es más fuerte y cruel.
Actúa ya y exige a la fiscalía que investigue a quienes ordenaron, torturaron, reprimieron y detuvieron arbitrariamente a las personas que salieron a la calle.
