Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón. Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Independientemente de su estatus migratorio, los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico deben ser respetados y garantizados
“La gobernadora Jenniffer González Colón debe ponerse del lado de la dignidad humana. No puede haber complicidad ni colaboración con políticas que han demostrado ser crueles y arbitrarias en Estados Unidos; y que ahora desgarran a las comunidades y barrios trabajadores de Puerto Rico” – Ana Piquer, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional para las Américas.
La gobernadora Jenniffer González Colón debe ponerse del lado de la dignidad humana. No puede haber complicidad ni colaboración con políticas que han demostrado ser crueles y arbitrarias en Estados Unidos; y que ahora desgarran a las comunidades y barrios trabajadores de Puerto Rico.Ana Piquer, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional para las Américas.
Amnistía Internacional ha documentado las arbitrariedades y los impactos de las medidas migratorias y de asilo del presidente Trump en Estados Unidos; y el escenario coincide con muchas de las preocupaciones y denuncias de organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña. Destacan entre ellas el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y falta de protección legal para las personas detenidas. Fuentes abiertas consultadas por la organización constatan que los operativos migratorios se han dirigido a barrios tradicionalmente migrantes y de personas trabajadoras, asediándolas en sus hogares, camino al trabajo o directamente en sus centros laborales. Las detenciones han derivado en la separación de familias; y en algunos casos han afectado a personas con documentación que les permite estar en Puerto Rico.
Por otro lado, falta claridad sobre la situación de las personas una vez que son detenidas. Organizaciones de la sociedad civil reportaron a Amnistía Internacional que muchas de las personas detenidas son enviadas a centros de detención en Estados Unidos para después ser deportadas, lo cual amplía las brechas para la protección legal y la comunicación con familiares. En ocasiones, pasan varios días antes de que sus ubicaciones sean reportadas en el localizador en línea de personas detenidas por ICE. Otras personas, presionadas por el miedo y la precariedad, son deportadas desde Puerto Rico al optar por el mecanismo que la ley de migración establece como “deportación voluntaria”.
Lo anterior ha producido un clima de terror que ha hecho que algunas personas migrantes suspendan sus actividades cotidianas como ir a la escuela o al trabajo, buscar atención médica o abastecerse de alimentos. Personas víctimas de delitos, entre ellas mujeres supervivientes de violencia basada en género, han desistido de presentar denuncias o solicitar protección por temor a ser detenidas y eventualmente deportadas. También medios de prensa y organizaciones de derechos humanos han reportado la muerte de Antonio Báez, quien presuntamente falleció tratando de evitar un operativo de las autoridades federales.
En este contexto, el gobierno puertorriqueño debe asegurar la prestación efectiva de servicios públicos sin discriminación, velando por la garantía del derecho a la salud, educación, alimentación, acceso a la justicia, a la protección legal, así como la protección del ingreso económico de las personas migrantes en riesgo de detención. Para esto, debe agotar todas las medidas legales, administrativas y presupuestales para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
«Todas las autoridades estatales de Puerto Rico deben desistir de todo intento de formalizar la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y con las políticas migratorias de Estados Unidos. Por el contrario, deben establecerse barreras de cortafuego para asegurar que ninguna información bajo resguardo del gobierno local sea usada en contra de las personas migrantes” – Liza Gallardo, directora de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Todas las autoridades estatales de Puerto Rico deben desistir de todo intento de formalizar la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y con las políticas migratorias de Estados Unidos. Por el contrario, deben establecerse barreras de cortafuego para asegurar que ninguna información bajo resguardo del gobierno local sea usada en contra de las personas migrantes. Liza Gallardo, directora de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Las autoridades puertorriqueñas deben evitar la profundización de las políticas discriminatorias de migración y contrarias al derecho de solicitar asilo que impulsa el gobierno de Donald Trump. Como lo establecen los estándares internacionales en la materia, las autoridades deben establecer barreras de cortafuego para que no se realicen operativos de control migratorio en escuelas, cortes, iglesias, servicios públicos esenciales como servicios de salud, servicios migratorios o en otros espacios públicos. Además, se debe prohibir que los proveedores de servicios proporcionen, intercambien o compartan información sobre la situación migratoria de las personas migrantes con las autoridades migratorias.
Amnistía Internacional se unió al Frente de organizaciones de la sociedad civil en contra de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos y seguirá monitoreando y documentando la situación de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en Puerto Rico.
