Por Raquel Borbolla Albarrán
Activista de Amnistía Internacional México
Desde octubre de 2023, la población civil palestina ha sido sometida a un castigo colectivo por parte de Israel, derivado de los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados palestinos, donde personas, en su mayoría civiles, incluidos niños y niñas, fueron secuestradas desde el 7 de octubre.
Toda táctica ilegal de guerra que impuso un castigo sobre la población civil por estos grupos armados y la toma de rehenes son atroces y totalmente reprobables. Lo mismo se aplica al alcance del castigo colectivo israelí, que ha provocado un número sin precedentes de muertes y mutilaciones de civiles, incluidos personal de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales de respuesta humanitaria y periodistas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha señalado en su “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia”, que entre el período comprendido del 7 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2024, se tiene un registro de 10.006 víctimas mortales en Gaza, entre ellas 4.470 niñas y niños (45%) y 2.641 mujeres (26 %) y más de 100.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud del Estado de Palestina.
Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Palestina (ICHR, por sus siglas en inglés), desde octubre de 2023 han caído 70 mil toneladas de explosivos (en una región de 365 km2), por lo que se estima que mueren 150 personas cada día, donde los principales afectados son mujeres e infancias. Durante el período a que se refiere el informe, Israel ha bombardeado y llevado a cabo intensas operaciones militares en toda Gaza.
Conforme a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 342 escuelas han resultado dañadas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que se llevaron a cabo 187 ataques a la atención de salud que dañaron 24 hospitales. Según datos del “Informe Mundial 2024” de Human Rights Watch, el bloqueo y los ataques aéreos israelíes provocaron que la mayoría de los hospitales dejaran de funcionar. Además, se destruyeron más de 46.000 viviendas y otras 234.000 resultaron dañadas, lo que representa el 60% del total de viviendas en Gaza, conforme indican organizaciones de asistencia.
Aunado a lo anterior, las autoridades israelíes establecieron un bloqueo prácticamente total, e interrumpieron servicios esenciales a la población de Gaza, incluidos agua y energía eléctrica. Dicho bloqueo exacerbó la situación humanitaria derivada de las restricciones generalizadas impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías hacia y desde Gaza, que ya lleva 16 años.
De acuerdo con el “Informe Mundial 2024” de Human Rights Watch, el cierre prolongado, así como las restricciones establecidas por Egipto en su frontera con Gaza, han privado a 2,2 millones de palestinos y palestinas de su derecho a la libertad de circulación, limitando su acceso a electricidad, atención de la salud y agua, y devastando la economía.
La falta de electricidad y combustible forzó el cierre de instalaciones de plantas de agua y tratamiento de aguas residuales, contribuyendo a las interrupciones en los servicios de telecomunicaciones. y generando una crisis de salud pública.
De conformidad con el derecho internacional humanitario, durante los conflictos armados, las instalaciones médicas deben ser protegidas y respetadas. En Gaza, las autoridades israelíes, en su calidad de potencia ocupante, tienen la responsabilidad de garantizar y mantener las instalaciones médicas y hospitalarias en el territorio ocupado, en cooperación con las autoridades locales, sin embargo, las operaciones militares de las fuerzas israelíes se han producido repetidamente tanto dentro como en las inmediaciones de los hospitales.
Según Médicos Sin Fronteras, después del 7 de octubre de 2023, el sistema de atención sanitaria de Gaza estaba siendo desmantelado metódicamente por tres elementos principales: los violentos ataques a las instalaciones médicas que las están dejando inoperativas; la obstrucción de la ayuda médica y otros artículos esenciales necesarios para el funcionamiento de la infraestructura y los servicios de atención sanitaria; y la obstaculización de la asistencia humanitaria debido a la falta de protección del personal y las instalaciones médicas y el bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza.
Conforme a la ONU, de los 36 hospitales de Gaza, solo diez están algo funcionales. De los centros de atención primaria de salud, solo 20 de los 80 siguen en funcionamiento. Particularmente en Wadi Gaza, la situación es crítica toda vez que el 75% de los hospitales y el 100% de los centros de atención primaria de salud no funcionan. Por otra parte, es importante hacer énfasis en el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra la población palestina, incluido el uso ilícito de medios y métodos concebidos para la guerra, que ha incrementado tanto en intensidad como en frecuencia, en paralelo con los ataques de colonos armados, apoyados por las fuerzas israelíes. En octubre de 2024, el ejército israelí inició una operación militar a gran escala en el norte de Gaza, al tiempo que tomaba por objetivo las rutas de salida, presuntamente atacando a los civiles que intentaban escapar y bombardeando zonas residenciales, hospitales y lugares que albergaban a desplazados internos.
El ejército israelí también sitió sistemáticamente los hospitales y bloqueó casi por completo el acceso humanitario, poniendo en peligro de muerte o desplazamiento a toda la población palestina de la zona, generando una crisis humanitaria sin precedentes, provocada por las restricciones a la asistencia humanitaria; el desplazamiento de aproximadamente el 90 % de la población, con frecuencia en múltiples ocasiones; y la destrucción masiva de hospitales y otras infraestructuras civiles, haciendo temer un patrón de vulneraciones sistemáticas de los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sobre la conducción de las hostilidades, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra, y, posiblemente, de otros crímenes atroces, como ha advertido en repetidas ocasiones el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según información de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, desde que Israel rompió el alto el fuego el 18 de marzo de 2025, al menos, 767.800 personas han sido desplazadas y confinadas en espacios cada vez más reducidos, viviendo en condiciones inhumanas, buscando refugio donde pueden, incluyendo edificios dañados o destruidos, campamentos de desplazados superpoblados y espacios abiertos, con alrededor del 88% de la Franja dentro de la zona militarizada por Israel, bajo órdenes de desplazamiento, o ambas cosas.
Aparte de la amenaza bélica, la población palestina enfrenta una hambruna que no es causada por condiciones naturales, sino por el bloqueo que ha impuesto el Estado de Israel, al ingreso de alimentos y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población, así como ayuda humanitaria, pese a las repetidas peticiones de las instancias humanitarias internacionales para que permita el acceso de ayuda de primera necesidad y agua potable. El 22 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza, donde medio millón de personas se enfrentan a condiciones catastróficas, el nivel más alto de la penuria alimentaria en el sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) caracterizado por la hambruna y la muerte, donde al menos el 20% (uno de cada cinco) de los hogares, se enfrenta a una escasez extrema de alimentos; al menos el 30% de los niños menores de cinco años (uno de cada tres), sufre desnutrición aguda; y al menos dos de cada 10,000 personas mueren de hambre cada día.
Los servicios esenciales de nutrición han colapsado, y los bebés carecen de acceso a agua potable, sucedáneos de la leche materna y alimentación terapéutica. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierten que se agota el tiempo para lanzar una respuesta humanitaria integral. La hambruna en Gaza, “podría haberse evitado si nos lo hubieran permitido, pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”, señaló el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.
En mayo del presente año, las autoridades israelíes intentaron desmantelar la respuesta humanitaria liderada por la ONU y sustituirla por un plan de distribución de alimentos militarizado gestionado por la “Gaza Humanitarian Foundation” (GHF): se trata de cuatro centros de distribución ubicados en zonas bajo control militar total de Israel y protegidas por contratistas armados privados estadounidenses. Tres de ellos se encuentran en Rafah, ciudad que las autoridades israelíes han arrasado casi por completo y donde han propuesto concentrar a la población de Gaza. El cuarto centro se encuentra en el denominado Corredor Netzarim, una zona de seguridad étnicamente depurada que divide Gaza en dos. Ninguno de estos puntos es accesible para la población del norte de Gaza, que depende exclusivamente del sistema liderado por la ONU.
Esta grave situación humanitaria es consecuencia directa del uso del hambre como arma de guerra por parte de Israel, así como de la continua privación deliberada de ayuda y servicios básicos, lo que equivale al crimen de lesa humanidad de exterminio y actos de genocidio. Los centros de la GHF no son más que un sistema de distribución de ayuda humanitaria militarizado y defectuoso, que ha convertido las entregas de alimentos en auténticos baños de sangre.
El pasado 1° de agosto, Human Rights Watch señaló que las fuerzas israelíes han abierto fuego de manera sistemática contra civiles palestinos, en los puntos de distribución de ayuda establecidos bajo el nuevo sistema respaldado por Estados Unidos en Gaza.
“Las fuerzas israelíes no solo están matando de hambre deliberadamente a la población civil palestina, sino que ahora también la están acribillando casi a diario cuando buscan desesperadamente alimento para sus familias”, afirmó Belkis Wille, directora adjunta de crisis y conflictos de Human Rights Watch.
Según Naciones Unidas, al menos 859 palestinos han muerto mientras intentaban obtener ayuda en los puntos de distribución de GHF entre el 27 de mayo y el 31 de julio de 2025, en su mayoría a manos del ejército israelí.
En su informe “Esto no es ayuda. Es un asesinato orquestado”, Médicos sin Fronteras (MSF), han documentado la afluencia masiva de víctimas que regularmente han recibido en las clínicas de Al Mawasi y Al Atar, en el sur de Gaza, situadas cerca de los centros de distribución gestionados por la GHF, tras los actos violentos ocurridos en los centros referidos. Entre el 7 de junio y el 24 de julio de 2025, recibieron 1,380 víctimas, entre ellas, 28 muertos. Durante siete semanas, los equipos de MSF atendieron a 71 niños y niñas con heridas de bala, 25 de los cuales eran menores de 15 años. Ante la falta de alternativas para encontrar comida, las familias que padecen hambre envían con frecuencia a los adolescentes a este entorno letal, ya que a menudo son los únicos varones de la familia físicamente capaces de realizar el viaje.
“Niños a los que han disparado en el pecho mientras intentaban alcanzar la comida. Personas aplastadas o asfixiadas en estampidas. Multitudes enteras abatidas a tiros en los puntos de distribución”, enumera Raquel Ayora, Directora General de MSF España. “En los casi 54 años de operaciones de MSF, rara vez hemos visto semejantes niveles de violencia sistemática contra civiles desarmados”, “Los puntos de distribución del GHF, que se hacen pasar por ayuda, se han convertido en un laboratorio de crueldad. Esto debe acabar ya”, subraya Ayora.
Un análisis inicial de las heridas de bala entre los pacientes que llegaron a la clínica Al Mawasi desde el punto de distribución 2 de la GHF reveló que el 11% de las heridas de bala era en la cabeza y el cuello, mientras que el 19% se producía en zonas que cubrían el pecho, el abdomen y la espalda. Los patrones distintivos y la precisión anatómica de estas lesiones sugieren que se trató de ataques intencionados contra personas dentro y alrededor de los centros de distribución, y no de disparos accidentales o indiscriminados. Se trata de una deshumanización deliberada.
El derecho internacional humanitario, aplicable a las hostilidades entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos, exige distinguir en todo momento entre civiles y combatientes. Solo se puede atacar objetivos militares. Están prohibidos los ataques deliberados contra civiles o bienes civiles, así como los ataques indiscriminados. El derecho internacional de los derechos humanos, también aplicable en Gaza, prohíbe el uso intencional de armas de fuego letales por parte de agentes del orden salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Estas normas también se aplican al personal de seguridad privada que ejerza funciones policiales.
Human Rights Watch no ha encontrado pruebas de que las personas asesinadas en los casos documentados representaran una amenaza inminente, por lo que las matanzas regulares cerca de los centros de GHF constituyen crímenes de guerra, dados los indicios de que se trata de asesinatos deliberados y dirigidos contra personas que, a sabiendas de las autoridades israelíes, son civiles palestinos.
A pesar de lo anterior, la desesperación causada por la escasez extrema de alimentos y otros artículos de primera necesidad obliga a la población palestina a acercarse a los puntos de distribución, a pesar de que más de 1.050 personas han sido asesinadas por el ejército israelí al intentar acceder a la ayuda.
En los últimos días, Israel ha autorizado lanzamientos aéreos de suministros vitales durante más de una semana, declarando una pausa en los combates con fines humanitarios en ciertas zonas durante varias horas al día, sin embargo, muchos actores humanitarios, incluida la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), han expresado su preocupación por la seguridad e idoneidad de los lanzamientos, toda vez que suponen un riesgo para la población civil, dan lugar a una distribución desigual y a la exclusión de los grupos vulnerables más necesitados. Además, conllevan un alto riesgo de desvío, socavan los principios humanitarios, comprometen la dignidad de la población afectada y, en general, son insuficientes para satisfacer las amplias necesidades en Gaza.
Por lo anterior, numerosas agencias y ONGs han abogado por que la ayuda se entregue por carretera en lugar de por aire. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), informó que 6000 camiones cargados con ayuda “están varados fuera de Gaza, esperando luz verde para entrar”.
En este contexto, es importante retomar el segundo informe especial de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, titulado “El genocidio como supresión colonial”, que tiene como fundamento el marco legal del derecho internacional humanitario; el derecho internacional de los derechos humanos; el derecho penal internacional; y el derecho internacional consuetudinario y en particular, la Convención contra el Genocidio y la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.
Dicho informe, se centra en la intención genocida y contextualiza la situación actual dentro de un proceso de expansión territorial y depuración étnica que ha durado décadas y cuyo “objetivo ha sido aniquilar la presencia palestina en Palestina” (Albanese, 2024, p. 3), y en el que se afirma en sus párrafos 5, 6, y 7 que:
[…]
5. Hay dos importantes novedades jurídicas que sustentan el presente informe. En primer lugar, en su opinión consultiva de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró que la presencia prolongada de Israel en todo el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido su régimen de colonias, era ilegal y tenía por objeto la anexión. Afirmó que la anexión israelí está concebida para ser permanente, crea “efectos irreversibles sobre el terreno”, “menoscaba la integridad del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado” y pretende “adquirir la soberanía sobre un territorio ocupado”.
6. La Corte reconoció la violación de normas inderogables que prohíben la adquisición de territorio por la fuerza, la segregación racial y el apartheid y protegen el derecho a la libre determinación del pueblo palestino, y concluyó que la ocupación constituye un acto de agresión, a todos los efectos prácticos, derivado en parte de su naturaleza de colonialismo de asentamiento. Subrayó la obligación de poner fin a la ocupación a la mayor brevedad, desmantelar y evacuar las colonias, reparar íntegramente los daños causados a las víctimas palestinas y permitir el regreso de los palestinos desplazados a partir de 1967.
7. Ampliando la opinión que dictó sobre el asunto relativo al Muro, la Corte desestimó los argumentos de que las “preocupaciones de Israel en materia de seguridad” justifican la ocupación. El hecho de que la ocupación se declare ilegal invalida las alegaciones de supuesta legítima defensa; el único recurso legal de que dispone Israel es retirarse incondicionalmente de todo ese territorio.Durante más de 57 años, el Territorio Palestino Ocupado (la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y Gaza) ha estado sometido a la ocupación de Israel, afectando todos los derechos de la población palestina, incluido el derecho a la libre determinación.
Durante más de 57 años, el Territorio Palestino Ocupado (la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y Gaza) ha estado sometido a la ocupación de Israel, afectando todos los derechos de la población palestina, incluido el derecho a la libre determinación. Durante más de 17 años, Gaza ha sido objeto de bloqueos y cierres que equivalen a un castigo colectivo, a la deshumanización de un pueblo entero, y a la criminalización que opera simultáneamente en el plano jurídico y en el simbólico.
Como bien señala Cantú, Silvano en su texto “Necroderecho y suspensión permanente del ius gentium en Gaza”, la criminalización en el plano jurídico, se manifiesta en la designación de organizaciones legítimas de la sociedad civil palestina como “terroristas” sin evidencia sustancial, así como en la obstaculización sistemática del trabajo humanitario, bajo pretextos de seguridad. Lo anterior, permite no solo criminalizar cualquier forma de resistencia palestina, incluso aquellas explícitamente protegidas por el derecho internacional humanitario, sino también para justificar medidas “preventivas” que subvierten principios jurídicos fundamentales, como el debido proceso, el principio de legalidad, o la protección irrestricta de las poblaciones civiles en el marco de un conflicto armado, y se materializa en prácticas concretas como la detención administrativa indefinida sin cargos ni juicio; los asesinatos selectivos extrajudiciales que han eliminado no solo a presuntos militantes, sino también a médicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y la demolición punitiva de viviendas de familiares de sospechosos, como forma de castigo colectivo, mientras que la criminalización en el plano simbólico, pretende deshumanizar a los palestinos al presentarlos únicamente como “amenazas a la seguridad”, negando así no solo sus derechos fundamentales, sino también su dignidad política como pueblo que resiste una ocupación ilegal.
Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio que no irrumpe de forma sorpresiva, sino como consecuencia de una concatenación de violencias estructurales sostenidas, debido a un sistema discriminatorio que institucionaliza prácticas de segregación y apartheid; el ritmo de los asesinatos indiscriminados; las ejecuciones; el nivel de la destrucción; los desplazamientos forzados masivos; la hambruna; la eliminación de las instituciones educativas, culturales, religiosas; el aplastamiento de las élites, el asesinato de periodistas, y la deshumanización generalizada, deliberada, y consciente de la población palestina en Gaza.
Lo anterior, como resultado de la naturalización gradual de prácticas moralmente inaceptables, y la normalización de situaciones que minan la dignidad humana de un grupo determinado, y se va dando de forma multidimensional, a nivel poblacional, mediante el ejercicio bélico de los drones, misiles, tanques de guerra y helicópteros contra población civil desarmada; a nivel mediático, con la polarización que los medios masivos promueven a través de discursos de odio, la estigmatización, así como la difusión de desinformación e información sesgada; a nivel cultural, a través de las graves afectaciones de patrimonio arquitectónico milenario, en este caso, la destrucción de más de 207 edificios de importancia histórica, 25 centros religiosos y de resguardo para la población civil en tiempos de guerra; así como a nivel educativo y de conocimiento, con la aniquilación de 100 personas del ámbito académico, entre los que se encuentran rectores, docentes y estudiantes, y la destrucción de infraestructura universitaria, como afirma la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Palestina (ICHR).
En este contexto el gobierno de Israel, ha superado todas las líneas rojas, cuando utiliza el hambre como arma de guerra al bloquear el suministro de alimentos y ayuda, para matar de hambre a la población civil de Gaza, incluso, mujeres y niños; cuando las fuerzas israelíes disparan y acribillan a tanques a personas que intentan desesperadamente recoger sacos de harina, o cuando las acorrala en condiciones peligrosas y degradantes en su intento de conseguir algo de comer; cuando los niños y niñas sin ser responsables directos de la violencia, mueren a causa de los disparos israelíes y los bombardeos indiscriminados en Gaza; cuando ha asesinado a hombres y mujeres que sólo buscaban seguridad, atacando escuelas, hospitales y campos de refugiados, dejando a la gente perecer en edificios en llamas; o cuando han atacado mortalmente vehículos humanitarios identificados para evitar que ingrese la ayuda, y atentando contra la vida de los trabajadores humanitarios, violando el derecho internacional humanitario.
Es así que no solo se trata de una guerra contra los cuerpos del pueblo palestino, sino de una guerra contra la memoria, contra la historia de un pueblo, contra su existencia a través del tiempo, de su derecho a resistir dignamente, mientras que el hambre utilizada como arma de guerra, no es sólo una aflicción corporal, sino que corroe el espíritu humano lo que impide tejer lazos comunitarios, construir un futuro, cristalizar sueños, acumular recuerdos, inmortalizar versos, danzar y cantar, saborear los dulces de la infancia entre sonrisas, contemplar un cielo estrellado, y conservar la alegría de vivir en paz.
Palestina es el faro iluminando la noche más oscura de la humanidad, entre las sombras donde emergen los monstruos de la ignominia, la barbarie, la aniquilación y la deshumanización; y las luces refractando sobre sus ruinas, los reflejos contra la crueldad y la indiferencia fragmentados frente al dolor de las niñas y niños inocentes que juegan entre estruendos y cenizas, y de los padres y madres de familia que buscan un trozo de pan para sus hijos e hijas; frente a la desesperanza de las mujeres y hombres jóvenes que anhelan seguir estudiando, o en su caso, trabajar, y reescribir su propio destino; y frente al olvido de los adultos mayores que sueñan con poder contar los relatos de su pueblo a sus nietas y nietos, su lucha por su existencia, y su historia de resistencia, así como su inmanencia a través del tiempo, invocando ecos para exigir justicia y verdad por todas las víctimas de Palestina, y rebelarnos contra toda deshumanización, por lo que esta guerra debe terminar, ya.
Es imperativo exigir a las autoridades israelíes que cesen de inmediato el uso de fuerza letal contra civiles palestinos como método de control de multitudes; suspendan el fallido sistema de distribución; y levanten las restricciones ilegales al ingreso de ayuda por parte de Naciones Unidas, y otras organizaciones humanitarias para que reanuden la distribución de ayuda a gran escala y sin restricciones, de acuerdo a los estándares humanitarios y en línea con los fallos vinculantes de la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica. Los Estados deben ejercer toda su capacidad de influencia, incluidas sanciones selectivas, embargos de armas y suspensión de acuerdos comerciales preferenciales, para detener los crímenes atroces en curso por parte de las autoridades israelíes, en virtud de sus obligaciones en el marco de la Convención sobre el Genocidio.
A todas las partes en el conflicto, se exhorta a que apliquen un alto el fuego inmediato y garanticen el pleno respeto del derecho internacional y aseguren la rendición de cuentas por las vulneraciones y los abusos cometidos.
Por último, se exige a Israel, a poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible y de forma coherente con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024 y la resolución ES-10/24 de la Asamblea General, de 18 de septiembre de 2024.
Human Rights Watch. (2024). “Informe Mundial 2024. Israel y Palestina, Eventos de 2023. https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine#939781
Asamblea General de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. (2025). “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia”.
Landazábal Mora, Marcela. (2024). “Palestina y la crisis humanitaria. Reflexiones desde los derechos humanos, la ética, el pensamiento crítico, y la poética”. Revista Derechos Humanos México. La lectura crítica de los derechos humanos. Año 3. N° 5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ciudad de México.
Clavero, Bartolomé. (2011). “Banalidad del genocidio, invisibilidad de los genocidios”. En ¿Hay genocidios cotidianos” y otras perplejidades sobre América indígena”. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
Hambre en Gaza: una batalla diaria por una cuchara de lentejas (Agosto 2025).
Gaza, un entorno post apocalíptico en el que los niños mueren de hambre en silencio (Agosto 2025).
Informe actualizado de la situación en Gaza (Agosto 2025).
Gaza: Matar a palestinos en busca de alimentos constituye un crimen de guerra (Agosto 2025).
Los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son escenarios de “asesinatos orquestados y deshumanización” que deben cerrarse (Agosto 2025).
Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #69 (Agosto 2025).
Segundo informe especial de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, titulado “El genocidio como supresión colonial”. 2024.
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