Foto: © Amnistía Eslovenia
En respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de Eslovenia de suspender la aplicación del artículo 8 de la Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Seguridad Pública, Nataša Posel, directora de Amnistía Internacional Eslovenia, ha declarado:
“La medida provisional es una decisión judicial muy necesaria para proteger el derecho a la seguridad social de personas que ya están en una situación muy vulnerable e impedir que sean víctimas de estas medidas gubernamentales draconianas e irreflexivas. Algunas personas se han quedado sin asistencia social durante tres meses a causa de las nuevas facultades otorgadas a la Agencia Tributaria para confiscarles sus prestaciones basándose en que tienen al menos tres multas impagadas por delitos leves en los últimos dos años”.
“Desde enero de 2026, la Agencia Tributaria, en virtud de sus nuevas facultades, ha dictado 8.532 nuevas órdenes y ha confiscado más de medio millón de euros (599.849) a familias y personas receptoras de asistencia social. A principios de febrero de 2026, la Red Jurídica para la Protección de la Democracia, una coalición de ONG de la que forma parte Amnistía Internacional Eslovenia, presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional esloveno y ante la Defensoría del Pueblo”.
“El mensaje claramente transmitido por la comunidad y los miembros de Amnistía en todo el mundo, que escribieron al gobierno esloveno para pedirle que detenga la confiscación de la asistencia social, contribuyó notablemente a nuestras propias advertencias concertadas de que estas medidas injustificadas son desproporcionadas y discriminatorias y violan el derecho a la seguridad social. Aguardamos con esperanza la decisión final del Tribunal Constitucional y confiamos en que corregirá los errores y garantizará que se respeta el derecho a la seguridad social de todas las personas”.
Información complementaria
La Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Seguridad Pública fue aprobada en noviembre de 2025 como respuesta automática a un incidente fatal ocurrido unas semanas antes en la ciudad de Novo Mesto y en el que estuvo implicado un miembro de la comunidad romaní.
Hasta el momento se han presentado ante el Tribunal Constitucional apelaciones contra dos artículos de la Ley. Amnistía había pedido insistentemente que no se aprobara la Ley y, una vez que ésta entró en vigor, que se reformara para garantizar que cumpla las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Eslovenia.
Eslovenia es parte en una serie de tratados de derechos humanos internacionales y regionales que la obligan a garantizar un nivel adecuado de seguridad social a todas las personas, sin discriminación, con el fin de asegurar que la población goza de un nivel de vida adecuado.
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