Siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, ambos periodistas, Amaro fundó el medio digital La Prensa de Tlaxcala en 2018. Pero en menos de un año empezó a recibir amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre la política local y el crimen y corrupción.

El estado más pequeño de México, Tlaxcala, es un importante centro de trata de personas y esclavitud sexual. La zona es hogar de poderosas redes criminales familiares que traficaba con niñas y jóvenes por México y Estados Unidos, entre otras actividades ilícitas. Amaro relató que, desde 2019, ha sido atacado, amenazado y arrestado por agentes de policía e intimidado por miembros de grupos de crimen organizado. La gente le ha fotografiado a él y a su esposa y niños, hackearon su página web y mancharon su reputación en publicaciones de Facebook acusándole de ser un criminal. Mientras conducía, agresores han intentado bloquear su paso y obligarlo a salir de la carretera, y un pistolero a bordo de una moto le ha disparado. Intrusos han intentado entrar en su casa, han disparado contra su propiedad, y han envenenado fatalmente a uno de sus perros mascotas.

El informe “Nadie garantiza mi seguridad” de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta las graves deficiencias y fallos estructurales del Mecanismo Federal de Protección de los periodistas de México. El informe destaca que varios periodistas han sido atacados e incluso asesinados bajo protección estatal, demostrando que las medidas existentes a menudo son insuficientes, mal implementadas o no están debidamente monitorizadas. En este contexto, las preocupaciones de Alberto Amaro Jordán sobre los fallos en su propio esquema de protección deben ser tratadas con la máxima seriedad y urgencia tanto por las autoridades federales como estatales.

Ha habido un patrón documentado de la persecución contra Alberto Amaro, incluyendo una anterior campaña de Acción Urgente lanzada en 2024, y cerrada más tarde ese mismo año. Los riesgos extremos que asumió le obligaron finalmente a buscar refugio en España desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025 a través del programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.

Los informes emitidos por Artículo 19 México y Centroamérica, una organización especializada en la libertad de expresión y la protección de periodistas, documentan patrones de violencia, vigilancia, acoso e intimidación contra miembros de la prensa, así como la falta de protección eficaz por parte de las autoridades. Estos hallazgos refuerzan las preocupaciones sobre las deficiencias del Mecanismo Federal de Protección en México.

A lo largo del siglo XXI, México ha continuado como uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas. El CPJ ha registrado 88 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en México desde 2012 y ha verificado que 37 de ellos fueron asesinados en relación con su trabajo. [9] Los estados más peligrosos de ese periodo han sido Veracruz (21 asesinatos), Guerrero (10), Oaxaca (9) y Sonora (7). El CPJ distingue entre asesinatos que se han confirmado estar directamente vinculados al trabajo de la víctima y asesinatos cuyo motivo aún no está claro.