Con sus sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, el gobierno estadounidense aspira a destruir la Corte y eliminar toda perspectiva de hacer justicia con quienes han cometido graves crímenes de derecho internacional; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Los Estados deben tomar todas las medidas adecuadas para oponer resistencia a este ataque y proteger activamente la Corte.
“Las sanciones del presidente Trump tienen como objetivo aislar y, finalmente, destruir la Corte Penal Internacional. Este ataque existencial no debe prosperar. Los Estados deben tomar medidas concretas para oponer resistencia a la imposición de estas medidas y proteger activamente la Corte”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.”
“La timidez, complacencia y falta de voluntad del Estado para hacer frente a los ataques contra la justicia internacional han dado alas a quienes pretenden debilitarla. Este punto de inflexión requiere valentía, solidaridad y acción. La lucha en favor de la CPI es un campo de batalla crítico entre quienes insisten en que la ley debe plegarse al poder y la impunidad de los autores de crímenes de guerra y genocidios debe estar garantizada, y quienes luchan para preservar la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley y la justicia para las víctimas. El futuro de la CPI, y de la propia justicia internacional, dependerá de que gobiernos y particulares están dispuestos a defenderla”.
“La Corte Penal Internacional representa uno de los logros más importantes del orden internacional tras las guerras mundiales. Contiene una promesa simple pero fundamental: que los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra podrán ser obligados a rendir cuentas con independencia de su poder, posición o nacionalidad. La Corte no es perfecta pero constituye una importante vía —y en ocasiones la única— para obtener verdad, justicia y reparación”.
“En los últimos años, la CPI ha emitido órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, irá a juicio el mes que viene”.
“La CPI tiene 125 Estados miembros. Deben tomar medidas concretas para defender la Corte. Esto incluye apoyo político y económico, promulgar “leyes de bloqueo” nacionales y regionales para garantizar que la CPI puede seguir accediendo a servicios y sistemas esenciales, oponer resistencia a los intentos de obstaculizar su trabajo y cooperar plenamente en sus investigaciones y órdenes de detención”.
“Se ha traspasado una línea roja. Esto es un ataque a la posibilidad misma de exigir rendición de cuentas a quienes han cometido los delitos más graves según el derecho internacional, sin importar lo poderosos que sean. Lo que está en juego no es sólo el futuro de la Corte, sino también el de la propia justicia internacional. Esa línea debe volver a trazarse y ser defendida por quienes creen en los derechos humanos, el derecho internacional y la igualdad ante la justicia para todas las personas”.
“La humanidad debe triunfar”.
